El medio Tribuna Campeche rechazó proporcionar el nombre y los datos de la persona encargada de sus redes sociales para que se someta a la supervisión de un censor judicial como ordenó el Juzgado Segundo interino del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Campeche, como parte del juicio que enfrenta el medio en contra de la gobernadora Layda Sansores.
Según El Universal, el juzgado declaró improcedente un recurso de revocación presentado por la defensa del medio y ordenó entregar la información en un plazo de 48 horas. El periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del medio, señaló que la persona a cargo de las redes sociales del medio correría riesgos si se revelaran sus datos.
González Valdez también solicitó un amparo contra la resolución. Personal judicial acudió en dos ocasiones a su domicilio para notificarle sobre la imposición de un censor judicial, medida que también lo incluye. El periodista rechazó permitir supervisión de su expresión, en especial durante la grabación de su programa en casa.
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Afirmó que la resolución busca incidir en información relacionada con el cuarto informe de gobierno de la mandataria estatal Layda Sansores San Román.
Origen de las acciones judiciales
Contexto: Las medidas contra Tribuna y González Valdez derivaron de denuncias presentadas por Sansores y otros funcionarios. En enero de 2025, la gobernadora denunció ante la Fiscalía de Campeche por calumnias, difamación, delitos de odio y lo que resultara. Entre los cargos, el Ministerio Público incluyó discurso de odio e incitación a la violencia.
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La secretaria estatal de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, y el vocero Walther Patrón Bacab también presentaron querellas. Patrón Bacab denunció por daño moral, argumentando que el medio difundió información que afectó su honor.
Medidas dictadas por jueces
El 13 de junio de 2025, la jueza Guadalupe Martínez Taboada dictó medidas tras una audiencia de más de 12 horas. González Valdez y el representante de Organización Editorial del Sureste fueron vinculados a proceso por publicaciones que, según la acusación, incitaban al odio.
Se ordenó el cierre de la plataforma digital de Tribuna Campeche por dos años y la prohibición de que González Valdez ejerciera el periodismo por el mismo periodo. Un tribunal federal suspendió posteriormente esa prohibición.
Resolución sobre el censor judicial
El 15 de julio de 2025, la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May dictó una medida cautelar que ordenó supervisar a González Valdez y a Tribuna mediante un interventor judicial designado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. El funcionario debe revisar y autorizar cualquier contenido vinculado con la gobernadora antes de su publicación.
El 28 de julio de 2025, la jueza Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez confirmó la orden de entregar los datos del responsable de redes sociales e impuso una multa por incumplimiento.
Reacciones de organizaciones
La Sociedad Interamericana de Prensa, la Alianza de Medios Mx y la organización Artículo 19 manifestaron preocupación por las medidas, señalando riesgos para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en México.
El caso se desarrolla en un contexto nacional que, según el Índice Chapultepec de la SIP, presenta limitaciones estructurales a la libertad de prensa, violencia contra periodistas e instrumentalización del sistema judicial.
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El caso es relevante porque plantea un precedente legal sobre la supervisión previa de contenidos periodísticos en México, con posibles implicaciones para otros medios y comunicadores.
También expone el uso de medidas judiciales que pueden incidir en la autonomía editorial y el ejercicio del periodismo digital. La situación se vincula a debates sobre el alcance de la libertad de expresión frente a denuncias por honor o reputación, y podría influir en la manera en que tribunales y autoridades aborden futuros conflictos entre prensa y poder político.
VGB