Memoria del procurador: el próximo 26 de septiembre se cumplen 11 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En 2014, Iñaki Blanco era procurador de Justicia en Guerrero y este es su testimonio del caso, el cual compartiremos en 3 partes.
Primera de tres partes
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En la atención del caso Ayotzinapa, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG), detuvo y/o consignó a 33 personas en calidad de sujetos activos de la desaparición de 43 normalistas. Entre los imputados por el Ministerio Público Estatal, se encuentran los mandos de la Policía Municipal de Iguala, de nombres Alejandro Tenescalco Mejía, Francisco Ignacio Salgado Valladares, Felipe Flores Velázquez y el presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, destacando que este último es actualmente considerado el autor intelectual de los hechos.
Lo anterior resulta contrario a lo que declaró Gildardo López Astudillo, alias ‘El Gil’, en calidad de testigo colaborador identificado como ‘Juan’, en la época en que Omar Gómez Trejo encabezó la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), en el sentido de que la PGJEG buscó imputar o responsabilizar a policías de “bajo nivel”.
Todos los consignados por la Representación Social Local están sujetos a proceso y privados de su libertad, sin que en ninguno de esos casos se haya alegado que se incurrió en abusos de autoridad o actos de tortura, tal como lo observaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana (GIEI).
Es dable destacar que al rendir su declaración primigenia, López Astudillo aportó datos que sirvieron como sustento de la denominada “Verdad Histórica” que dio a conocer la PGR en tiempos del licenciado Jesús Murillo Karam y que, recientemente, le fue revocada la calidad de testigo colaborador, por lo que fue reaprehendido.
Por lo tanto, se colige que el enunciado sujeto, al igual que otros integrantes de la organización delictiva ‘Guerreros Unidos’ que fueron reconocidos como “colaboradores” en la época en que Omar Gómez Trejo estuvo al frente de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), poco o nada aportaron para el esclarecimiento de los hechos en cuestión.
En efecto, las declaraciones de ‘Juan’, están plagadas de yerros e inconsistencias, datos insuficientes, vagos o ambiguos, no idóneos o falsos.
'Juan' sostiene que los estudiantes fueron asesinados y desaparecidos mediante el usos de ácidos y químicos, y que algunos de esos restos fueron llevados a un crematorio para su posterior diseminación en zonas cercanas a Iguala, entre ellas una mina y lugares situados por un vertedero de basura de Cocula, siendo posteriormente encontrados por la PGR. En el desarrollo de los hechos en comento, a decir del hoy testigo colaborador, participaron integrantes de los ‘Guerreros Unidos´, la Policía Estatal, la Policías Ministerial del Estado de Guerrero, la Policía Federal Ministerial, la Policía Federal (PF) y el Ejército.
Al respecto, es dable acotar que se trata del testimonio de un sujeto suspicaz, fantasioso, vil y cobarde que se esconde bajo un nombre o figura de supuesto testigo colaborador de quien se sabe, con absoluta certeza, que no solo participó en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, sino también en múltiples delitos (narcotráfico, homicidios y secuestros), lo cual, conforme a la legislación de la materia, debió hacer nugatorio o inválido el reconocerlo con tal calidad.
Su dicho es una apología de rencor y venganza hacia quien o quienes lo persiguieron, detuvieron y encarcelaron, pues aun cuando en algún momento fue puesto en libertad, no es porque lo hubiesen encontrado inocente de los cargos que se le imputaron, sino por supuestas violaciones al debido proceso, particularmente el hecho de haber sido torturado, respecto de lo cual, a la fecha, se desconoce el estado o el sentido de la determinación de la carpeta de investigación ministerial correspondiente. Se trata de un testimonio plagado de contradicciones e inconsistencias, entre las cuales destacan las siguientes:
- La intromisión o llegada de los jóvenes normalistas a Iguala fue fortuita y ello está plenamente demostrado por el análisis llevado a cabo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana (GIEI).
- No existen testimonios o evidencias para acreditar que los estudiantes fueron infiltrados o que se mezclaron con delincuentes en su trayecto a Iguala o durante su estancia en esa población, tal como ha sido observado por uno de los asesores jurídicos de los padres de los normalistas, el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
- Ignora o desconoce, a conveniencia, los antecedentes del caso, entre ellos que la Fiscalía Guerrerense investigaba a los Guerreros Unidos desde muchos meses antes a lo ocurrido la noche del 26 de septiembre, y que, por lo mismo, fue una instancia generadora de información y de permanente intercambio de datos con distintas autoridades o instancias del gobierno federal, ya sea en reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero o con los enlaces y titulares del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la PF.
