Por cuatro años (entre de 2019 y diciembre de 2022), el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea desarrolló, como presidente del Poder Judicial federal -que incluye a la Suprema Corte de Justicia-, una estrecha cercanía con el gobierno del presidente López Obrador, gracias a sus buenos oficios para arrancar de magistrados y jueces federales resoluciones contrarias a demandas presentadas por ciudadanos y otras instancias por presuntos abusos cometidos por la autoridad.
Así lo establece el escritor Hernán Gómez Bruera en su libro “El ministro del poder. Un infiltrado en la 4T”, de recién aparición y del cual, con autorización del autor, La Silla Rota presenta hoy un capítulo central.
En abril de 2024 estalló una crisis política al revelarse que el entramado de acoso sobre juzgadores fue coordinado por un estrecho colaborador de Zaldívar: Carlos Alpízar, a quien había nombrado secretario general de su propia presidencia en el Consejo de la Judicatura Federal, organismo con atribuciones para sancionar, multar e incluso suspender a jueces.
Te podría interesar
El capítulo “La lista de Alpízar” del libro de Gómez Bruera expone, con profuso detalle y apelando a testimonios directos de juzgadores, que el referido acoso buscó influir no únicamente sobre litigios en los que el gobierno estaba demandado por ciudadanos o empresas, sino también a favor de políticos de diversos partidos políticos e, incluso, en disputas judiciales multimillonarias entre particulares.
Otras revelaciones del capítulo que se presenta es el uso de los propios jueces para enderezar acusaciones con supuestos adversarios políticos del ministro Zaldívar, entre ellos su antecesor, el también ministro Luis María Aguilar, quien se retiró recientemente en medio de una presión, desde el Congreso incluido, para que renunciara a su pensión.
Te podría interesar
Entre las historias presentadas figuran casos de pundonor por parte de jueces que rechazaron las presiones de Alpízar y cuyos testimonios refieren un periodo “nunca visto” por los propios juzgadores en décadas de ejercicio en sus labores.
En enero de 2023, en el primer día de la nueva presidencia de la Corte, Alpízar fue destituido en forma fulminante. Sin embargo, pocos días después fue nombrado en la Secretaría de Gobernación como “titular de la Unidad de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos”. Con el inicio del nuevo gobierno cesó en su encargo. Arturo Zaldívar es actualmente coordinador general de Política y Gobierno en el Gobierno de la República.
A continuación, el texto íntegro del capítulo 10, “La lista de Alpízar”:
La lista de Alpízar
Tengo confianza en todas las personas con las que he colaborado… ¿Carlos Alpízar? Claro que sí tengo confianza en él, y además lo aprecio.
ARTURO ZALDÍVAR en entrevista con Joaquín LópezDóriga, 15 de abril de 2024
Existen fuertes indicios de que Carlos Alpízar no solo se ocupaba de “asuntos de Estado” o temas estratégicos para la agenda de la 4T. En una muestra de las listas de este funcionario a la que tuve acceso figuran varios asuntos monitoreados por el principal operador de Zaldívar en instancias del Poder Judicial. Si algo llama la atención es que la mayor parte son litigios entre particulares. Lo anterior sugiere que desde las oficinas del secretario general se habría buscado direccionar el resultado de ciertos procesos para hacer presuntos favores o para que alguien obtuviera un beneficio particular. Así, el mecanismo de interferencia en las decisiones de jueces habría sido útil no solo para lograr objetivos políticos, sino también para alimentar el negocio de la justicia en México.
Dedico este capítulo a algunos de los casos que más llamaron mi atención dentro de la lista de Alpízar para ilustrar el tipo de temas a los que el secretario general daba un seguimiento regular en diversas instancias del Poder Judicial. Es importante precisar que el hecho de que ciertas personas, entidades, empresas o instituciones aparezcan en esta lista no implica necesariamente que hayan cometido un acto de corrupción o sean responsables de un ilícito. Pudiera simplemente ser signo de que había interés por parte del presidente de la Corte o de alguien dentro del gobierno por allegarse de información o que por algún motivo —no identificable— se buscaran resolver los litigios en determinado sentido. Según mis fuentes, Alpízar monitoreó estos casos con regularidad y reportaba los avances al presidente de la Corte y, en ocasiones, directamente al consejero jurídico de la Presidencia. Los asuntos que figuran en la lista, como puede verse en el gráfico, son de tres tipos: 1) de interés prioritario para la agenda gubernamental —los mal llamados “asuntos de Estado”—, 2) políticamente motivados y 3) de carácter privado.
