Jazmín Bonilla García, hasta el 15 de julio secretaria de acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoce que el Poder Judicial necesitaba una reforma integral que modificara muchas cosas, incluyendo la designación de juzgadores o mejorar los exámenes de aptitudes y conocimientos para aspirar a un cargo.
Pero también considera, basada en su experiencia de 19 años, que no estaba tan mal como se dijo desde diversos ámbitos para justificar la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024.
“Sería muy poco ética si te digo que el Poder Judicial fue perfecto, pero también sería poco ética si te digo que era patético. Hicimos muy buenas cosas, me da miedo que haya un retroceso, por ejemplo, en el reconocimiento de los derechos y las libertades”, dice en entrevista con La Silla Rota, realizada en su oficina de la Corte, ya medio vacía.
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Bonilla, quien participó como candidata para ministra de la SCJN en la elección del 1 de junio, pero no fue electa, aunque sumó más de un millón de votos, comparte algunas de las preocupaciones con la llegada del nuevo pleno de ministros el próximo 1 de septiembre. Uno es el retroceso en materia de derechos humanos.
Una de ellas es la curva de aprendizaje de los nuevos ministros genere un mayor rezago de casos del que ya hay.
“Sería poco ético decir que no, que todos trabajamos con números sin ceros, porque no es así”.
Aunque tres ministras ya pasaron su curva de aprendizaje, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, habrá seis personas completamente ajenas a la actividad jurisdiccional y a la burocracia de la Corte, de la que siempre fue crítica.
“Es aprender lo que hace una persona juzgadora, aprender todas las partes, todo lo que tiene que pasar antes de que un expediente llegue a tus manos”, describe.
Eliminar la primera y segunda salas cargará de trabajo al Pleno
Bonilla García, quien es magistrada de circuito desde 2023, pero que se desempeñó como secretaria de Acuerdos en la Segunda Sala de la SCJN por comisión, cargo que dejó este 15 de julio y a partir de este 16 regresará al tribunal, ve que con la eliminación a partir de septiembre de la primera y segunda salas, establecida en la reforma judicial, el rezago puede ser mayor.
“La desaparición de las salas va a dificultar la transición y el ánimo de la reforma en uno de los artículos que se reformó, precisamente era el de garantizar la justicia pronta y expedita”, expresa, contundente.
La primera sala veía asuntos civiles y penales, mientras que la segunda administrativos y laborales. Para la magistrada, el trabajo que hacían las salas era bueno y mejorable. Sacaban más asuntos que el Pleno, que a partir del 1 de septiembre va a tener que resolver los casos que atendían la primera y segunda salas.
“El Pleno lo estamos viendo ahorita que está sesionando una vez a la semana, pero sesionando tres veces sacaba generosamente cinco asuntos. Las salas en promedio, ahorita ya no, porque ya había menos, en promedio sacaban semanalmente 40 o 50 asuntos cada una”.
Entonces, las salas juntas podían resolver a la semana unos 80 asuntos y el Pleno cinco. Con ese antecedente, ve complicado que un pleno nuevo, sin salas, alcance a desahogar 85 asuntos, porque la dinámica del primero es distinta a la de las salas.
“El primero tiene sesiones públicas todo el tiempo. Eso pone foco en la transparencia, pero desde un criterio objetivo y muy respetuoso a esta institución, se presta mucho a que cada ministro y ministra decida dar la que creen es su mejor postura. Entonces, en lugar de debatir una propuesta que se está presentando, 11 personas diferentes dicen lo que a ellos les hubiera gustado hacer. Eso hace que el tiempo se retrase en la solución del asunto”, dice.
“Entonces, antes de pensar en sacar a la Corte, primero tenemos que pensar en sacar el rezago que tiene, que los juicios estén proyectados, que haya una propuesta de sentencia y ya que la tengamos, veamos a dónde las vamos a discutir. Eso también implica perder días. El día de traslado, el de la discusión y el de regreso. Son tres días que se pueden perder, en los que el ministro o la ministra pudo estar revisando otros asuntos”.
Otro reto que enfrentará la nueva Corte es que aún no tiene Órgano de Administración de Justicia, y mientras no lo tenga no hay quien pague la luz, el agua, las rentas y los sueldos de los trabajadores del Poder Judicial.
“La Constitución dice que a partir del primero tiene que estar nombrado y fue un gran debate que se hizo, ¿quién lo nombra? ¿La actual Corte o la entrante?”.
