Al cierre de 2024, el país registró 236,773 personas privadas de la libertad, de las cuales 85,965 (36.3%) no contaban con sentencia, según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2025, presentado este jueves por el INEGI. Aunque el porcentaje representa una leve disminución respecto a 2023 (37.2%), sigue evidenciando la prevalencia de prisión sin resolución judicial.
Los datos muestran que, aunque las mujeres representan apenas 5.9% de la población penitenciaria, 46.3% de ellas están sin sentencia, frente al 35.7% de los hombres. Además, una de cada cuatro mujeres sin sentencia (25.6%) ha esperado dos años o más por una resolución judicial; en el caso de los hombres, la proporción es de 22.3%.
Entre las mujeres ya sentenciadas, 15.1% cumple penas de 50 años o más, mientras que la mayoría de los hombres (17.8%) tiene condenas de entre 5 y 10 años.
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Entidades con más personas sin sentencia
Cinco estados concentran más del 42% de la población penitenciaria sin sentencia:
- Estado de México – 12,349 personas
- Ciudad de México – 10,347
- Jalisco – 5,268
- Baja California – 4,351
- Sonora – 4,076
Prisión preventiva oficiosa: automática y sin revisión judicial
Los datos del INEGI muestra además que de las 85,965 personas sin sentencia, 29,047 están recluidas bajo prisión preventiva oficiosa (PPO), es decir, encarceladas de forma automática por el tipo de delito del que se les acusa, sin que un juez analice si es necesario o justificado.
En Estado de México y Michoacán, esta figura se aplica de forma total: el 100% de las personas sin sentencia está bajo PPO.
Estados donde todos los presos sin sentencia enfrentan prisión preventiva oficiosa:
- Estado de México: 12,349 personas sin sentencia, todas bajo PPO.
- Michoacán: 3,044 personas sin sentencia, todas bajo PPO.
Otras entidades con altos porcentajes de PPO entre personas sin sentencia:
- Veracruz: 46.6%
- Baja California: 42.7%
- Sonora: 42.6%
- Chihuahua: 41.8%
- Nuevo León: 39.2%
- Jalisco: 38.6%
- Ciudad de México: 33.9%
Cárceles saturadas: hasta 239 personas por cada 100 espacios
El informe también advierte sobre la sobrepoblación carcelaria: al cierre de 2024, el sistema penitenciario nacional contaba con 325 centros (14 federales, 261 estatales y 50 especializados para adolescentes), con una tasa de ocupación promedio de 102.9 personas por cada 100 espacios disponibles.
Las situaciones más críticas se reportaron en Estado de México y Nayarit, donde se alojan 238.8 personas por cada 100 espacios, más del doble de su capacidad formal.
Prisión preventiva oficiosa en México: una figura cuestionada
Contexto: la prisión preventiva oficiosa (PPO) es una medida cautelar que obliga al encarcelamiento automático de personas acusadas de ciertos delitos sin que un juez analice el caso de manera individual. Se impone desde el inicio del proceso penal, incluso si no hay pruebas sólidas o riesgo procesal.
Esta figura ha sido duramente criticada por su uso excesivo y por constituir una forma de pena anticipada, en violación al derecho a la presunción de inocencia y a la libertad personal.
En noviembre de 2022, la CIDH emitió una sentencia histórica contra México en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros, al considerar que la PPO violó los derechos de tres hombres —dos de origen náhuatl— que fueron detenidos ilegalmente en 2006 y encarcelados sin sentencia durante años bajo este régimen.
La Corte estableció que México debía modificar su marco jurídico para que la prisión preventiva solo se aplique de manera excepcional y justificada por un juez, no como regla general ni automática.
Además, recordó que ningún Estado parte puede invocar su legislación interna para incumplir tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En lugar de acotar, se ha expandido
A pesar del fallo internacional, el Estado mexicano ha hecho lo contrario: el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa ha crecido. Actualmente son casi 20 delitos, incluyendo:
- Robo a casa habitación
- Robo al transporte de carga
- Violencia sexual
- Falsificación de facturas
- Extorsión
- Secuestro, entre otros
Organismos como la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advierten que esta ampliación vulnera la libertad personal, interfiere con las facultades del Poder Judicial y convierte la prisión en un castigo anticipado, sin juicio ni condena.
JCVP