Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua en México, se encuentra en el centro de una investigación por presuntas irregularidades y contrabando de combustible, un caso que ha cobrado relevancia debido a la acumulación de contratos gubernamentales millonarios a través de su empresa, Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V. (SEICSA).
La empresa de seguridad de Valdés Cabrera, SEICSA, es señalada por su presunta participación en el ingreso ilegal de más de dos millones de litros de diésel al país el 20 de marzo, a través del puerto de Guaymas, Sonora. SEICSA fue contratada por la Secretaría de Marina (SEMAR) para vigilar las instalaciones de dicho puerto desde agosto de 2022, bajo un contrato vigente de 65.6 millones de pesos.
La operación de contrabando involucraría a funcionarios públicos mexicanos y empresas extranjeras. A este caso se suman otros incidentes en Ensenada y Altamira, donde se han identificado pipas de las mismas empresas, Autolíneas Roca y Mefra Fletes, vinculadas con el Cártel del Golfo.
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Ante estos señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado que se proceda con las investigaciones. En su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó: “Se está haciendo la investigación, como lo dije, desde la parte administrativa y del SAT como la parte penal, y ahí sí lo que digan las investigaciones que se proceda”.
El ascenso empresarial de Valdés Cabrera
Elías Gerardo Valdés Cabrera, nombrado cónsul honorario por el régimen sandinista en Coahuila en 2019 y en Nuevo León en 2023, era descrito como un empresario de bajo perfil antes de su nombramiento. Sin embargo, a partir de su designación, su negocio con el gobierno mexicano "despegó estratosféricamente".
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Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2019-2022), SEICSA obtuvo al menos 130 contratos que suman un valor de más de 160 millones de dólares, o aproximadamente 3 mil millones de pesos.
Otras fuentes elevan esta cifra a casi 4 mil millones de pesos en contratos durante el sexenio de López Obrador. Este volumen contrasta fuertemente con el sexenio anterior, de Enrique Peña Nieto, donde solo aparece un contrato para SEICSA en las plataformas de transparencia.
SEICSA se dedica a ofrecer servicios de seguridad y espionaje industrial. Entre las instituciones que han contratado a la compañía se encuentran la Comisión Nacional de Electricidad, el Banco del Bienestar y el Instituto para Devolverle al Pueblo Lo Robado. La Fiscalía General de la República, tan solo el año pasado, le adjudicó 19 contratos que vencen en 2025 para servicios de seguridad y vigilancia de instalaciones.
Señalamientos y vínculos
A pesar de la obtención de estos contratos, SEICSA ha sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación. Además, trabajadores y extrabajadores han denunciado sueldos bajos, descuentos ilegales, falta de seguridad social y, en el caso de los guardias armados, falta de capacitación.
Valdés Cabrera es el socio mayoritario de SEICSA, mientras que el accionista minoritario es Víctor Manuel Torres Moreno, quien fue titular de la División de Inteligencia de la Policía Federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Valdés Cabrera también abrió otras empresas en la Ciudad de México con Roberto Carlos Avendaño Vázquez, quien a su vez es socio en otra empresa creada con David Ashdruval Martínez Hernández, hijo del general en retiro Audomaro Martínez, ex titular del Centro Nacional de Inteligencia.
Otra socia del cónsul honorario es María Dolores Zorrilla Solana, ex funcionaria del DIF en Chiapas, cuyo hermano también está asociado con el hijo del general Audomaro.
El escrutinio periodístico y sus implicaciones
La información ha sido publicada por medios como Latinus, Divergentes y Proceso, destacando la investigación realizada por el periodista Carlos Loret de Mola.
Loret de Mola ha cuestionado el misterio detrás de cómo un cónsul honorario de Nicaragua se vuelve súbitamente un multimillonario contratista del gobierno, sugiriendo que Valdés Cabrera ha aprovechado la buena relación del gobierno de AMLO con el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Este caso no solo apunta a un presunto acto de corrupción y contrabando, sino que también expone los vínculos diplomáticos e ideológicos entre el gobierno mexicano y el régimen nicaragüense, permitiendo que un cónsul honorario ligado al sandinismo acumule miles de millones en contratos sin un escrutinio público adecuado.
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Este caso es visto como "un botón de muestra" de cómo se habría favorecido a "ciertos personajes con cercanía política o ideológica" durante la actual administración.
VGB