PRIORIDADES GUBERNAMENTALES
Desde sus oficinas en el piso 14 Alpízar monitoreó varios asuntos estratégicos para el gobierno de López Obrador, como las obras estratégicas de infraestructura (Tren Maya, Nuevo Aeropuerto, etcétera) o la emisión de decretos y reformas legales, que eran detenidos por algunos jueces señalados por su ideología conservadora, como el ya mencionado caso de la Ley de la Industria Eléctrica con el juez Gómez Fierro. Buena parte de la cercanía que el ministro Zaldívar logró construir con el presidente de la República fue posible a partir de que el primero le ayudó a quitarle algunas de las trabas que constantemente le ponían jueces y magistrados, al destrabar procedimientos que impedían continuar con grandes proyectos, los cuales, de otra forma, habrían permanecido detenidos por un tiempo considerable.
Los diversos litigios entablados por particulares en contra del gobierno por los terrenos donde se construyó el AIFA fueron uno de los asuntos en los que Alpízar puso empeño. Desde sus oficinas se buscaba, por ejemplo, que el gobierno no tuviera que reconocerles a los dueños sus propiedades, evitar pagarles o aminorar los costos. Figura en el listado, por ejemplo, el litigio de un terreno de 19 mil metros cuadrados adyacentes al nuevo aeropuerto, donde los dueños, la familia Echenique Martínez, demandó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para obtener una serie de acciones reparatorias. Un caso similar es la disputa por las 128 hectáreas usadas para la construcción del AIFA dentro de la propiedad del ejidatario Raúl Romero Zenizo, quien se amparó ante el Juzgado Quinto de Distrito de la Ciudad de México, con lo cual consiguió una suspensión en la declaratoria de terreno nacional.
Alpízar y los suyos también monitorearon un litigio relacionado con la construcción de una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, promovido por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, en la bahía de Ohuira. Enormes sumas de dinero estaban en juego en este proyecto que contemplaba una inversión de 200 millones de dólares, donde el gobierno federal también había comprometido 20 mil millones. En alguna mañanera el presidente López Obrador expresó una postura a favor de este proyecto, con el argumento de que los agricultores de Sinaloa y Sonora requerían el fertilizante. La construcción de la planta generó una fuerte polémica. Finalmente, el tema se resolvió cuando el gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo una consulta pública y fue posible destrabar el proyecto.
Otra obra importante para el gobierno de Sheinbaum, que figuraba en los listados, fue el de ampliación de la línea 3 del Metrobús, en el tramo Etiopía-Hospital Xoco, en el Circuito Interior Río Churubusco. Los vecinos de la colonia Santa Cruz de Atoyac, que se oponían a la obra, por supuestamente afectar a los pueblos originarios de Santa Cruz Atoyac y Xoco, presentaron tres amparos para frenarla. En uno de ellos acusaban a las autoridades por no haber hecho la consulta; en otro, por incumplir la normatividad en materia urbana, de movilidad y medio ambiente; y en un tercero exigían los permisos en materia de impacto ambiental. Aparentemente, al final se llegó a un acuerdo político para que la última estación del Metrobús fuera en el cruce de Cuauhtémoc y Municipio Libre, en lugar de hacerse hasta el Circuito Interior. Alpízar también monitoreó el amparo que interpusieron habitantes de Xochimilco en contra del gobierno de la Ciudad de México por la construcción del puente vehicular Periférico Sur y Canal Nacional, en esa alcaldía, donde se reclamaba la violación del derecho al ambiente sano y se acusaba al gobierno capitalino de no atender las medidas del Programa de Manejo del Área Natural Protegida. Pese a que en un inicio el juzgado que conoció del caso concedió una suspensión definitiva, más tarde el gobierno capitalino obtuvo la modificación de la suspensión. El juicio fue sobreseído al haber concluido la construcción del puente vehicular y tras demostrarse que el gobierno había restaurado el daño ambiental generado por la obra.
