La Ley de Telecomunicaciones, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y enviada el 23 de abril pasado al Senado de la República, ya avanzó y las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen respectivo, que podría ser votado este 28 o 29 de junio.
La iniciativa incluye la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyas tareas serán asumidas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Merino, y por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
La primera versión debió ser modificada luego de que permitía bloquear plataformas digitales, revisar contenidos de programas extranjeros y daba facultades excesivas al titular de la ATDT, lo que generó una cascada de críticas de expertos en el tema.
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La presidenta Sheinbaum debió presentar una segunda versión, el 15 de mayo pasado, y además en el Senado se organizaron conversatorios para escuchar opiniones al respecto.
Los trabajadores del IFT también pidieron que la ley incluyera la posibilidad de ser liquidados conforme a la ley, porque cuando fue presentada no se tenía determinado qué pasaría con ellos cuando desapareciera el instituto.
Los cambios a la primera versión
En la nueva versión se eliminó el artículo 109 que permitía a la ATDT bloquear plataformas digitales.
Lo que sí continuó fue el artículo 210 para establecer que ningún gobierno puede hacer propaganda política, ideológica y comercial de gobiernos extranjeros, excepto para promoción turística, cultural y deportiva.
También explicó que la red, que permitirá abrir el espectro radioeléctrico a más actores, permitirá a su vez que la señal de internet llegue a alrededor de 15 millones de personas que no cuentan con él. Para ello, se harán descuentos en pago de espectro a cambio de despliegue de infraestructura.
La propuesta incluye beneficios a redes sociales comunitarias, indígenas y afromexicanas.
Otra novedad es que el propio Estado mexicano será proveedor de internet, a través de la Comisión Federal de Electricidad.
Respecto a las facultades originalmente programadas para la ATDT, con la nueva versión se incluyó un nuevo órgano regulador, la Comisión Reguladora, que operará con cinco comisionados, propuestos por la presidenta y que deberán ser ratificados por el Senado. Tendrán independencia técnica, operativa y de discusión.
Además, se retoma el tema de los derechos de las audiencias.
Un Estado policial: Anaya
En la reunión extraordinaria de las tres comisiones, senadores de la oposición reclamaron que apenas a las 11pm de este 26 de junio recibieron el dictamen de más de 200 páginas.
En la discusión del dictamen, el coordinador de la bancada panista, Ricardo Anaya, recordó que la iniciativa se hizo luego de la transmisión en la televisión abierta mexicana de spots de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, en contra de migrantes, entonces la intención era prohibir propaganda extranjera. Pero la iniciativa abarcaba más puntos.
El panista reconoció que se hicieron modificaciones, pero mostró su preocupación por el registro de usuarios de telefonía móvil. Primero lo traían en el artículo 8, pero luego de las críticas de organizaciones de la sociedad civil lo escondieron en el transitorio trigésimo.
Otra crítica fue por el artículo 160 que permitía al gobierno, a través de la agencia, tener acceso a la geolocalización en tiempo real sin una orden judicial de cualquier dispositivo móvil.
“Para efectos prácticos implica un Estado policial, que puede saber dónde estamos todas y todos los ciudadanos en tiempo real, en todo momento, no lo eliminaron, lo único que sucede es que ya no está en el artículo 160. Es un artículo prácticamente idéntico, que ahora es el 183. La única diferencia es que ahora quien les pide a los concesionarios la geolocalización en tiempo real ya no es la agencia, sino la comisión reguladora. Pero insisten en tener acceso a la geolocalización de los ciudadanos en tiempo real sin orden judicial”, reprochó Anaya.
Un tercer aspecto que se conservó es la facultad de suspender transmisiones. Esto se traduce en que si está saliendo en la televisión o en la radio algo muy crítico que le molesta al gobierno, con el actual artículo 10 fracción 53, alegando derecho de las audiencias, pueden suspender la transmisión.
“Este es un problema muy grave porque la Corte ya lo había declarado inconstitucional cuando solo se refería a audiencias infantiles. Ustedes van mucho más allá. Primero, no observan que la Corte lo declaró inconstitucional, pero además ya no solo aplica la pensión de transmisiones cuando viole derechos de audiencias infantiles, sino que lo dejan abierto al derecho de las audiencias y se queda la propia comisión con la facultad de emitir los lineamientos que establezcan con puntualidad”.
El secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Javier Corral Jurado, de la bancada de Morena, le respondió a Anaya.
Sobre el tema de geolocalización, dijo que está contenida en la Ley federal de telecomunicaciones, de 2017 aprobada por el PRI y el PAN y que no fue objeto de una acción de inconstitucionalidad.
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Sobre impedir transmisiones, afirmó que es una medida precautoria, porque el espectro radioeléctrico es de la nación, aunque se le olvide a algunos.
“Muchos creen que el espectro es de ellos, muchos se creen neozapatistas del espectro, de que el espectro es de quien lo trabaja y no”, remarcó.
kach