- Nada menciona sobre las acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público Estatal, entre ellas el operativo de búsqueda de estudiantes que durante las primeras horas del 27 de septiembre se encontraban esparcidos o escondidos en Iguala, lo cual trajo como resultado el resguardo de 68 jóvenes en las instalaciones de la Fiscalía Regional, tal como consta en un reporte policial de incidencias. También es omiso en señalar que como resultado de la intervención de dicha institución local, en un primer momento se concentró a casi la totalidad de los elementos de la Policía Municipal de Iguala en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y que como resultado de los trabajos de investigación ministerial y apoyo pericial se logró establecer la probable responsabilidad de 22 elementos de la aludida corporación municipal, la mayoría de los cuales fue identificada por parte de un grupo de normalistas como sus agresores. Finalmente, soslaya que posteriormente se consignó a otras 11 personas, entre ellas a José Luis Abarca Velázquez y Felipe Flores Velázquez, lo que dio un total de 33 implicados, casi todos los cuales actualmente continúan en prisión sujetos a proceso.
Al respecto, es de destacar que horas después del aseguramiento de los elementos policiales se suscitó una manifestación de apoyo y exigencia de liberación de los mismos en la que participaron personas de distintos sectores sociales (transportistas, integrantes de grupos de autodefensa y mineros), lo cual guarda correspondencia con parte de las instrucciones que dieron los hermanos Salgado Casarrubias (Adán Zenén, José Ángel y Sidronio), líderes de los Guerreros Unidos a Gildardo López Astudillo, según se desprende de los citados Chats de Chicago.
- Miente en lo concerniente a la ejecución de indigentes (hasta 80 personas) en los días posteriores a la desaparición de los normalistas para hacer pasar sus cuerpos por los de las víctimas. El hallazgo de las fosas de Pueblo Viejo se dio a partir de la detención de 4 integrantes de los Guerreros Unidos, de nombres Marco Antonio Ríos Berber, Luis Alberto José Gaspar, Honorio Antúnez Osorio y Martín Alejandro Macedo Barrera, llevada a cabo por la Fiscalía de Guerrero. En el procesamiento de dichas fosas hubo presencia de personal de la CNDH en carácter de observadores. Posteriormente, la institución ministerial dio a conocer el citado hecho en conferencia de prensa y generó un desglose a la PGR para que investigara aspectos de su exclusiva competencia (delincuencia organizada).
Consecuentemente, la PGR anunció que atraería el caso. En los trabajos de identificación de los cuerpos participaron peritos de la PGR, la División Científica de la PF y la Fiscalía Estatal, en presencia de visitadores adjuntos de la CNDH y de las peritas forenses de nacionalidad argentina acreditadas como coadyuvantes. Eran cuerpos completos, expuestos al fuego pero con presencia de tejidos blandos y que conforme al cronotanatodiagnóstico perdieron la vida entre 15 y 30 días antes de su hallazgo, por lo que no existe correspondencia con lo narrado por el testigo “Juan”.
Para efectos de analizar el ADN, se recabaron muestras de material genético que fueron confrontadas con las obtenidas de los padres de los normalistas, por lo que resulta absurdo, inverosímil, ilógico y demencial que se hubiese pretendido hacer pasar unos cuerpos por otros cuando a la fecha existen sofisticadas técnicas en materia de identidad de personas propias de los trabajos de genética forense.
A partir de ese momento, el control de la investigación quedó a cargo de la PGR. Tiempo después, peritos de esta última institución y las peritas argentinas dieron a conocer, en distintos momentos, que se logró identificar a varios de los cuerpos. Se dijo que algunos correspondían a integrantes de una familia procedente del Estado de México que fueron secuestrados por los Guerreros Unidos y otros a personas que desaparecieron en los meses de julio y agosto de 2014.
Finalmente, cabe señalar que la versión de la desaparición de indigentes es una versión propalada en su momento por los Guerreros Unidos a través de las redes sociales y una serie de mantas que aparecieron en Iguala, tal como lo documentó el GIEI en el primero de sus informes sobre el caso, sin que existan a la fecha denuncias sobre la muerte de un número considerable de personas el día 26 de septiembre o en los días posteriores.
‘Juan’ alude a un supuesto enfrentamiento entre bandas u organizaciones antagónicas, lo cual fue descartado por la CNDH en su recomendación, y una vez más incurre en contradicción con lo que obra en la averiguación previa, específicamente en lo relativo a la hora en que llegaron los estudiantes a Iguala.
Por lo que hace al hallazgo de restos en el vertedero de Cocula y lugares aledaños al mismo, el hoy extestigo colaborador soslayó la cronología de los hechos o línea de tiempo de la investigación, dado que para entonces, se reitera, el control de la misma estaba en la PGR. En este rubro, debe tenerse presente que los restos de referencia fueron expuestos a una afectación térmica diferenciada, es decir a un fuego no controlado como es el de un horno crematorio. Los restos presentaron distintos grados de afectación por exposición al fuego (ahumamiento, calcinación y carbonización). Eso está debidamente dictaminado.
