El Senado llevará a cabo audiencias públicas el viernes 26 y lunes 29 de septiembre para discutir las reformas a la Ley de Amparo que envió al Congreso la presidenta Claudia Sheinbaum.
En estas audiencias podrán participar representantes de la sociedad, investigadores y todos los que estén interesados, dijo el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López.
Si bien el senador morenista Javier Corral había anticipado que habría un parlamento abierto para discutir la iniciativa, López Hernández lo negó. No obstante, este miércoles el coordinador anticipó que las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos darán a conocer el acuerdo.
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El Pleno del Senado aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para llevar a cabo audiencias públicas con el fin de analizar la iniciativa que plantea reformas a la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los encuentros se realizarán en la sede del Senado los días lunes 29 y martes 30 de septiembre, a partir de las 09:00 horas, bajo la organización de las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos.
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De acuerdo con el calendario, el primer día se abordarán los temas de “Interés Legítimo y Suspensión” y “Plazos y Consecuencias por su Incumplimiento y Juicio de Amparo Digital”, mientras que para el segundo se revisarán “Ampliación de la Demanda, y Cumplimiento y Ejecución de Sentencias”, además de la “Armonización al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa”.
Cada mesa contará con hasta ocho ponentes, quienes dispondrán de cinco minutos para exponer sus argumentos. Posteriormente, senadoras y senadores de cada grupo parlamentario podrán plantear preguntas por tres minutos, y los ponentes tendrán un tiempo máximo de cinco minutos para responder.
El acuerdo contempla un registro previo para las personas interesadas en participar, con fecha límite el viernes 26 de septiembre de 2025. También se habilitará un micrositio donde la ciudadanía podrá inscribirse, consultar documentos, enviar propuestas y dar seguimiento en tiempo real a las audiencias.
Pros y contra de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo
El Foro de Constitucionalistas de México fijó postura sobre la propuesta de reforma a la Ley de Amparo presentada por la Presidencia de la República ante la Cámara de Senadores. En un documento firmado por más de 25 especialistas en derecho constitucional, reconocieron ciertos avances que plantea la iniciativa, aunque advirtieron que también existen riesgos de retroceso en la protección de los derechos humanos.
Entre los aspectos positivos, los académicos destacaron la reducción de plazos procesales en los juicios de amparo, lo cual —señalaron— puede contribuir a que las personas obtengan resoluciones en menor tiempo y con mayor certeza jurídica. Asimismo, resaltaron la incorporación de plataformas digitales para la tramitación en línea, lo que consideran un paso hacia la modernización de la justicia constitucional. También mencionaron la posibilidad de uniformar criterios procedimentales, con beneficios en seguridad jurídica y consistencia en las prácticas judiciales.
No obstante, el foro alertó sobre riesgos que, en su opinión, representan retrocesos graves. Entre ellos, la limitación del derecho al amparo efectivo, la restricción del interés legítimo en perjuicio de minorías y comunidades indígenas, así como el debilitamiento del debate democrático al reducir la deliberación pública sobre temas constitucionales. También señalaron preocupaciones en materia fiscal y en el diseño de suspensiones, pues —afirmaron— podrían dejar en indefensión a personas y familias frente a actos de autoridades.
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Los juristas advirtieron además que la posibilidad de que las autoridades aleguen imposibilidad de cumplir con suspensiones o sentencias restaría eficacia real al juicio de amparo. Agregaron que declarar improcedente la suspensión en casos de concesiones, licencias o permisos incrementa el riesgo de decisiones arbitrarias y vulnera la presunción de inocencia.
Finalmente, el Foro de Constitucionalistas llamó a la sociedad y a los poderes de la Unión a abrir un proceso de parlamento abierto antes de aprobar cualquier modificación. “El juicio de amparo no pertenece a los poderes públicos, sino a todas y todos los mexicanos”, señalaron. A su juicio, esta figura es la salvaguarda de las libertades y el núcleo del constitucionalismo democrático en México.
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