Elección inequitativa
La magistrada Bonilla rememora que aquella tarde del 15 de septiembre del 2024, cuando se promulgó la reforma, lo vivió con un shock. Aunque tenía la esperanza de que los congresos estatales no la aprobaran o que hubiera un veto presidencial, eso no ocurrió.
Aunque ella ya era magistrada, la zozobra se asomó a su escritorio, ya que luego de la aprobación estaba pendiente saber qué juzgados o tribunales serían sorteados para ser sustituidos en la primera elección judicial.
“Sí voy a decirte que cuando vi que mi cargo salía en 2027 no voy a decir que sentí un alivio, pero sí una liberación, una despresurización, como si fuera un ella exprés, fue como ‘okay, no tengo que tomar una decisión inmediata’, porque tengo 2 años para pensar qué quiero hacer”.
Al no estar obligada a renunciar a su magistratura, y con el sueño de ser ministra, aunque con las reservas que expuso en la entrevista, enfrentó el dilema de animarse o no a participar. Analizó que no tenía nada que perder y sí mucho que ganar. No fue fácil decidirlo, porque primero había que decidir si seguía o no trabajando o si pedía licencia o no.
“Pero la campaña se financiaba con recursos propios. Entonces, si yo dejaba de trabajar no podía financiar una campaña”, remarca.
Ahí enfrentó lo que consideró una inequidad. El INE había fijado un primer tope de campaña y luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo revocó.
“En este afán de querer generar la paridad para todos, de todos pueden gastar lo mismo, no se dieron cuenta de que no todos tenemos la misma capacidad de gasto”. Otra desventaja es que ella no tuvo el mismo tiempo para hacer campaña que quienes sí pidieron licencia.
CONTEXTO: OEA no recomienda elegir a jueces como se hizo en México
El 10 de junio la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) dio a conocer su informe en torno a la elección de ministros de la Suprema Corte, magistrados del TEPJF, jueces de circuito y distrito, así como del Tribunal de Disciplina Judicial. El informe destaca que hubo baja participación y que el proceso significa un riesgo para la independencia de los jueces.
Los hallazgos de la OEA fueron:
La participación ciudadana fue extremadamente baja: 13?% en la elección a la Suprema Corte y 12.9?% para el Tribunal de Disciplina Judicial.
Se evidenció el uso de “acordeones” (listas con candidatos predeterminados) que coaccionaron el voto.
Los comités de selección aplicaron criterios heterogéneos, sin evaluaciones técnicas suficientes.
Una elección operada desde el poder
La elección de jueces y magistrados federales no puede considerarse democrática, ya que fue operada desde el poder, con violaciones graves y sistemáticas a los principios constitucionales, además de un diseño institucional que favoreció a ciertos candidatos respaldados por el gobierno, según dio a conocer el Informe Final sobre la Integridad Electoral del Proceso Judicial 2024-2025 del Observatorio Electoral Judicial (OEJ).
En el prólogo del informe, el jurista Javier Martín Reyes señala que desde la transición democrática, “esta fue la primera elección, que no puede calificarse como democrática”, y añade que la elección judicial de 2025 representa un retroceso histórico tanto en contenido como en forma.
El Observatorio Electoral Judicial documentó que 133 personas tenían su triunfo asegurado por la forma en que se estructuró la votación; de ellas, 108 resultaron electas. Es decir que, votar de manera informada resultaba prácticamente imposible, ya que había hasta 12 boletas simultáneas con más de 200 nombres por lista, lo que habría requerido hasta 18 horas para revisar los perfiles federales.
esto se sumó un financiamiento poco transparente y propaganda ilegal en redes sociales, que beneficiaron a 394 candidaturas con gastos que se estiman entre 2.2 y 3.1 millones de pesos, sin que el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicara sanciones.
Además, la llamada “Operación Acordeón”, que consistió en la distribución de listas prellenadas en casillas, incentivó el voto inducido.
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"Este informe especial presentó un análisis probabilístico que concluyó que la elección para juzgados de distrito y magistraturas de circuito se desarrolló bajo condiciones de severa inequidad, predeterminando en gran medida los resultados. El estudio reveló que, debido al diseño de las boletas y la distribución de vacantes, 201 personas candidatas tenían 0% de posibilidades de ganar, mientras que 133 tienen el triunfo prácticamente asegurado".
lrc