La Alianza de Medios Mx manifestó inquietud por el proceso judicial que enfrenta el periódico Vanguardia en Coahuila. Indicó que el caso trasciende un litigio mercantil y se relaciona con el ejercicio de la libertad de expresión en México.
La organización indicó que dará seguimiento a la fase final del procedimiento, que incluye la sentencia del juicio de amparo prevista para este jueves 14 de agosto, y pidió a las autoridades judiciales garantizar un análisis riguroso e independiente.
Desde 2016, Vanguardia denunció una campaña de hostigamiento judicial que incluyó amenazas, demandas, cateos y presiones sobre jueces y terceros. La Alianza señaló que este tipo de acciones representan el uso del aparato judicial como un mecanismo para limitar la actividad editorial.
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La Sociedad Interamericana de Prensa también advirtió sobre un patrón regional que emplea procesos legales para intimidar y censurar a medios de comunicación.
En este contexto, La Alianza de Medios Mx solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el caso y garantizar una revisión independiente y conforme a principios del Estado de Derecho. La organización reiteró que el sistema judicial debe proteger la labor periodística.
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La Alianza de Medios Mx es una asociación civil sin fines de lucro y apartidista, enfocada en la defensa de la libertad de prensa y el acceso a la información.
El caso Vanguardia de Coahuila
Contexto: El Tribunal Colegiado en Materia Civil del Octavo Circuito debe resolver un amparo directo promovido por Grupo Vanguardia contra una sentencia del 9 de diciembre de 2024, emitida por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila.
Vanguardia argumenta que el expediente se tramitó con una celeridad poco habitual y con criterios insuficientes. Señala que este manejo afecta la certeza jurídica y su continuidad operativa, además de incidir en la libertad de expresión.
Según su defensa, la apelación, de más de 2,000 páginas en cinco tomos, se resolvió en 72 horas, cuando procesos de esa magnitud suelen tardar entre un mes y 45 días o más.
La empresa atribuye la rapidez con la que se resolvió el caso en la Corte a la influencia de una figura con poder en Coahuila y a la participación del magistrado Édgar Humberto Muñoz Grajales, a quien acusó de anticipar la resolución.
También señala que la jueza Elsa María del Pilar Flores llevó el caso pese a estar casada con un abogado de la contraparte, lo que, de acuerdo con el Código de Comercio, representa un impedimento.
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Cuestionamientos a la sentencia y a las pruebas
La defensa de Vanguardia sostuvo que la Sala judicial validó una deuda sin un título ejecutivo que cumpliera con los requisitos legales. Entre sus señalamientos, indicó que:
- El crédito se acreditó con una copia simple de una escritura pública, documento que no respalda la vía ejecutiva mercantil.
- El saldo se basó en un estado de cuenta de una cesionaria no bancaria, sin presunción de ley reservada a instituciones de banca múltiple.
- Las fechas presentan inconsistencias y no existe evidencia clara de la disposición del dinero.
- La inscripción registral solo acredita publicidad, no entrega de fondos, por lo que la deuda no es cierta, líquida ni exigible.
- La carga de la prueba se invirtió al pedir a la demandada verificar documentos que correspondía acreditar a la parte actora.
Lo que está en juego
Especialistas y cámaras empresariales advirtieron que resoluciones judiciales aceleradas o sin justificación sólida pueden incrementar costos de crédito, primas de fianza y retrasar inversiones, afectando la certeza jurídica.
En el caso de Vanguardia, una eventual ejecución sobre su sede operativa podría impactar la libertad de expresión y el derecho a la información. El Tribunal Colegiado tiene tres posibles resoluciones: conceder el amparo para revisar la existencia del título ejecutivo, otorgar el amparo de fondo a favor de la empresa, o negar el amparo.
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El caso es relevante porque involucra un proceso judicial que, según Vanguardia y la Alianza de Medios Mx, podría afectar la libertad de expresión y el derecho a la información en México.
La resolución del amparo definirá si se revisa la validez de una deuda cuestionada por supuestas irregularidades procesales.
El resultado sentará un precedente para la protección de medios frente a litigios que puedan usarse como mecanismos de presión, y pondrá a prueba la independencia y rigor del Poder Judicial en el país.
VGB