La elección judicial en Michoacán, que en teoría permitirá a la ciudadanía votar por jueces y magistrados en un ejercicio histórico de participación democrática, está marcada por lo que trabajadores del Poder Judicial del Estado califican como "el fraude electoral más grande y burdo de la historia reciente del estado".
De acuerdo con dos trabajadores del Poder Judicial local entrevistados por La Silla Rota, que por razones de seguridad pidieron el anonimato, el proceso ha sido manipulado desde su diseño por el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla y su secretario de Gobierno Carlos Torres Piña, en complicidad con los otros dos poderes del estado. La denuncia apunta a un acuerdo cupular mediante el cual se han designado de facto a las personas que llegarán a los tribunales, excluyendo en la práctica a la ciudadanía del proceso de elección.
Contexto: la elección judicial del próximo 1 de junio es un proceso inédito que, por primera vez, permite a la ciudadanía votar directamente por jueces, magistrados y ministros, tanto a nivel federal como local. Impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la medida, según el oficialismo, busca democratizar el acceso al Poder Judicial y fortalecer su legitimidad ante la desconfianza de la sociedad. A través de boletas específicas, la población elegirá a personas juzgadoras previamente seleccionadas por los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
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Sin embargo, el proceso ha sido duramente criticado por organizaciones civiles, especialistas en derecho y trabajadores judiciales, quienes advierten que la elección ha reproducido, y en algunos casos agravado, las prácticas de control político y falta de transparencia. Entre las principales preocupaciones están la imposición de candidaturas únicas, la exclusión de perfiles independientes y la ausencia de campañas que permitan un voto informado. A esto se suma la opacidad con la que en algunos estados han manejado las listas finales, lo que, según expertos, pone en riesgo la autonomía judicial y convierte una apuesta democrática en una simulación.
ELECCIÓN JUDICIAL – SIGUE LA COBERTURA COMPLETA
Candidaturas "de unidad"... pero impuestas
Desde la aprobación de la reforma judicial en el Congreso del Estado, se acordó que por cada cargo a elegir del Poder Judicial de Michoacán habría seis candidaturas: dos propuestas por cada poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), ya que a diferencia del proceso federal y de algunos estados, en Michoacán no hubo insaculación (tómbola) de aspirantes, sino que los comités de evaluación de cada uno de los tres poderes depuraron completamente la lista.
Sin embargo, trabajadores judiciales denunciaron que ese diseño fue alterado por un pacto entre el gobernador Ramírez Bedolla, su secretario de Gobierno, el presidente del Congreso Juan Antonio Magaña de la Mora y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia Jorge Reséndiz García, con la participación otros funcionarios como Ignacio Hurtado Gómez, titular del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), y magistrados del Tribunal Electoral del Estado.
Según las denuncias, el objetivo de ese pacto fue reducir al mínimo la competencia real en la elección. A través de un acuerdo entre los tres poderes del estado, se decidió postular a los mismos candidatos en la mayoría de los cargos judiciales, lo que eliminó la posibilidad de una contienda genuina. En lugar de seis aspirantes por puesto —como estaba previsto—, en muchos casos sólo quedaron dos, y en otros, una sola persona.
De esta manera, señalaron los trabajadores judiciales, los espacios fueron distribuidos de antemano entre los distintos poderes y actores políticos, quienes asignaron los cargos a personas cercanas, colaboradores leales, familiares o amigos. “El 85% de los cargos se repiten. Los puestos fueron pactados entre los tres poderes para que llevaran los mismos nombres; es una cosa increíble”, dijo uno de los trabajadores. Detallaron que esto se refleja en mayor medida en el proceso para elegir magistraturas.
En una boleta muestra en poder de La Silla Rota, correspondiente a la elección de magistraturas civiles de la región judicial 5 de Zamora, se puede constatar que sólo hay una aspirante mujer para el cargo, la cual fue propuesta por los tres poderes. Esto mismo se repite en el caso de la región judicial 6 de Zitácuaro, donde sólo hay dos perfiles mujeres para igual número de cargos en disputa. Ambas fueron propuestas por los tres poderes. “Lo que más indignación genera es la aparición de nombres con los tres sellos de los poderes (PE, PJ, PL), lo que indica que fueron elegidos por consenso” dijo uno de los empleados judiciales.
Coacción, amenazas y renuncias
De acuerdo con la denuncia, tras pactar los nombres de quienes ocuparán los cargos, inició una fase de presión para que los candidatos "sobrantes" renunciaran. Las tácticas incluyeron desde despidos, amenazas de cese laboral, ofrecimientos de otros puestos y en los casos más graves, amenazas de muerte contra los postulantes o sus familias. En un documento del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se pueden constatar que hasta el 8 de mayo sumaban 52 declinaciones de aspirantes, un caso sin precedente en el país.
"Nosotros conocemos casos de gente que fue despedida o presionada hasta el punto de temer por su vida. Hay más de 50 renuncias registradas ante el IEM. Es imposible creer que tantos dejaran voluntariamente una magistratura, el cargo más alto del ámbito local", aseguró el mismo empleado.
Una elección sin competencia
En el papel, hay 112 cargos judiciales a elegir en Michoacán: 37 magistraturas y 76 juezas y jueces. Sin embargo, los denunciantes afirman que en al menos la mitad de las magistraturas solo hay un candidato o candidata en la boleta, por lo que la elección ya está decidida. "La gente va a ir a votar, pero ya no hay nada que decidir. Solo hay una opción por cargo, el nombre está solo y respaldado por los tres poderes", dijo el trabajador.
Según los denunciantes, el IEM inicialmente informaba sobre los cambios en las boletas, pero al visibilizarse la maniobra, dejó de hacerlo. "Ya ni siquiera simulan, simplemente no actualizan nada para evitar el escándalo", agregó.
Los trabajadores del Poder Judicial de Michoacán advierten que este proceso debilita aún más a un sistema ya marcado por carencias. "Ahora, además de mal pagados y mal capacitados, tendremos jueces y magistrados sin legitimidad, impuestos por el Ejecutivo y sin independencia."
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También alertan que la ciudadanía pierde confianza en las instituciones. "Qué sentido tiene participar si todo está arreglado desde antes. La elección judicial pudo ser una oportunidad histórica, pero la convirtieron en una farsa".