MOTIVACIÓN POLÍTICA
Existen indicios de que en la oficina de Alpízar también se monitoreaba y operaba para hacer favores a ciertos políticos, perseguir a funcionarios de gobiernos anteriores acusados de corrupción —siempre estratégicamente seleccionados— o promover venganzas de tipo personal. Un caso muy sonado de este último tipo que figura en la lista de Alpízar es el del exsenador panista Roberto Gil Zuarth —exhibido por él mismo en televisión—, perseguido por su viejo amigo, Santiago Nieto. El también exsecretario particular de Felipe Calderón aparecía como imputado en varios asuntos que fueron monitoreados directa mente por los operadores del exministro, quienes aparentemente tenían la instrucción de negarle cualquier amparo y cargar los dados en su contra.
En las listas figuran varios casos más: por ejemplo, el de la exoficial mayor del procurador Murillo Karam, Judith Aracely Gómez Molano. La funcionaria fue acusada por comprar a un sobreprecio de 3.5 millones de dólares el avión Bombardier Challenger CL 600 de lujo, con asientos reclinables de piel, acabados de maderas finas y salón de conferencias, que terminó siendo para uso personal del procurador. Se acusó a la exoficial mayor de haber hecho la compra por medio de un arrendamiento financiero con Banobras, con lo que no se habían garantizado las mejores condiciones para el Estado. Final mente, después de obtener algunos amparos favorables, Gómez Mola no fue vinculada a proceso y el Sexto Tribunal Colegiado en Material Penal en la Ciudad de México confirmó la sentencia. No sabemos si Alpízar operó entre los juzgadores que conocieron este caso. Consulté a uno de los magistrados que entonces integraban el Sexto Tribunal y negó que algo así hubiera ocurrido.
Otro caso de corte político fue el que se siguió en contra Francisco Javier Pérez Maqueda, director general de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal durante la presidencia de Luis María Aguilar, enemigo declarado de Zaldívar. Cuando Zaldívar ya era presidente de la Corte, Pérez Maqueda fue inhabilitado por la Comisión de Disciplina del Consejo por haber recibido dinero y re galos de lujo, y se le impuso una sanción económica por 3.4 millones tras haberse encontrado una enorme suma de dinero en la cajuela de su automóvil. En la oficina de Alpízar se vigiló la conducta de los jueces en asuntos que tenían que ver con la emisión de una orden de aprehensión en contra de este personaje cercano a Aguilar, y con el bloqueo de sus cuentas por parte de la UIF, donde se le investigó por ser presuntamente parte de una red de desvío de recursos a través de empresas fantasmas.
Llama la atención el procedimiento atípico que se le siguió a Pérez Maqueda en lo tocante al bloqueo de sus cuentas, pues en lugar de estudiar la inconstitucionalidad planteada del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito —como generalmente ocurre en casos de bloqueo de cuentas que abren la puerta a obtener un amparo—, el juez Agustín Tello Espíndola, titular del Décimo Primer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, decidió sobreseer el caso con el argumento de que el quejoso debía agotar un recurso administrativo interno de la UIF y luego solicitar el desbloqueo de sus cuentas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si bien Pérez Maqueda había cometido un presunto delito, también resultaba conveniente a los intereses de Zaldívar utilizar políticamente este caso no solo para golpear a su antecesor, sino también para justificar que estaba haciendo una purga en el Poder Judicial que nunca fue tal. Otro caso de posible motivación política monitoreado de cerca por el equipo de Alpízar fue el de Uriel Carmona Gándara, fiscal del estado de Morelos, quien tenía una disputa abierta con el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, y habría de enfrentar serias acusaciones, como haber ocultado un feminicidio. El mandatario habría contado con el apoyo tanto del consejero jurídico como de Zaldívar y Alpízar para deshacerse de su enemigo político, e incluso llegó a recibir varias llamadas amenazantes.
