La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha desplegado una Misión de Observación Electoral (MOE) con motivo de las elección judicial del próximo 1de junio encabezada por el excanciller de Chile, Heraldo Muñoz Valenzuela. El diplomático ha liderado previamente otras misiones de observación, incluida la del año pasado con motivo de la elección federal de 2024.
Esta misión, será la octava que la OEA realiza en México, tiene como objetivo observar la primera elección popular de autoridades del Poder Judicial, incluyendo 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y jueces de distrito.
Durante su estancia, la MOE se reunirá con representantes del gobierno, autoridades electorales y judiciales, miembros de la sociedad civil y académicos para conocer diversas perspectivas sobre el proceso electoral. Tras las votaciones, presentará un informe preliminar con observaciones y recomendaciones, seguido de un informe final ante el Consejo Permanente de la OEA.
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Para la elección judicial del próximo domingo se elegirán 900 jueces, ministros y magistrados federales. Además, se ha registrado una participación sin precedentes de observadores electorales, con más de 316,000 solicitudes de acreditación, de las cuales 88,000 ya han sido aprobadas.
Cabe mencionar, que un estudio del Observatorio Electoral Judicial ha revelado deficiencias en el proceso, como inequidad, opacidad y falta de certeza en los resultados, lo que compromete la equidad y legitimidad del voto.
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Contexto: La elección judicial prevista para el 1 de junio, ha sido objeto de intensas críticas y preocupaciones. La Silla Rota ha documentado denuncias de manipulación en estados como Michoacán, donde se acusa al gobernador de imponer jueces y amenazar a trabajadores del Poder Judicial. Además, se ha señalado la participación de candidatos afines a grupos religiosos controvertidos y la baja participación ciudadana, lo que podría facilitar la injerencia de intereses particulares en el proceso. Estas situaciones han generado dudas sobre la transparencia y la equidad de una elección que busca reformar el sistema judicial mexicano.
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