La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública , la cual permitirá a las autoridades ingresar, sin orden judicial, a bases de datos públicas y privadas al argumentar que buscan perseguir algún delito.
Se le dio luz verde con una votación de 445 votos a favor. La iniciativa contó con el respaldo de Morena y sus aliados, así como del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).
En contraste, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) votó en contra, registrando 37 votos. La aprobación se dio en medio de una intensa polémica y críticas por la forma en que se manejó el proceso legislativo.
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El polémico "albazo legislativo"
La discusión de la ley se inició con fuertes críticas de la oposición, particularmente del PRI, debido a la incorporación de una adenda de 368 páginas que modificaba puntos importantes del dictamen original. Esta adenda fue agregada "en la madrugada" sin pasar de nueva cuenta por la Comisión de Seguridad.
El diputado priísta Rubén Moreira Valdez calificó esta acción como un "verdadero albazo legislativo" y un "enredo". Destacó que la propuesta, firmada por solo seis de los dieciocho integrantes de la Comisión de Seguridad, parecía estar fundamentada como reservas, lo que complicaba su comprensión.
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Moreira advirtió que la maniobra buscaba "confundir a la mayoría para que voten cosas que no han leído ni leerán". Los diputados de oposición denunciaron que no hubo tiempo suficiente para analizar los cambios, calificándolo de una "maniobra opaca" que vulneraba el proceso parlamentario.
Las críticas de la oposición
Las principales objeciones del PRI se centraron en varios puntos cruciales:
- "Estado Espía": Rubén Moreira criticó que la propuesta "lleva al extremo el Estado espía", aumentando las capacidades de "seguimiento en tiempo real de cualquier ciudadano". Enfatizó que obligaría a las empresas telefónicas a entregar datos personales de los usuarios, con amenaza de sanciones penales en caso de negativa. Comparó esta situación con "regímenes fascistas" y un escenario "orwelliano y goebbeliano". Aunque se eliminó la obligación de crear un padrón de usuarios de telefonía móvil (Registro Nacional de Usuarios de Líneas Telefónicas), el diputado Gibrán Ramírez (MC) advirtió que esto "no significa que hayan claudicado en sus pretensiones autoritarias de vigilancia masiva".
- Militarización y Eliminación del Carácter Civil: Legisladores priístas denunciaron que la adenda eliminaba un "párrafo clave del artículo 2" que establecía que las instituciones de seguridad pública serían "disciplinadas, profesionales y de carácter civil". Esta supresión fue interpretada como una confirmación de la militarización.
- Retención de Fondos Federales: Se otorgaron facultades al Consejo Nacional de Seguridad Pública para "retener fondos federales" destinados a seguridad si los estados o municipios no cumplen con sus acuerdos, "sin necesidad de un proceso legal previo". El diputado Alejandro Domínguez (PRI) calificó esto como un "poder casi absoluto y magnánimo" que podría dejar a un estado "sin presupuesto" y vulnerar el federalismo.
- Vicios de Procedimiento: Erubiel Lorenzo Alonso Que (PRI) y César Alejandro Domínguez (PRI) destacaron que las modificaciones constituían un "fraude legislativo" debido a los vicios en el procedimiento y la falta de tiempo para analizar los cambios. Moreira aseguró que su partido votaría en contra y anticipó acciones en tribunales internacionales, afirmando que "aquí la justicia se acabó hace rato".
La defensa de la mayoría y el nuevo modelo de seguridad
La diputada Jessica Saiden Quiroz (Morena), presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, defendió la nueva ley como un "complemento normativo indispensable para consolidar un modelo integral de seguridad ciudadana". Subrayó que se basa en la prevención, la profesionalización policial y la inteligencia estratégica. Entre los puntos clave a favor se señalaron:
- Racionalización del Gasto Público: Se busca "racionalizar el uso de los recursos federales" en seguridad, con la "intervención directa de la Auditoría Superior de la Federación" para la evaluación del gasto.
- Profesionalización Policial: Se incorpora un "plan rector de formación policial" con estándares de certificación y un régimen disciplinario actualizado para tener "cuerpos policiales más preparados, con ética profesional y vocación de servicio". Se crea una política nacional de acreditación y certificación.
- Interoperatividad y Coordinación: Se fortalece la "interoperatividad institucional" mediante la alimentación diaria de registros nacionales con información confiable, vinculándose con el Sistema Nacional de Inteligencia y de Investigación. Los órganos de coordinación podrán sesionar de forma virtual. Se da "vida jurídica y obligatoriedad al Gabinete Federal de Seguridad" y se replica en las entidades federativas con las Mesas de Paz.
- Incorporación de la Guardia Nacional: La Guardia Nacional queda "incorporada de manera expresa al Sistema Nacional de Seguridad Pública", dotándola de "certidumbre jurídica" y formalizando su participación en la coordinación nacional.
- Visión de Estado: Se crean "puentes con los poderes judiciales y otras instituciones" para unificar criterios, reconociendo que "la seguridad no solo es tarea de la policía, es responsabilidad de todo el Estado mexicano".
- Autonomía Operativa del Secretariado Ejecutivo: Se dota de mayor autonomía operativa al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para modernizarse y crear centros especializados.
- Respeto a Derechos y Uso Judicial: La consultora jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, afirmó que las herramientas tecnológicas contarán con candados para evitar el uso político o violaciones a la libertad de expresión y privacidad. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que la intervención de teléfonos solo será bajo orden judicial.
El "voto de confianza" del PAN y MC
A pesar de las críticas iniciales sobre el procedimiento, el PAN y Movimiento Ciudadano (MC) anunciaron su voto a favor del dictamen.
El diputado César Damián Retes (PAN) otorgó un "voto de confianza", señalando que "si después de esta reforma no dan resultados, una de dos, o son incompetentes o están coludidos con la delincuencia organizada".
Por su parte, la bancada de MC, en voz de su vicecoordinador Juan Zavala, también adelantó su voto en favor. Gibrán Ramírez (MC) resaltó que la adenda eliminó la creación del Registro Nacional de Usuarios de Líneas Telefónicas, que "vulneraba completamente el derecho a la privacidad y protección de datos".
Sin embargo, insistió en que esta eliminación "no significa que hayan claudicado en sus pretensiones autoritarias de vigilancia masiva".
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Procedimiento Parlamentario Agitado
Durante la discusión en el Pleno, se presentaron dos mociones suspensivas —por parte de los diputados Gibrán Ramírez Reyes (MC) y Erubiel Lorenzo Alonso Que (PRI)— con el argumento de irregularidades en el procedimiento legislativo. Ambas mociones fueron desechadas por mayoría en votación económica.
VGB