De igual forma, en las listas de Alpízar figuraban varios de los procesos que se le seguían a la exgobernadora Maru Campos, acusada de beneficiarse de la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte. Es sabido que en un principio Zaldívar buscaba que Campos enfrentara a la justicia, de ahí que la maquinaria alpizariana monitoreó particularmente el desarrollo del caso en los juzgados Cuarto y Octavo de Distrito en el estado de Chihuahua. Sin embargo, como se relata en Traición en Palacio, las cosas parecen haber cambiado a partir de que Hugo Scherer, primo y socio del exconsejero, comenzó a trabajar como estratega político de la campaña de la panista y le ofreció un paquete completo que aparentemente incluía la posibilidad de obtener ciertos favores en el ámbito de la justicia. En esa lógica, Julio habría operado directamente a favor de Maru Campos para permitirle librar una serie de causas penales en su contra, con lo que finalmente pudo convertirse en candidata y luego en gobernadora de la entidad.
Otro de los asuntos políticos en los que Alpízar se involucró fue el que promovió la Secretaría de la Función Pública en contra de cuatro exfuncionarios de Pemex que venían desde la administración anterior. Uno de ellos es Miguel Ángel Lozada Aguilar, director general de Exploración y Producción, a quien la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, había acusado por omisiones en sus declaraciones patrimoniales entre 2014 y 2017, también como funcionario en la paraestatal. El tema había generado una fuerte disputa al interior del gobierno porque la denuncia fue presentada por una aliada de Rocío Nahle, la cual mantenía un pleito con el director de Pemex, Octavio Romero. Según mis fuentes, Alpízar operó para que se diera carpetazo al asunto a pedido de Julio Scherer, quien a su vez tenía cercanía con la directora jurídica de Pemex, María Elena Zarza.
En las listas de Alpízar figura también un litigio personal que afectaba a la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, la exdiputada del Partido Verde Sara Paola Félix Díaz, conocida por haber sido obligada a renunciar a su puesto en noviembre de 2021 por volar en un avión privado para asistir a la escandalosa boda entre Carla Humphrey y Santiago Nieto, en Antigua, Guatemala. En un pleito contra el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, Félix fue demandada por daño moral y condenada en segunda instancia a pagar un millón de pesos por una serie de declaraciones formuladas durante la campaña de 2018. Al promover un amparo directo, sin embargo, los abogados de la exsecretaria habrían falsificado la firma de su cliente, en lugar de que ella lo hiciera, según puede verse en el expediente. Ese hecho bastó para que los abogados de Ruvalcaba pudieran solicitar una prueba pericial donde quedó demostrada la falsedad de la firma, y se terminó por sobreseer el juicio.
A tal punto parece que Zaldívar habría intentado ayudar a Félix Díaz en este asunto que admitió en la Primera Sala un amparo directo en revisión, promovido por sus abogados ante la Suprema Corte, pese a que en estricto sentido no se trataba de un auténtico tema de constitucionalidad, según explica un funcionario de la institución. Incluso la admisión suena incongruente frente a la reforma judicial que el propio Zaldívar promovió en 2021, la cual limitó considerablemente la admisión de recursos de revisión en amparo directo ante el máximo tribunal. Existen también elementos para considerar que Alpízar habría hecho varios favores políticos a las Fuerzas Armadas, tanto de carácter institucional como personal. Un ejemplo es el caso de un general de la Guardia Nacional, dueño por medio de un prestanombres de un edificio en el centro de la Ciudad de México, para quien le solicitaron a la magistrada María Emilia Molina resolver un conflicto con la tienda Forever 21, la cual tenía adeudos de rentas. El caso en cuestión también se menciona en la denuncia anónima y es abordado en el capítulo 12.
Vale la pena recordar que, a partir de información obtenida por los “Sedena Leaks”, el periodista Iván Alamillo dio cuenta de cómo la Sedena recurrió a Carlos Alpízar en casos tan relevantes como el del general Salvador Cienfuegos y el de Javier Duarte. Según el periodista, a través de la jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos, se solicitaron resoluciones favorables en temas de interés para la institución castrense.