Así también, existen sendos dictámenes en los que se concluyó que entre los sedimentos o tierra del basurero de Cocula y el contenido de las bolsas encontradas en el Río San Juan existen coincidencias y rastros propios de incineración en el primero de dichos sitios.
´Juan´ no señala o admite su participación directa o activa en carácter de perpetrador, autor material e intelectual de la desaparición de los normalistas, tal como se desprende de los testimonios de los hermanos Bernabé y Cruz Sotelo Salinas, los cuales se entienden “limpios” o espontáneos, esto es no afectados de nulidad o por haber sido obtenidos mediante tortura, pues, por el contrario, se desahogaron en presencia de personal de la Defensoría de Oficio, representantes del GIEI y asesores jurídicos de las víctimas; así como de la investigación de la CNDH y de los Chats de Chicago, obtenidos por la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos de América.
Las escuchas legales de la DEA son reveladoras, dado que dan cuenta de las instrucciones que los hermanos Salgado Casarrubias, identificados como “Silver”, “Soldado del Amor” y “Aníbal”, dieron a Gildardo López Astudillo, identificado como “Romeo”, pretendiendo culpar a distintas personas e instituciones de gobierno de lo ocurrido.
Asimismo, por lo que hace a la pertenencia de “El Gil” o “Juan” a los Guerreros Unidos, existen las denominadas pruebas preexistentes a lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre, entre ellas diversos testimonios, así como el resultado de los cateos efectuados a varias de sus propiedades, donde se encontraron un número considerable de armas de fuego y 50 mil cartuchos.
“Juan” culpa y exculpa a conveniencia, en un primer momento dijo que un comandante de la PF de apellido “Dorantes” nunca estuvo coludido con los Guerreros Unidos y en su más reciente comparecencia ante un Juez, afirmó o sostuvo lo contrario. De igual manera, en principio involucró en los hechos a otros funcionarios federales y más tarde, en una de sus ampliaciones de declaración, omitió tal referencia. En cualquier caso, es oportuno acotar que no basta con mencionar o aportar nombres para sostener una acusación. El Ministerio Público, en el caso la PGR, debe sustentar los resultados de su investigación en cúmulos probatorios y no en meras conjeturas o sospechas, mucho menos en el dicho de un delincuente, el cual debe ser valorado con absoluta reserva y contrastado con el resto de los datos de prueba a fin de establecer las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión, esto es, cómo, cuándo, dónde y por qué.
Acorde al propio dicho, el testimonio de “Juan” es de oídas, toda vez que se enteró de los hechos en reuniones, a través de un radio o mediante mensajes de BlackBerry. Asimismo, se entiende singular o aislado, carente de valor hasta en tanto no se adminicule con otro medio de prueba o convicción.
Hoy también cabe preguntar a cuál de sus declaraciones debe darse crédito, a las que rindió en 2015, inmediatamente después de haber sido detenido, o a las más recientes, destacando que en su oportunidad se adujo que fue víctima de tortura y que a la fecha ese aspecto no está debidamente probado, dado que se desconoce el estado que guarda la indagatoria en ese sentido.
Un aspecto a destacar es que existe jurisprudencia que establece que al momento de valorar los testimonios deberán privilegiarse los primigenios si no están afectados de nulidad y que respecto de los posteriores deberá actuarse con absoluta cautela ya que suelen resultar extemporáneos, contradictorios, inconsistentes y muy probablemente inducidos, las más de las veces por la defensa.
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Las filtraciones son acciones irresponsables y condenables que enturbian las investigaciones, por lo que deben ser ejemplarmente sancionadas. Contrario a ello, lo que a la fecha se requiere es actuar con absoluta seriedad en el análisis del caso, actuando en forma sensata y privilegiando en todo momento los derechos humanos de las víctimas, particularmente el derecho a la verdad, previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), al igual que en los numerales 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 20 y 22 de la Ley General de Víctimas.
Consecuentemente, es claro que debe investigarse el proceder del extitular de la UEILCA Omar Gómez Trejo, quien, a pesar de lo anterior, utilizó el falaz testimonio de López Astudillo para formular imputaciones contra personas diversas, buscando imponer una nueva versión de lo ocurrido que terminó por enrarecer aún más la indagatoria. Asimismo, dicho exfuncionario incurrió en otras irregularidades y ello debe generar que se le finque responsabilidad penal y administrativa, tal como se precisa más adelante.
VGB