El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a dos hombres, padre e hijo, con vínculos al sur de Texas, de conspirar para brindar apoyo material a un cártel mexicano, el cual fue designado como organización terrorista extranjera. También se les acusa de conspirar para cometer lavado de dinero y por cargos relacionados con el contrabando de petróleo crudo.
Los acusados son Maxwell Sterling Jensen, de 25 años, de Draper, Utah, y James Lael Jensen, de 68 años, de Sandy, Utah. La acusación penal en su contra fue presentada el pasado 22 de mayo. Y en ella se alega que ambos conspiraron para proporcionar apoyo material al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en forma de moneda estadounidense.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue designado por el secretario de Estado de EU como una organización terrorista extranjera el pasado 20 de febrero.
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Según la acusación, los Jensens supuestamente operaban Arroyo Terminals, una empresa con sede en Rio Hondo. Ambos también están acusados de supuestamente conspirar para realizar transacciones financieras con el fin de ocultar y disfrazar la naturaleza y el origen de las ganancias de bienes de contrabando ilegal, en este caso, petróleo crudo.
Además, supuestamente ayudaron e incitaron a la entrada fraudulenta de aproximadamente 2,881 cargamentos de petróleo en violación de la Ley Arancelaria. La operación de petróleo crudo supuestamente generó millones de dólares y fue descrita como la mayor fuente de financiación para los cárteles mexicanos de la droga.
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Nueva estrategia contra los cárteles centrada en los complices
El fiscal federal Nicholas J. Ganjei declaró que este caso subraya un enfoque más agresivo e innovador para combatir a los cárteles de la droga, que se centra en los cómplices y facilitadores, no solo en los traficantes directos. Varios funcionarios de agencias de aplicación de la ley enfatizaron la importancia del caso para privar a las organizaciones terroristas de financiación y perseguir a quienes facilitan sus operaciones.
La investigación fue un esfuerzo conjunto de múltiples agencias, incluyendo el FBI, ICE-HSI y DEA, con asistencia sustancial de IRS CI, junto con Aduanas y Protección Fronteriza, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.
Esta investigación, que comenzó como una investigación de narcotráfico de la DEA, se convirtió en un caso multifacético. La operación fue denominada Operación Liquid Death y forma parte de la iniciativa nacional Operation Take Back America.
Decomisan petróleo crudo
En el momento de los arrestos iniciales, las autoridades incautaron cuatro barcazas cisterna con petróleo crudo, tres camiones cisterna comerciales, una camioneta de Arroyo Terminal y un vehículo personal.
La propiedad de Arroyo Terminal en Rio Hondo, el petróleo crudo contenido en los tanques de almacenamiento de Arroyo Terminal y otras propiedades inmuebles también están sujetas a decomiso.
La pena que enfrentan
La acusación formal en su contra incluye una notificación de que Estados Unidos buscará una sentencia monetaria de 300 millones en caso de condena.
Las conspiraciones para proporcionar apoyo material y para cometer lavado de dinero conllevan una posible pena de prisión de hasta 20 años cada una. Si son declarados culpables de ayudar e incitar al contrabando de bienes y hacerlo mediante declaraciones falsas, ambos hombres podrían enfrentar hasta 10 y 5 años, respectivamente.
James Jensen también enfrenta un cargo de gasto de dinero lavado, que conlleva 10 años adicionales de prisión en caso de condena. Con la excepción del cargo de lavado de dinero, que tiene la posibilidad de una multa de hasta 500,000 o el doble del valor de la propiedad involucrada, los cargos restantes conllevan una multa máxima potencial de 250,000.
Los fiscales adjuntos de Estados Unidos (AUSA) James Sturgis y Laura Garcia están llevando el caso, mientras que los AUSAs Mary Ellen Smyth y Tyler Foster se encargan de los asuntos de incautación y decomiso.
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Es importante recalcar que una acusación formal es una acusación de conducta criminal, no evidencia. Un acusado se presume inocente a menos que sea declarado culpable a través del debido proceso legal.
VGB