A 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y a casi un año de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, los avances en la investigación de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, siguen estancados. El Ejército sigue sin colaborar y algunos exfuncionarios que son clave en la investigación, como Tomás Zerón de Lucio, siguen sin ser extraditados. A ello se suma que la fiscalía encargada del caso luce desarticulada.
"Esa situación tiene molestos a los padres de los 43, que llevan 11 años esperando saber sobre el paradero de sus hijos y que se les haga justicia", advierte en entrevista con La Silla Rota el asesor jurídico del colectivo, Isidoro Vicario.
El abogado recuerda que en estos 11 años, seis padres y madres murieron en espera de saber el paradero de sus hijos. Además, otros tienen una salud deteriorada, y en reunión del 4 de septiembre con la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, llegó un padre de familia con muleta, debido a que la diabetes que tiene, está avanzando.
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Fiscalía sin fuerza
Vicario explica que para los padres, la fiscalía encargada del caso comenzó a perder fuerza desde la renuncia de Omar Gómez Trejo, ocurrida en 2022. En su lugar, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Rosendo Gómez Piedra, con quien no sólo no hubo avances, sino que debió renunciar a mediados de julio, entre las críticas de los padres no solo a su trabajo, sino a su apoyo a una candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sara Irene Herrerías, y por organizar un concurso de catrinas en lugar de priorizar su trabajo.
Aunque la presidenta Sheinbaum anunció que quien quedaba en lugar de Gómez Piedra sería Mauricio Pazarán, esto no ha sido notificado oficialmente a los padres, asegura Vicario.
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Para los padres, desde 2022 el trabajo de la fiscalía perdió fuerza. En las cinco reuniones que han tenido con la presidenta Sheinbaum le han pedido que le den más personal capacitado.
Un ejemplo de este debilitamiento y falta de personal capacitado es que el ex candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura, fue liberado el 20 de agosto pasado, pese a que pesa sobre él la sospecha de que estaba ligado al grupo Guerreros Unidos y que incluso habría recibido a 4 de los normalistas en un hotel.
“Ya no pudieron vincularlo al proceso porque las pruebas que sostenían la acusación eran débiles. Para los padres, esa es una muestra de que está debilitada la fiscalía, no hay personal capacitado y los que están ahí no tienen esa capacidad técnica de integrar bien la carpeta de investigación para que sostengan la formulación y la vinculación a proceso”.
Los trabajos de la fiscalía se estancaron y no se ha podido dar un nuevo paso, expresó Vicario.
El Ejército sigue sin colaborar
Además, los padres mantienen la postura de pedir que el Ejército entregue más información sobre los 17 jóvenes que fueron llevados a la barandilla municipal aquella noche del 26 de septiembre de 2014 y que luego fueron llevados fuera de Iguala, Guerrero.
La relación de este hecho con el Ejército es que precisamente esa información salió de parte del cuerpo militar, de acuerdo con un extracto que se dio a conocer en medios de comunicación, explica Vicario.
“Esta llamada la interceptó el Ejército, entonces esta llamada se tuvo del archivo militar. Por eso dicen los padres, ‘bueno, entonces sí el ejército tiene información, qué está ocultando”.
Desde López Obrador el caso está estancado desde que topó con el ejército y con esta administración no han podido avanzar, continúa el abogado.
Ven difícil regreso del GIEI
También los madres y padres han puesto sobre la mesa el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Vicario reconoce que materialmente es complicado, ya que cuando el GIEI estuvo en México fue por una medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que por reglamento su estancia tenía una temporalidad.
En la más reciente con los padres y madres, el 4 de septiembre, la presidenta Sheinbaum ofreció que se pudiera buscar a otro grupo con la ONU y será parte de lo que les informe en la próxima reunión en noviembre, aunque los padres ven esto con escepticismo.
“Porque lo que temen los padres es que sea solamente promesas que lejos de cumplirse, no ocurran”.
Nunca imaginaron que tardaría tanto la investigación
Los padres y madres nunca se imaginaron que se alargaría tanto la desaparición de sus hijos y la investigación del caso, afirma Vicario.
Recuerda que en 2014 los padres, en sus primeras movilizaciones y reuniones con otros colectivos de víctimas, se reunieron con las Madres de la Plaza de Mayo, quienes aún buscan a sus desaparecidos durante la dictadura argentina, en la década de los 70 y 80 del siglo pasado.
En ese entonces, los padres confiaban en que a ellos la justicia y la verdad no les tardaría tanto tiempo en llegar e incluso temían no aguantar.
“Decían ‘no vamos a tardar uno o dos años, nosotros eso no vamos a aguantar. Pues bueno, ahorita ya llevamos 11 años”.
Pese a ello, los padres y madres se mantienen firmes con sus exigencias de saber el paradero de sus hijos, saber la verdad y recibir justicia.
A partir de este 24 de septiembre, los padres realizarán manifestaciones en la Ciudad de México, para conmemorar la desaparición de sus hijos.
Protestarán en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde hay temas pendientes ahí, con la exigencia de las extradiciones del ex Director de la Agencia de Investigación Criminal, dentro de la entonces Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio, y del juez de barandilla en Iguala, Ulises Bernabé, agregó el abogado.