El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que dará un plazo de tres días naturales a los aspirantes al Poder Judicial cuyas candidaturas enfrenten acusaciones o se encuentren en supuestos legales que les impiden participar. Esto, para que puedan ejercer su derecho de defensa y presentar la documentación que consideren oportuna.
Esta medida forma parte del proceso establecido por el organismo para revisar las candidaturas de la elección de jueces, magistrados y ministros, que tendrá lugar el próximo 1 de junio.
El INE detalló que la notificación a los candidatos se realizará vía correo electrónico o en su domicilio. La Secretaría Ejecutiva, con el apoyo de los consejos locales y distritales, será la encargada de enviar estas notificaciones.
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El proceso del INE para atender denuncias
El mecanismo implementado por el INE para la revisión de candidaturas implica que un grupo interdisciplinario realice la verificación del requisito de elegibilidad. Este grupo está coordinado por la Secretaría Ejecutiva e integrado por diversas áreas técnicas del Instituto, como:
- La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
- Las direcciones ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos; de Asuntos Jurídicos; y del Registro Federal de Electores
- Las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral y de Servicios de Informática
- La Coordinación Nacional de Comunicación Social
En caso de detectar irregularidades, se notificará a la persona candidata, quien tendrá el mencionado plazo de tres días para manifestar lo que a su derecho convenga y exhibir documentación. El INE presentará un primer corte con los hallazgos de este proceso el próximo 12 de mayo.
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Participación ciudadana y de OSC
El instituto ha hecho un llamado a la ciudadanía y a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para aportar información sobre posibles incumplimientos constitucionales de los aspirantes. Para ello, se ha habilitado un formulario en el portal del INE. Este formulario está disponible desde el 24 de abril y lo estará hasta la etapa de asignación de cargos.
Para acceder, se debe visitar el portal del INE, ir al apartado del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación, luego a la sección "personas candidatas", hacer clic en "Información ciudadana 8 de 8", y después en el botón morado "Ingresa al formulario".
El formulario solicita datos como el nombre completo del candidato, el cargo, el delito o motivo de la señalización, y el lugar de los hechos. Permite adjuntar información como número de expediente, sentencia u otros elementos. La ciudadanía y las OSC pueden presentar la información que consideren conducente hasta la entrega de las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras.
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Causales de inelegibilidad ("8 de 8 contra la violencia")
Las posibles irregularidades que podrían llevar a la invalidación de una candidatura, e incluso de un triunfo, están relacionadas con los supuestos contenidos en el artículo 38 de la Constitución y el 456 o 442 Bis de la LGIPE. Estos supuestos son parte de la política conocida como "8 de 8 contra la violencia". Incluyen:
- Tener sentencia firme por delitos contra la vida y la integridad corporal.
- Tener sentencia firme por delitos contra la libertad y seguridad sexuales.
- Tener sentencia firme por delitos contra el normal desarrollo psicosexual.
- Tener sentencia firme por violencia familiar, equiparada o doméstica.
- Tener sentencia firme por violación a la intimidad sexual.
- Haber sido sancionado por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) en cualquiera de sus modalidades y tipos.
- Ser declarado como persona deudora alimentaria morosa.
- Estar prófuga de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal.
- Contar con una sentencia ejecutoria que imponga como pena la suspensión de derechos políticos y electorales.
Cada candidato debe presentar una carta bajo protesta de decir verdad afirmando no estar en ninguno de estos supuestos, además del certificado de no ser deudor alimentario moroso. El INE consultará a autoridades competentes en caso de señalamientos y ofrecerá garantía de audiencia.
Críticas y retos del proceso
La consejera electoral Carla Humphrey ha señalado los desafíos y las limitaciones del sistema actual. Criticó que la condición de "sentencia firme" como requisito para retirar candidaturas es insuficiente en un país con más del 94% de impunidad.
Considera que la legislación, incluyendo la ley 8 de 8, puede estar "mal planteada", requiriendo una "visión más amplia", ya que no todos los procesos penales terminan en sentencia y ciertas infracciones, como la violencia de género, suelen ser administrativas.
Asegura que si bien la presunción de inocencia no es absoluta, hay colegas que sostienen que la Constitución exige la sentencia firme. Humphrey destacó que los vínculos con el crimen organizado son una "alerta" y un "detonante" dentro del modelo de riesgos del mecanismo de fiscalización.
Sin embargo, la revisión detallada de fiscalización finalizará el 28 de julio. Entre los retos de este proceso inédito se encuentran la falta de tiempo y recursos, además de debates internos sobre qué hacer en casos de empates o candidaturas retiradas.
Casos específicos de candidatos denunciados
Diversas organizaciones, como Defensorxs, Laboratorio Electoral y Politiklab, han presentado denuncias ante el INE señalando a candidatos que, según ellas, no cumplen con el requisito constitucional de buena reputación.
Argumentan que personas que defienden o están vinculadas con integrantes del crimen organizado carecen de la imparcialidad necesaria para ser juzgadores. Entre los casos denunciados se encuentran:
- Andrés Montoya García: Acusado de vinculación con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota.
- Jesús Humberto Padilla Briones: Detenido en 2023 con droga y arma de fuego y procesado por narcomenudeo, aunque obtuvo suspensión en 2024.
- Fernando Escamilla Villarreal: Señalado como defensor legal de Miguel Ángel Treviño "el Z40" y Eleazar Medina Rojas "El Chelelo".
- Francisco Herrera Franco: Conocido como el "fiscal del terror", acusado de presionar a autoridades mazahuas para reunirse con un grupo delincuencial, vinculado a amenazas a medios y señalado en relación con la muerte de dos periodistas.
También denuncian que hay candidatos vinculados a la iglesia La Luz del Mundo, cuya organización es dirigida por Naasón Joaquín García, procesado por abuso sexual infantil. En este caso se mencionan varios nombres, acusados de no cumplir con el requisito de buena reputación y usar el apoyo de la iglesia para hacer campaña.
Entre ellos están: Eluzai Rafael Aguilar, Karina Sánchez Ruiz, Cesiah Keren León Rocha, Madián Sinaí Menchaca Sierra, Betzabeth Almazán Morales, Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza, y Job Daniel Wong Ibarra, quien también es señalado por ser ministro de culto.
Otros perfiles mencionados incluyen a Nicolino Cangiamila (acusado de encubrir un feminicidio) y Edgar Agustín Rodríguez (señalado por abuso sexual). También se ha señalado a Silvia Rocío Delgado García, abogada de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Además se ha advertido que, debido al diseño de la elección, algunas candidatas podrían estar virtualmente electas al ser las únicas postulantes para ciertos cargos.
Senado impugnará candidaturas
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que presentará impugnaciones contra "un puñado" de candidaturas a la elección judicial.
Afirmó contar con "información sólida" para solicitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la revisión de candidaturas que, según él, han favorecido a grupos del crimen organizado o que no son idóneas.
Señaló que se impugnaría alrededor de una veintena de candidaturas vinculadas a amparos que han permitido la liberación de narcotraficantes.
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La intención es que estos aspirantes no sean contemplados en la elección del 1 de junio, incluso si sus nombres ya están en las boletas impresas.
Fernández Noroña reconoció que algunos aspirantes que incumplen requisitos pasaron los filtros de los comités de evaluación, pero que será el TEPJF quien haga la revisión final y determine si se corrige antes o después de la elección.