La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión prohíbe la transmisión de propaganda política de gobiernos extranjeros, otorga descuentos en el pago de espectro a empresas que expandan cobertura en zonas marginadas y exige identificación oficial para comprar o activar un chip telefónico.
De acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo federal, ya no estará permitido que televisoras, estaciones de radio ni plataformas digitales transmitan contenido ideológico o político pagado por gobiernos de otros países.
La única excepción será la publicidad con fines turísticos, culturales o deportivos.
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Además, el nuevo marco legal contempla incentivos financieros para aquellas empresas de telecomunicaciones que desplieguen infraestructura en zonas sin acceso a internet, como comunidades rurales o tramos carreteros.
La reforma plantea la obtención de descuentos en el pago por uso del espectro radioeléctrico, recurso indispensable para operar redes móviles.
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Por otro lado, la adquisición o activación de chips móviles quedará restringida: las operadoras solo podrán venderlos a quienes presenten una identificación oficial vigente, como parte de un esquema de control más estricto sobre las líneas telefónicas activas en el país.
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Más derechos para usuarios, simplificación de trámites y fortalecimiento del acceso
La ley en materia de Telecomunicaciones también incorpora un enfoque centrado en los derechos de las audiencias y usuarios, incluyendo el acceso a equipos desbloqueados, recarga de saldo en cualquier establecimiento y llamadas gratuitas a servicios de emergencia y atención ciudadana.
Se establece que las personas con discapacidad deben contar con funciones de accesibilidad en aplicaciones y portales, así como con equipos adaptados a sus necesidades.
También se reconoce el derecho de niñas y mujeres a acceder a servicios de telecomunicaciones en condiciones de igualdad.
Por otra parte, se promueve la simplificación y homologación de trámites para el despliegue de infraestructura, el soterramiento de cables en desuso y la obligación de realizar consultas públicas antes de que la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emita cualquier normativa.
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Redes comunitarias, uso público y un nuevo órgano regulador
El Estado podrá operar como proveedor de servicios de internet bajo dos esquemas: uno comercial, en competencia con empresas privadas mediante licitación pública; y otro de uso público, enfocado en conectividad gratuita para espacios gubernamentales y comunidades sin cobertura.
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Asimismo, se fortalecen las condiciones para redes sociales comunitarias, indígenas y afromexicanas, a las que se facilitará el acceso a espectro, se permitirá obtener ingresos por publicidad y patrocinios, y se destinará hasta el 10% del presupuesto de comunicación social para su desarrollo.
Finalmente, la ley crea un nuevo órgano regulador, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con autonomía técnica, operativa y de gestión. Este organismo estará compuesto por cinco comisionados nombrados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, y asumirá funciones clave como la asignación de concesiones, el uso del espectro y la supervisión de servicios.
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¿Por qué es relevante esta nueva ley?
Contexto: la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión busca actualizar el marco legal vigente para atender los desafíos actuales del ecosistema digital, como la expansión de cobertura en regiones sin conexión, el combate al uso ilegal de líneas móviles y la garantía de derechos digitales para todos los sectores de la población.
También responde a preocupaciones sobre la injerencia extranjera en los medios nacionales, especialmente en tiempos electorales o de tensión diplomática.
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Además, esta iniciativa representa un viraje hacia un modelo más centralizado de supervisión estatal y una mayor inclusión de comunidades marginadas en el acceso a las telecomunicaciones. Con ello, se busca equilibrar el papel de los grandes operadores privados con los derechos sociales, fortaleciendo la infraestructura, pero también la soberanía digital y la rendición de cuentas en el sector.