La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), inauguró este lunes el segundo periodo de sesiones de 2025, mientras que en su última sesión del próximo 12 de agosto se discutirán los dos proyectos que proponen limitar o eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa.
Se trata del proyecto número 20 del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y el número 21 de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, los cuales están relacionados con la prisión preventiva oficiosa.
En primer lugar, el proyecto de sentencia de la ministra Ríos Farjat que va en contra de la prisión preventiva oficiosa, el cual ya llevaba más de un año en la congeladora.
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Propone que se declare inconstitucional la reforma aprobada en febrero que amplía el número de delitos en los que se aplica la prisión preventiva oficiosa.
El proyecto, elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat, propone que es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad 49/2021, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Parte del análisis del proyecto de la ministra Ríos Farjat es que la prisión preventiva oficiosa debe aplicarse de manera excepcional.
En su razonamiento, la ministra señala que al ampliar a 45 los delitos en los que se impone prisión preventiva de oficio al acusado se actúa en contra de los estándares internacionales en la materia.
“En consecuencia, permite que su utilización se normalice y se afecten de manera ordinaria los derechos humanos de las personas”.
El proyecto establece que sólo es posible ordenar la prisión preventiva cuando no haya otras medidas para garantizar que el acusado comparezca en el juicio.
La manera de respetar la presunción de inocencia es aplicar la prisión preventiva oficiosa cuando no haya otra medida que garantice la comparecencia del imputado al proceso; el desarrollo de la investigación y la protección de las víctimas, testigos o de la comunidad.
En segundo lugar, el proyecto de sentencia de Pardo Rebolledo contempla que el Poder Judicial de la Federación tiene que aplicar el fallo de la Corte Interamericana, respecto a que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de Derechos Humanos.
Tiene que ver con el expediente sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales que promovió Norma Piña, ministra presidenta de la Corte, donde se habla de la participación del Poder Judicial de la Federación en la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el "caso García Rodríguez y otro vs. México" de 25 de enero de 2023.
Los delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa
De acuerdo con la Constitución, en el artículo 19, antes de la modificación de 2021, estaban incluidos los delitos donde el juez ordena la prisión preventiva.
Era en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Con la reforma de 2021 se incluyeron abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción -tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones-, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y cometida por particulares, así como delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
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Para establecer los delitos que ameritan prisión preventiva de manera oficiosa, los legisladores se basaron en la gravedad e impacto de ellos en la seguridad pública, así como en el alto índice delictivo de cada uno de esos delitos, de acuerdo con información recabada en el proyecto.
El informe de la Comisión de Receso
El ministro Javier Laynez Potisek integró la Comisión de Receso y rindió el informe correspondiente de los asuntos que se recibieron y se atendieron durante este periodo.
Entre el 16 y el 31 de julio del año en curso, se formaron un total de 274 expedientes, de los cuales se remitieron 267 a la Subsecretaría General de Acuerdos, relacionados con juicios de amparo, y 7 a la sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad.
Asimismo, se registró un total de mil 359 promociones, que corresponden: 91 a Primera Sala; 28 a Segunda Sala; mil 045 a la Subsecretaría General de Acuerdos y 192 a la sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad.
Así será el cierre de funciones de la actual Corte
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el Acuerdo General 3/2025, en el que se establecen las bases para la conclusión de las funciones de la actual integración del Alto Tribunal para la entrega de la nueva estructura del Máximo Tribunal que iniciará funciones en septiembre.
El acuerdo publicado este lunes 10 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) precisa los lineamientos que regirán, conforme a lo previsto en la reforma del Poder Judicial, para que a partir del 31 agosto se dé la extinción de las Salas de la Corte y termine el periodo constitucional de las actuales ministras y ministros.
El acuerdo establece que el próximo 28 de agosto, la Secretaría General de Acuerdos, la Subsecretaría General de Acuerdos o la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad difundirán la información sobre la totalidad de asuntos pendientes de resolver por el Alto Tribunal.
¿Quiénes son los nuevos ministros de la Corte?
La nueva conformación de la Corte estará encabezada por su nuevo presidente, Hugo Aguilar, quien obtuvo la mayor cantidad de votos en la elección judicial.
Repetirán, de la actual conformación, las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
A la nueva Corte también llegan María Estela Ríos, Giovanni Azalea Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Rodrigo Guerrero y Sara Irene Herrerías.
lrc