El Gobierno de Nuevo León ha puesto en marcha un operativo electoral para capacitar a empleados públicos y movilizarlos para votar -y hacer que otros voten- por candidatos afines al gobernador Samuel García en la elección judicial del próximo 1 de junio. Las reuniones se realizan en una casa del centro de Monterrey identificada con una placa que dice “Fosfo Fosfo”, lema del mandatario y símbolo de Movimiento Ciudadano.
Una investigación del periódico El Norte documentó cómo, en ese inmueble ubicado en Padre Mier 460, conocido como “Casona Mier”, se instruye a los asistentes -principalmente burócratas- para reclutar al menos 10 personas cada uno, entregarles “acordeones” con los números de los candidatos a marcar en la boleta y, una vez emitido el voto, registrar evidencias fotográficas junto con un código QR personalizado.
Durante una de las reuniones, a la que se infiltró una periodista del medio, se pidió a los asistentes entregar sus celulares a la entrada. Sin embargo, la reportera logró grabar la sesión con un segundo dispositivo. La capacitación fue encabezada por Mayela Chapa, ex candidata local de MC, y otros operadores del partido, incluyendo un colaborador del dirigente estatal Baltazar Martínez.
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“Si yo les doy 15 (acordeones), me tienen que regresar 15. Si me regresan menos, va a haber un problema”, advirtió Chapa.
Los participantes fueron instruidos a participar en simulacros mediante una app, registrar su INE y el de sus reclutados, y votar según las indicaciones recibidas. Los acordeones —con los nombres y números de los candidatos afines— se distribuirán en los próximos días, una vez que se definan los distritos de cada votante.
Además de empleados estatales, también se ha reportado presión en planteles de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Conalep, la Universidad Tecnológica de Santa Catarina y la Preparatoria Militarizada, donde se ha exigido la entrega de credenciales del INE y se ha pedido garantizar el voto por los perfiles definidos desde el gobierno.
Así es el operativo con los funcionarios
En Nuevo León se ha denunciado un presunto operativo electoral, aparentemente impulsado por el Gobierno estatal para favorecer a candidatos afines al gobernador Samuel García en la próxima elección judicial. Las acusaciones han derivado en una serie de denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), que ya investiga posibles casos de coacción del voto.
De acuerdo con testimonios recabados por El Norte y denuncias presentadas ante la autoridad electoral, personal de instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Conalep, la Universidad Tecnológica (UT) de Santa Catarina y la Preparatoria Militarizada, así como trabajadores de dependencias estatales como la Secretaría de Salud y Simeprode, han reportado presiones para participar en un esquema que busca direccionar el voto el próximo 1 de junio.
En estos espacios, empleados y docentes aseguran haber sido convocados por sus superiores para entregar credenciales de elector, asistir a conferencias con contenido político o participar en “simulacros” de votación, en los que deben fotografiar su INE, las boletas y un código QR como comprobante de participación.
Denuncian que les han pedido credenciales de elector
En el Conalep, personal administrativo y docente denunció que se les solicitó recolectar al menos 10 credenciales de elector por persona en los 17 planteles del estado. Los denunciantes, que pidieron anonimato por temor a represalias, señalaron que la petición provino del área jurídica de la institución.
Prácticas similares se reportaron en la UT de Santa Catarina, donde maestros afirman haber sido obligados a asistir a eventos encabezados por Ulises Carlín, actual consejero jurídico del Gobierno estatal y aspirante a ministro. En dichos eventos, se les habrían asignado tareas específicas para reunir contactos y respaldar a candidatos identificados como afines a Movimiento Ciudadano.
En la UANL, algunos estudiantes y profesores señalaron una movilización más discreta, aunque con el mismo objetivo, presuntamente organizada por directivos de facultades como Ciencias Políticas y Medicina.
La FEDE informó que ha recibido más de 10 denuncias —en su mayoría anónimas— por posibles actos de coacción o amenazas por parte de funcionarios de segundo y tercer nivel en diversas dependencias del estado.
Gobernador no se ha pronunciado
Hasta el momento, el gobernador Samuel García no ha fijado una postura pública sobre los señalamientos. No obstante, las investigaciones continúan en curso y, conforme a la ley, el mandatario cuenta con el principio de presunción de inocencia.
Esta elección marcará la primera vez que se elijan jueces federales mediante voto directo. En el caso de Nuevo León, será la única categoría en disputa, ya que la renovación del Poder Judicial local está prevista para 2027.
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Las autoridades han reiterado que cualquier forma de presión o uso indebido de recursos públicos con fines electorales constituye un delito sancionable por la ley.