¡Se acabaron la sesiones en la SCJN! Este martes sesionó, por última vez, el pleno de la Corte presidido por Norma Piña y con ello concluyen 30 años del Poder Judicial como lo conocemos hasta ahora. Se prevé otra sesión, pero extraordinaria, el próximo 19 de agosto, esto por si llegan más impugnaciones en materia electoral. Así lo anunció la todavía presidenta de la SCJN, la ministra Norma Piña.
Este 12 de agosto fue la última vez en que sesionaron juntos los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: su presidenta, Norma Piña, las ministras Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Lenia Batres, y los ministros Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
La última sesión del pleno de la SCJN comenzó pasadas las 13:00am, pero desde el 6 de agosto comenzó el cierre de ciclos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la también última sesión de la Segunda Sala, presidida por el ministro Javier Laynez Potisek y la cual estaba a cargo de resolver asuntos en materia administrativa, fiscal, laboral, seguridad social y agraria.
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El turno para que la Primera Sala -que se encargaba de asuntos civiles y penales- haga lo propio llegará este 13 de agosto.
Habrá otra sesión extraordinaria el próximo 19 de agosto, por si llegan más impugnaciones en materia electoral. Así lo anunció la presidenta de la SCJN, la ministra Norma Piña. No hubo ningún mensaje especial por la última sesión ordinaria.
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Se espera que antes del 31 de agosto, haya una sesión especial de cierre de periodo de la SCJN. Sería el cierre de una época de la Suprema Corte en la que sus integrantes dejaron de ser electos por el Poder Ejecutivo con la reforma impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo en 1994, para que los integrantes de la SCJN fueran propuestos por el Poder Ejecutivo y votados y en su caso aprobados por el Poder Legislativo.
Pero con la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024 por el Poder Legislativo, a propuesta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, ese método fue modificado por otro, el de que todos los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal sean electos por el voto popular a partir de este año, proceso que comenzó con la elección del 1 de junio pasado.
Prisión preventiva oficiosa, en el limbo
Entre la lista de casi 150 temas del Pleno para esta última sesión, hay uno que podría ser discutido, el del proyecto del ministro Mario Pardo Rebolledo que examinará la manera en la cual el Poder Judicial de la Federación debe dar cumplimiento a la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado mexicano por violar derechos humanos mediante las figuras de la prisión preventiva oficiosa.
Un asunto que abordaría la decisión de inaplicar los criterios sobre restricciones a los derechos humanos que se encuentran en el texto constitucional, de manera expresa en el artículo 19 de la Carta magna.
También con este caso la corte podría pronunciarse sobre la manera en que los juzgadores mexicanos deben actuar cuando se alegue tortura por parte de las personas acusadas de algún ilícito.
El proyecto ha levantado gran interés ya que apenas en noviembre pasado el Poder legislativo aprobó la ampliación del catálogo de delitos de la prisión preventiva oficiosa. Pero fuentes de la SCJN dijeron a La Silla Rota que no hay certeza que el tema, aunque esté enlistado, sea discutido y ya en semanas pasadas el ministro Laynez Potisek dijo que no había condiciones para ello
Discutirán impugnaciones contra elección de magistrados de la Sala Superior del TPJF
El tema que sí parece estar asegurado en la discusión del Pleno es el de la impugnación a las candidaturas ganadoras a magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra de Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García.
Por ley, la impugnación, presentada por la representante legal de la asociación Poder Ciudadano, Lorena Sterling Avalos, debe ser discutida por la SCJN y no por el propio tribunal electoral. El caso fue turnado al ministro Alberto Pérez Dayán.
El pasado 5 de agosto el Pleno de la SCJN desechó la primera impugnación contra esa elección, la cual fue presentada por Iván Bravo Olivas. La Suprema Corte consideró que el promovente carecía de legitimación legal para hacerlo.
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El caso podría desatar otro enfrentamiento con el TEPJF, principalmente con la magistrada presidente Mónica Soto, y los ministros Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quienes desde febrero pasado invalidaron dos juicios de amparo, en materia electoral, ordenados por dos jueces para pedir a los comités de Evaluación de los tres poderes, encargados de la selección de candidatos a jueces, detener su proceso. Solo el Comité de Evaluación del Poder Judicial obedeció.
Aunque el TEPJF no tenía facultades para suspender ese amparo, lo hicieron y cuando el Pleno de la SCJN les enmendó la plana, los tres magistrados expresaron su desacuerdo e incluso dijeron que atacar al tribunal era atacar a la democracia.
Cabe mencionar que aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación forma parte del Poder Judicial de la Federación, en la reforma judicial sus integrantes fueron los únicos que no debían dejar su cargo este año.
Nueva etapa
Para la nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que comenzará el 1 de septiembre y que será encabezada por el ministro mixteco Hugo Aguilar, ya no habrá salas, lo que algunos ven como una complicación pues el Pleno se llenará de los asuntos que tanto la primera como la segunda salas veían aparte.
