Desde 2016, al menos 84 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en México en posible relación con su labor. Esta cifra fue reportada por ONG este jueves 17 de julio. De las víctimas, 7 eran mujeres y 77 eran hombres. Un total de 44 de los asesinados pertenecían a pueblos indígenas y una era afromexicana.
Además de los asesinatos, los defensores del medio ambiente enfrentan múltiples agresiones, incluyendo criminalización y hostigamiento judicial, vigilancia, amenazas, desplazamiento forzado y desapariciones.
El 17 de julio, Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente, sirve como un recordatorio urgente de la deuda que el Estado mexicano mantiene con quienes protegen los territorios, ecosistemas y bienes comunes.
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Esta fecha no solo conmemora, sino que exige justicia frente a la violencia, el despojo y la impunidad que enfrentan quienes resisten megaproyectos destructivos y el crimen organizado.
Rol crucial de los defensores y amenazas principales
Las personas defensoras del medio ambiente son clave para frenar la crisis climática y resistir proyectos destructivos. Su trabajo es fundamental para proteger los recursos naturales que sostienen la vida y preservar las formas de vida indígenas en armonía con la naturaleza.
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Su labor es particularmente relevante ante el avance de megaproyectos extractivos, infraestructura impuesta, deforestación, acaparamiento de agua y contaminación generalizada, que deterioran los ecosistemas y exacerban desigualdades.
Vínculo entre crimen organizado y degradación ambiental
El contexto de riesgo se agrava por el avance del crimen organizado en varias regiones del país, donde ejerce control violento sobre territorios y recursos. Actividades como la tala ilegal, la minería clandestina, el tráfico de especies, la apropiación de tierras y el despojo violento de comunidades se han intensificado.
Estas actividades criminales afectan gravemente tanto al medio ambiente como a las personas que lo defienden. El narcotráfico y las economías criminales están estrechamente vinculadas a la degradación ambiental, generando escenarios de altísimo riesgo.
Deuda del Estado Mexicano y marcos normativos
A pesar del reconocimiento oficial por el Congreso mexicano hace cuatro años, persiste la exigencia de justicia. El Estado mexicano ha aprobado marcos normativos que deben ser implementados con urgencia y adecuadamente.
Entre estos se encuentra la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que creó el Mecanismo Federal de Protección en 2012.
A nivel internacional, México firmó el Acuerdo de Escazú y lo ratificó el 5 de noviembre de 2020. Este acuerdo regional es el primer tratado mundial que establece la obligación de los Estados de proteger a las personas defensoras del medio ambiente.
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Preocupaciones institucionales y llamado a la justicia
El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) ha expresado su profunda preocupación por la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
Esta decisión genera un grave vacío institucional que pone en riesgo el derecho fundamental de acceso a la información pública ambiental.
Se considera urgente avanzar en la garantía del derecho a la justicia ambiental.
Para ello, es necesario asegurar la existencia de jueces autónomos, con formación especializada en derechos humanos y ambientales, y libres de presiones políticas o económicas.
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¿Por qué es importante proteger a los ambientalistas?
En México, la defensa del medio ambiente se ha convertido en una actividad de alto riesgo, especialmente cuando entra en conflicto con los intereses del crimen organizado. Muchos grupos criminales ven en los recursos naturales una fuente de poder económico: talan bosques, acaparan agua, explotan minerales o controlan territorios estratégicos, afectando ecosistemas completos.
En este contexto, los ambientalistas representan un obstáculo para sus operaciones, por lo que son frecuentemente amenazados, atacados o incluso asesinados. Proteger a los defensores del medio ambiente no solo es una cuestión de derechos humanos, sino también de sostenibilidad y seguridad nacional.
Estas personas suelen pertenecer a comunidades rurales o indígenas que dependen directamente de los recursos naturales. Su labor preserva bosques, ríos y tierras, fundamentales para mitigar el cambio climático, mantener la biodiversidad y garantizar el bienestar de futuras generaciones.
La impunidad en los crímenes contra ambientalistas alienta más violencia y debilita el estado de derecho. Garantizar su seguridad implica reconocer su papel como actores clave en la defensa del territorio y fortalecer mecanismos de protección, incluyendo la aplicación efectiva de leyes, el acompañamiento institucional y la visibilidad de sus causas. También requiere combatir la corrupción que permite la colusión entre autoridades y grupos criminales.
En un país donde el crimen organizado ha infiltrado diversos sectores, la defensa del medio ambiente se convierte en un acto de valentía y resistencia. Proteger a quienes lo hacen es proteger la vida, la justicia ambiental y la soberanía nacional. Ignorarlo pone en riesgo no solo a individuos, sino a comunidades enteras y al patrimonio natural de México.
VGB