De acuerdo con Alamillo, al menos en dos ocasiones, entre junio y diciembre de 2021, la jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena envió oficios sin firma ni membrete a la cuenta de correo fershiee096@gmail.com, en donde solicitaba la intervención del secretario general de la presidencia de la Corte en asuntos relacionados con el expediente de Cienfuegos y el rancho Las Mesas, una propiedad que le fue incautada en Valle de Bravo a Moisés Mansur Cysneiros, presunto prestanombres del exgobernador de Veracruz.
En un oficio enviado el 22 de junio de 2021, la Sedena solicitaba a Alpízar “su valioso apoyo para que se obtenga una resolución que favorezca los intereses institucionales”. La Secretaría de la Defensa pretendía que Rosa González Valdés, magistrada presidenta del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, revocara un amparo interpuesto por Bryan Carlos LeBarón Johns para poder conocer el expediente completo del general, pues la FGR solamente había difundido una versión testada. Aparentemente las gestiones de Zaldívar no surtieron efecto, pues el 26 de junio de 2021 el Tribunal Colegiado respaldó la admisión de la demanda de amparo de LeBarón Johns. De hecho, González Valdés continúa como magistrada en el mismo órgano jurisdiccional. Pese a que la contacté para conocer su versión sobre el asunto, la juzgadora rechazó hacer cualquier comentario al respecto.
Otro de los favores que la Secretaría de la Defensa le solicitó a Alpízar fue el de negar un amparo a través del cual Mansur Cysneiros, el presunto prestanombres de Duarte, buscaba recuperar el 33% del rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, que un juez de control federal había declarado en abandono a favor de la Federación en la causa penal 97/2016. Como los militares querían usar este terreno, que el gobierno de Veracruz le había cedido a la Sedena en 2021, recurrieron a los “buenos oficios” de su amigo Alpízar. Así, el 4 de diciembre de ese mismo año, la jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena dirigió un oficio en el que le solicitaba al operador de Zaldívar “su apoyo e intervención, a fin de que se niegue la suspensión definitiva y en su momento se niegue el amparo solicitado por los quejosos”.
La demanda de amparo promovida por Mansur se había turnado inicialmente al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, encabezado por la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña. Según el testimonio que la juzgadora ofreció a NMás, el operador de Zaldívar la citó para decirle que estaban muy preocupados por el asunto.
—Está usted refiriéndose al asunto del señor Duarte, donde va promoviendo un señor que se dice, se dice, no estaba acreditado, que era un prestanombres —habría señalado la juzgadora.
—No, no nos interesa eso —respondió Alpízar—. El punto es el rancho, no puede estar parado por una decisión de usted.
La jueza asegura que se sintió intimidada a tal grado que contestó:
—Ahorita no puedo hacer nada, y, si pretende que haga yo otra cosa, prefiero jubilarme. Ya tengo el tiempo básico para la jubilación. La jueza relató a Televisa que estaba próxima a cumplir 23 años como juzgadora, y nunca en casi 23 años había recibido una llamada de ese tipo o le habían pretendido dar instrucción directa para un asunto de esa naturaleza.
Al final, el caso fue remitido al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encabezado por el juez Eutimio Ordóñez Gutiérrez. Según la denuncia anónima, Ordóñez Gutiérrez es parte del grupo de juzgadores que habrían acudido a reuniones en el rancho de Alpízar, donde este buscaba influir en los asuntos que le interesaban al ministro Zaldívar. No es de extrañar que finalmente el juez le negó el amparo a Mansur, tal y como lo había solicitado la Sedena, que, en mayo de 2023, logró asumir el control de la propiedad después de una larga batalla legal. Otro caso de motivación política muy sonado, que figura en la lista Alpízar, es el de la exjefa de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora, funcionaria cercana a Osorio Chong, a quien se acusó, junto con Jesús Orta, por un desvío de recursos de más de 2 mil 500 millones de pesos. El asunto rápidamente avanzó y se giraron órdenes de aprehensión. Pese a que Martínez Zamora no era la única involucrada en los presuntos desvíos, el proceso solo avanzó contra ella, lo que ha hecho pensar que se buscaba presionar a Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI, para intentar obtener votos de los legislado res de su partido en el intento de Zaldívar por ampliar su mandato, como finalmente ocurrió. El caso se trata con más amplitud en el capítulo 11, donde reproduzco el testimonio del juez Roldán.
