Durante tres meses, en salones de gobierno o a veces improvisados, madres buscadoras, representantes de colectivos y funcionarios federales se sentaron frente a frente para hablar de una de las heridas más profundas del país: la desaparición de personas. Entre lágrimas, reclamos y voces quebradas, las reuniones no fueron fáciles, pero dejaron un resultado concreto. Este lunes, la Secretaría de Gobernación anunció que, tras 84 mesas de diálogo, el Ejecutivo federal incorporará 30 modificaciones a su iniciativa de reforma a la Ley General en materia de desaparición.
Contexto: la propuesta, originalmente enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República en marzo, será presentada ahora como un paquete de reservas. La intención es que sea discutida y aprobada durante el periodo extraordinario de sesiones que inicia esta semana.
“Yo estoy segura que van a apoyar la iniciativa. Lo que queremos es apoyar a las familias. Yo solo quiero decir que si no sale en este periodo de sesiones, ¿cuándo va a salir?”, urgió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
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Una reforma moldeada por más de mil voces
La iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum fue sometida a un proceso de escucha intenso e inédito.
Entre abril y junio de 2025, la Secretaría de Gobernación coordinó 84 Mesas de Diálogo con la participación de más de mil personas: familiares de víctimas, 450 colectivos, 17 dependencias federales, organizaciones de la sociedad civil y expertos en derechos humanos.
En ellas, se compartieron testimonios dolorosos, se exigieron renuncias, se cuestionaron políticas públicas y se pusieron sobre la mesa propuestas concretas. El resultado: 30 modificaciones sustantivas a 23 artículos de la ley, elaboradas en conjunto con las familias y colectivos.
“Lo que hicimos fue cambiar 23 artículos de la ley con 30 nuevas propuestas de los colectivos”, explicó Rodríguez. En total, se recibieron 570 aportaciones en los ejes de búsqueda, seguridad, identificación humana, bases de datos y prevención.
Entre los cambios más relevantes está la obligación de iniciar de inmediato una carpeta de investigación ante cualquier reporte de desaparición y sancionar a los funcionarios que omitan hacerlo. También se reconoce legalmente el concepto de “familia social”, cuando los vínculos afectivos no se corresponden con los legales, y el “nombre social”, clave para personas trans o no binarias.
Otro de los pilares es la creación de una Plataforma Única de Identidad que integrará bases de datos oficiales, bajo resguardo del Ministerio Público y las fiscalías. El objetivo: acelerar búsquedas, proteger información personal y evitar duplicidades.
En el plano forense, se establecen obligaciones para todas las instituciones que resguardan restos humanos: deberán mantener registros actualizados, aplicar pruebas genéticas y dactiloscópicas antes de cualquier inhumación y garantizar la trazabilidad de los cuerpos, incluso cuando no sean reclamados.
Veinte de los cambios más relevantes
- Acciones de bienestar para hijas e hijos de personas desaparecidas.
- Protocolos con planes de seguridad para familias buscadoras.
- Registro inmediato de reportes y sanción por omisión.
- Reconocimiento legal de “familia social” y “nombre social”.
- Plataforma Única de Identidad con protección de datos.
- Acceso del INE a fiscalías mediante convenios.
- Facultades de investigación para todas las autoridades competentes.
- Trato digno y registros actualizados de restos humanos.
- Pruebas genéticas obligatorias antes de inhumación.
- Eliminación del artículo 23 Bis que duplicaba investigaciones.
- Información mínima obligatoria en la Base Nacional de Carpetas.
- Estándares forenses reforzados y atención a solicitudes familiares.
- Acceso ampliado a bases de datos (salud, migración, adicciones).
- Protocolo para activar la Alerta Nacional de Búsqueda.
- La CEAV se incorpora con voz y voto al Sistema Nacional.
- Sesiones trimestrales del Sistema Nacional de Búsqueda.
- Publicación obligatoria de lineamientos del Registro Nacional.
- Eliminación del requisito de CURP en búsquedas urgentes.
- Políticas de prevención con enfoque diferenciado.
- Ampliación de la capacitación al sector privado y sociedad civil.
“No fue simulación”: Segob defiende el proceso
No todas las voces estuvieron de acuerdo. A la par del anuncio oficial, algunos colectivos y familiares expresaron dudas sobre la profundidad de los cambios y cuestionaron la representatividad de las mesas. Señalaron que no todas las propuestas fueron atendidas y que, en algunos casos, hubo una sensación de trámite más que de escucha real.
La Secretaría de Gobernación rechazó esas críticas. Aseguró que las modificaciones a la ley no fueron elaboradas únicamente por el Ejecutivo, sino en conjunto con familiares, colectivos y organismos como la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Fiscalía General de la República.
“Estas son modificaciones que surgieron del trabajo conjunto con las familias. Esta es una primera parte”, dijo Rosa Icela Rodríguez. “Falta todavía construir con ellas y con ellos la política pública, los protocolos, los programas. A partir de la ley debemos ver qué nos instruye en materia de búsqueda, investigación y bienestar”.
Sobre las acusaciones de exclusión, Gobernación aclaró que no existe un padrón oficial de colectivos, ya que muchos se forman en torno a un solo caso mientras otros reúnen a decenas o cientos de familias. La Comisión Nacional de Búsqueda, explicó la dependencia, trabaja con todos los grupos que se acercan a autoridades federales o estatales. De acuerdo con su balance, más del 95% de los colectivos activos participaron en las mesas de trabajo.
Además, la secretaria subrayó que la ley no es un punto final. “Nos falta muchísimo. No se ha presentado un nuevo programa de búsqueda. Solo están las modificaciones a la ley. Lo que sigue es trabajar con los colectivos en protocolos, herramientas, programas”.
“No me han pedido la renuncia”
Durante las mesas también hubo tensiones. Algunas familias y colectivos exigieron la renuncia de funcionarios que, a su juicio, no han estado a la altura de la crisis, como la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Ella, sin embargo, afirmó que no se le ha solicitado dejar el cargo.
“No me han pedido la renuncia. No hay tal cosa”, respondió Piedra Ibarra este lunes, al ser abordada por los medios.
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La Secretaría de Gobernación evitó posicionarse sobre estos señalamientos, pero defendió el proceso como “legítimo” y “sin simulación”. “Estas son modificaciones que surgieron del trabajo conjunto con las familias. Es apenas una primera parte”, insistió Rosa Icela Rodríguez.
lrc