El nuevo Pleno pasará de 11 a 9 ministros, y todos fueron electos en la pasada elección del 1 de junio pasado, en una jornada que no rebasó el 13% de participación ciudadana y cuyos comicios serán recordados por el uso de acordeones, donde los nueve candidatos ganadores estaban enlistados en 30 de los 37 modelos de esos documentos, el equivalente al 80%. En la nueva etapa de la SCJN repetirán las ministras Esquivel, Ortiz y Batres.
La reforma judicial que cambió al Poder Judicial
El 2024 será recordado como el año que fue demolido el Poder Judicial Federal. El 4 de septiembre la Cámara de Diputados votó en una sede alterna, en la Deportiva de la Magdalena Mixhuca, la iniciativa de reforma que propuso el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, para que jueces, magistrados y ministros fueran electos por voto popular.
Fue una sesión caótica, hecha en un gimnasio, ante los bloqueos que trabajadores del PJF hicieron al palacio legislativo de San Lázaro, inconformes porque con la reforma se truncaba el sueño de miles de ellos de convertirse en juzgadores y el miedo a ser despedidos en cuanto comenzara el nuevo sistema. También se quejaron de no ser escuchados y realizaron paros por varias semanas.
Ese día los diputados en lugar de legislar enfrente de sus curules, lo hicieron en tablones usados para fiestas; el voto no fue electrónico, sino a mano alzada; y los conteos fueron de manera manual. De ese tamaño era la prisa por cumplir una de las prioridades de López Obrador.
La sesión en el Senado no fue muy distinta. Celebrada 10 días después, inicialmente la sesión comenzó en su sede de Reforma. Afuera, protestaban trabajadores del Poder Judicial.
Esa sesión fue memorable por dos cosas: por el voto que el entonces panista, Miguel Ángel Yunes Márquez, dio a favor de la reforma judicial, con lo que Morena y sus aliados PVEM y PT alcanzaron las dos terceras partes de la mayoría calificada para conseguir la reforma constitucional.
También será recordada porque los trabajadores del Poder Judicial Federal lograron ingresar de manera accidentada y sin invitación al salón de sesiones, no sin dejar tirados a algunos empleados. Obligaron no sólo a suspender la sesión sino a moverla de sede, a la Casona de Xicoténcatl, donde se instaló un férreo sistema de seguridad que incluso no dejaba pasar a los propios senadores. Como ocurrió en la Cámara de Diputados, la reforma fue aprobada de madrugada.
Apenas aprobada la reforma, se envió la minuta a los congresos estatales y fue rápidamente avalada por más de 20, con lo que se alcanzó la mitad más una de los que debían hacerlo. Regresó a la cámara de origen, la de Diputados que la envió a la presidencia. Fue promulgada y publicada por el presidente saliente, López Obrador, el 15 de septiembre, día de la Independencia de México. Un regalo para el entonces mandatario, dijeron varios legisladores de Morena.
La propuesta presidencial de donde surgió la reforma
La propuesta presentada por López Obrador el 5 de febrero de 2024, consistía en modificar la Constitución para elegir a jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, pero cuyos candidatos fueran propuestos por los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También planteaba flexibilizar los requisitos para ocupar dichos cargos, reducir la SCJN de 11 a 9 ministros y crear un Tribunal Judicial para sancionar a los juzgadores que no resolvieran los casos en 6 meses.
Pero rápido comenzaron las advertencias de lo que pasaría en caso de ser aprobados esos cambios. Al ser electos los juzgadores y por ello tener un tiempo de campaña, se abría la posibilidad de que algunos de los candidatos se aliaran con los poderes económicos, políticos e incluso con el crimen organizado, para alcanzar el cargo y al convertirse en jueces, magistrados o ministros, perderían autonomía al deberle el cargo a alguien.
Una de las voces más sonoras al respecto fue la del entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar.
Una crítica adicional fue que el Tribunal Judicial, al tener la facultad de actuar por su cuenta se puede convertir en una Santa Inquisición que castigue a los jueces incómodos, advirtieron expertos.
La venganza
El 10 de diciembre, la presidenta de la SCJN, Norma Piña señaló que entre el 16 de noviembre de 2023 y el 15 de noviembre de 2024, el Poder Judicial enfrentó un contexto sin precedentes. Expuso que hubo coincidencias entre los ataques y las amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes, cuando aprobaron decisiones contrarias a los intereses del gobierno.
Uno de estos casos fue cuando la mayoría de los ministros votó que era inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional, en abril de 2023, a la Sedena, lo que Piña calificó de un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los Ministros de la SCJN.
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“Se nos llamó ‘traidores al pueblo’, y abiertamente se nos acusó de no ser parte —como además no debía ser, por no corresponder a cada juzgador— de un proyecto político dominante”, planteó en su último informe, que fue desairado por los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, respectivamente.
O como han dicho otras voces, fue la venganza del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador contra un poder que no se plegó a sus deseos.
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Concluye la última sesión ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habrá otra sesión extraordinaria el próximo 19 de agosto, por si llegan más impugnaciones en materia electoral. Así lo anunció la presidenta de la SCJN, la ministra Norma Piña. No hubo ningún mensaje especial por la última sesión ordinaria.
La discusión empieza con los 137 juicios de inconformidad en materia electoral en contra de los resultados del cómputo nacional de la elección de magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Inicia última sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación