El Instituto Nacional Electoral rechazó la petición que hicieron los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores de cancelar varias candidaturas a jueces y magistrados federales porque los aspirantes están vinculados con el crimen o han participado en delitos.
Una vez que se difundió que entre los aspirantes se encuentran defensores de criminales como “El Chapo” Guzmán y “El Z40”, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña pidieron al INE que revisara las candidaturas impugnadas y las cancelara, pero el consejo general rechazó la petición.
En cambio, aprobaron que se revisen los requisitos de elegibilidad después de la celebración de la elección el 1 de julio; el INE podrá revisar si los candidatos ganadores cumplen con los requisitos constitucionales y legales antes de que se declare la validez de la elección y se otorguen las constancias de mayoría.
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Los consejeros señalaron que el INE no tiene facultades para emitir un pronunciamiento de fondo, debido a que los requisitos de elegibilidad debieron ser analizados al momento del registro de las candidaturas y esa tarea le correspondió al Poder Legislativo.
En ese sentido, la consejera Dania Ravel acusó que con la solicitud de los legisladores se pretende que el Instituto Nacional Electoral asuma la responsabilidad de cancelar las candidaturas impugnada, no obstante, recalcó que el INE no tiene atribuciones constitucionales o legales para llevar a cabo dicha cancelación.
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Quienes tenían la atribución de realizar esa verificación de los requisitos eran los Comités de Evaluación de cada uno de los Poderes de la Unión. Esta situación busca poner al Instituto en una posición donde debe hacerse cargo de cuestiones que no le corresponden, denunció.
La consejera señaló que el Proyecto de Acuerdo a discusión busca atender solicitudes de los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados para cancelar 26 candidaturas bajo razones que pueden dividirse en dos grandes grupos:
- No cumplir con el requisito de un promedio mínimo de ocho puntos de calificación en licenciatura (lo que afecta a 8 candidaturas)
- No cumplir con el requisito de gozar de buena reputación (lo que afecta a 18 candidaturas)
Por su parte, el Consejero Arturo Castillo también se posicionó en contra de anular las candidaturas basándose en los siguientes argumentos:
- Mientras no exista un pronunciamiento de una autoridad competente, la letra de la ley debe ser la guía.
- El artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Poderes de la Unión postularán las candidaturas.
- El mismo Artículo 96 indica que, para la evaluación y selección de sus postulaciones, cada poder integrará un Comité de Evaluación, lo que implica que estos comités son los encargados de dicha tarea.
Además destaca que el Senado de la República está impedido de cuestionar los listados que le remiten los comités de evaluación. Y cita el artículo 501 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobado a raíz de la reforma sobre la elección del Poder Judicial, el cual establece literalmente que el Senado no puede pronunciarse sobre la elegibilidad o idoneidad de las postulaciones.
Según este artículo, el Senado se limitará a integrar y remitir los listados y expedientes al Instituto (INE) para que organice el proceso electivo. Y concluye que, conforme a esta ley, el Senado tampoco tiene facultades para pronunciarse sobre la elegibilidad o idoneidad.
Candidaturas bajo escrutinio por vínculos con crimen organizado y La Luz del Mundo
Contexto: La próxima elección de jueces, magistrados y ministros, programada para el 1 de junio, enfrenta un escrutinio significativo debido a la inclusión de aspirantes con presuntos vínculos con el crimen organizado o la iglesia La Luz del Mundo.
Organizaciones de la sociedad civil, como Defensorxs por una Justicia Digna y Defensorxs, han identificado candidaturas que consideran de alto riesgo, argumentando que no cumplen con los requisitos constitucionales de buena reputación e imparcialidad necesarios para impartir justicia.
Inicialmente, sobrevivientes de abusos de la dirigencia de La Luz del Mundo, liderada por Naasón Joaquín García, presentaron una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para cancelar cuatro candidaturas vinculadas a la jerarquía de la congregación.
Aunque el TEPJF rechazó la solicitud y validó estas candidaturas en abril de 2025, organizaciones y víctimas han acudido al Instituto Nacional Electoral (INE) para pedir el retiro de 11 candidaturas cuestionadas, incluyendo 4 ligadas al crimen y a La Luz del Mundo.
El INE ha abierto la posibilidad de revisar estas candidaturas, una postura respaldada públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
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Las candidaturas señaladas se agrupan principalmente en dos categorías:
Candidatos vinculados a la iglesia La Luz del Mundo:
- Madián Sinaí Menchaca Sierra: Aspirante a jueza administrativa en Jalisco. Es hija de Nicolás Menchaca Tristán, actual líder de La Luz del Mundo y defensor legal de Naasón Joaquín García. Se le vincula con personas sentenciadas por delitos graves y con corrupción en la iglesia. Fue detenida en mayo de 2024 por lesiones tras un choque en presunto estado de ebriedad.
- Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza: Candidata a magistrada laboral en Guanajuato. Es presidenta municipal de Villagrán, Guanajuato, lo que la inhabilitaría legalmente para contender por un cargo judicial federal. Es esposa del senador de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, suplente de Marcelo Ebrard. Reyes Carmona aportó recursos para un homenaje a Naasón en Bellas Artes en 2019 y está denunciado penalmente por víctimas de Naasón. Existen fotografías de la pareja visitando el templo de La Luz del Mundo.
- Betzabeth Almazán Morales: Candidata a jueza civil en Jalisco. Es criminóloga y ha defendido públicamente a La Luz del Mundo y a Naasón Joaquín García. Ha criticado la condena de García en Estados Unidos, señalando supuestas irregularidades y prejuicios en el juicio.
- Job Daniel Wong Ibarra: Candidato a magistrado laboral en Jalisco. Es ministro de culto de La Luz del Mundo, lo que le impediría legalmente participar según el artículo 130 constitucional. Aunque no está registrado ante Segob, ha dado charlas para la iglesia sobre "estrategias de evangelización".
- Eluzai Rafael Aguilar: Candidata a jueza penal en Jalisco.
- Karina Sánchez Ruiz: Candidata a magistrada mixta en Oaxaca.
- Cesiah Keren León Rocha: Candidata a jueza civil en Jalisco.
- Miguel Alfonso Meza, representante de Defensorxs por una Justicia Digna, ha señalado que estos candidatos tienen altas probabilidades de ganar debido al potencial de movilización de cientos de miles de votantes de la iglesia.
Candidatos vinculados con el crimen organizado u otras acusaciones graves:
- Fernando Escamilla Villarreal: Candidato a juez de distrito penal en Nuevo León. Ha defendido a integrantes del Cártel de Los Zetas para evitar su extradición, incluyendo a Miguel Ángel Treviño, alias "el Z40", fundador del cártel, y a Eleazar Medina Rojas, "El Chelelo", del Cártel del Golfo. Fue detenido por portar arma de fuego sin licencia y no tiene experiencia en el Poder Judicial.
- Francisco Herrera Franco: Candidato a juez penal federal en Michoacán. Conocido como "El Fiscal del terror". Es acusado de ser presuntamente responsable del asesinato de dos periodistas de Monitor Michoacán en 2022. Se le señala de tener vínculos con la delincuencia organizada, fabricar delitos, violaciones a derechos humanos, cooptación institucional y presunto pacto con grupos criminales, documentado en grabaciones filtradas. Organizaciones han solicitado a la FGR y CNDH atraer las investigaciones.
- Jesús Humberto Padilla Briones: Candidato a Juez de Distrito Penal en Nuevo León. No tiene experiencia en el Poder Judicial. Fue detenido en julio de 2023 con un arma de fuego y 17 dosis de cristal en su vehículo, vinculado a proceso por narcomenudeo, aunque obtuvo una suspensión condicional del proceso en 2024.
- Andrés Montoya García: Candidato a magistrado de Tribunal Colegiado de Apelación en Sonora. Fue vinculado a la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005, con quien se reunió antes de que el periodista fuera visto por última vez. Nunca ha sido investigado ni procesado por este caso.
- Silvia Rocío Delgado García: Candidata a jueza penal en Chihuahua. Se le señala por defender a presuntos narcotraficantes, siendo abogada de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Mantuvo contacto directo y permanente con Guzmán en prisión.
- Francisco Martin Hernández Zaragoza: Candidato a magistrado penal en Jalisco. Fue destituido como juez en 2015 tras investigaciones por corrupción, lavado de dinero, y denuncias de acoso y abuso sexual. A pesar de ello, fue postulado nuevamente.
- Edgar Agustín Rodríguez Beiza: Candidato a magistrado penal federal. Fue vinculado a proceso por abuso sexual a una alumna en 2017, aunque la víctima le otorgó el perdón en 2019. También se le señaló por conducta inapropiada al romper una silla en una audiencia. En 2023, una víctima de violación solicitó su recusación.
- Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla Enríquez: Candidato a Magistrado de Circuito en Sonora. Como ex Coordinador Estatal del Sistema Penitenciario en Sonora, durante su gestión se registraron muertes dudosas, incluyendo un posible feminicidio. Incidentes en penales pusieron en duda su capacidad con enfoque de derechos humanos. También se le ve posible conflicto de interés por cercanía al gobierno estatal y sociedad en una empresa minera. No cuenta con experiencia en el Poder Judicial.
- Jacqueline Silva Betancourt: Candidata a jueza de distrito mixta en el Estado de México. El Consejo de la Judicatura Federal la investiga por presuntos abusos laborales, incluyendo revisión de celulares, procedimientos administrativos e incluso privación de la libertad de su secretario.
Proceso de revisión del INE
Ante los señalamientos, el INE implementó un mecanismo para revisar las candidaturas. Un grupo interdisciplinario verifica la elegibilidad. Si se detectan irregularidades, se notifica al candidato, quien tiene tres días naturales para presentar su defensa y documentación. El INE consultará a las autoridades competentes sobre los señalamientos.
La ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil pueden aportar información sobre posibles incumplimientos constitucionales de los aspirantes a través de un formulario en el portal del INE.
Las posibles causales de inelegibilidad están relacionadas con tener sentencia firme por diversos delitos (violencia, sexuales, familiar), haber sido sancionado por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, ser deudor alimentario moroso, estar prófugo de la justicia, o tener una sentencia que suspenda derechos políticos.
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La consejera electoral Carla Humphrey ha criticado que el requisito de "sentencia firme" es insuficiente en un país con alta impunidad y que la legislación podría estar "mal planteada". Destacó que los vínculos con el crimen organizado son una "alerta" y "detonante" en el modelo de riesgos del INE. El proceso de revisión, que finalizará detalladamente la fiscalización el 28 de julio, enfrenta retos como la falta de tiempo y recursos.