NEGOCIOS PRIVADOS
La lista de Alpízar incluye una serie de asuntos privados o negocios particulares relativos a conjuntos residenciales, empresas desarrollado ras y medios de comunicación, entre otros. Aunque no hay pruebas materiales de ello, algunas de las fuentes creen que en algunos de estos asuntos el exsecretario general de la presidencia del CJF estaría operando para hacer algún favor o incluso obtener un beneficio personal o recompensa. Como ya he señalado, el hecho de aparecer en la lista no implica que las personas o empresas mencionadas hayan cometido un ilícito. Se trata simplemente de señalar elementos que despiertan dudas que deberían ser aclaradas.
Un ejemplo en ese sentido es la demanda que interpusieron, en Monterrey, varios integrantes de la familia Sada Salinas (figuran en el expediente los hermanos Jorge Alberto, Ismael Miguel, Jesús Raymundo, María Alexandra, Sergio Mauricio, Rogelio Vicente, David Eugenio, Rubén Simón y María Estela Sada Salinas) en contra del gobierno federal, en la que solicitaban el pago de una indemnización derivada de la expropiación de un terreno que ocurrió hace casi 100 años, en tiempos del presidente Calles, cuando se estableció allí un campo militar. Como en los años setenta el terreno pasó a manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en 1975 la familia solicitó, sin éxito, revertir la expropiación con el argumento de que la propiedad ya no estaba siendo usada por las Fuerzas Armadas para el propósito original establecido en el decreto expropiatorio. Décadas después, en 2012, la familia revivió el caso a través de un amparo indirecto, donde se argumentaba que nunca habían sido 191 indemnizados por la expropiación. Tras un prolongado litigio, en 2018 un tribunal colegiado les dio la razón a los Sada Salinas, estableciendo que debía tomarse como referencia el valor comercial del terreno, sin precisar si este debía calcularse al valor actual o al de la fecha de la expropiación.
Durante la ejecución de la sentencia de amparo la jueza ordenó abrir un incidente para calcular el monto de la indemnización y determinar qué valor habría de tomarse como referencia. Para ello, la juzgadora solicitó a cada una de las partes (Hacienda y la familia Sada) elaborar un peritaje en materia de valuación de inmuebles, y le requirió a la Fiscalía General de la República realizar el peritaje oficial. De una forma por demás sospechosa, la SHCP presentó un peritaje calculado en apenas 12 millones 449 mil, tomando como referencia el valor de la propiedad en 1928. Sin embargo, la secretaría hizo esto último de manera deficiente e incompleta, pues su “experto” jamás pudo acreditar tener los conocimientos técnicos como perito valuador, como se reveló durante el incidente del juicio. En contraste, el perito de la familia Sada Salinas presentó un peritaje que cumplía con todas las formalidades legales, pero el monto ascendía a la estratosférica suma de 754 millones, calculado supuestamente a valor presente. Aunado a lo anterior, el perito de la FGR presentó un dictamen por una cantidad mucho mayor (mil 106 millones de pesos), que dos meses después extrañamente redujo a 13 millones de pesos.
El 13 de julio de 2023 la titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Blanca Lobo Domínguez, no habría tenido más opción que inclinarse por el avalúo de los Sada Salinas, cuyo valuador era el único que cumplía con las formalidades legales, frente a un peritaje oficial inconsistente y otro de Hacienda hecho sin el expertise necesario. Probablemente para evitar un enorme boquete a las finanzas públicas, el Décimo Segundo Tribunal Colegia do en Materia Administrativa revocó la resolución del incidente de la jueza Blanca Lobo, que condenaba a pagar la estratosférica suma, bajo el argumento de que la juzgadora debía haber requerido a Hacienda que su perito exhibiera las credenciales que pudieran acreditarlo como perito en la materia. Nada de esto suena lógico y sí un tanto sospechoso. ¿Quién habrá orquestado el esquema jurídico para que la jueza Blanca Lobo no tuviera otra opción que inclinarse por el valor catastral del inmueble propuesto por los quejosos?
Carlos Alpízar debería explicar si la razón para monitorear este asunto era evitar un fraude a las arcas públicas o si se trataba de una estratagema, finalmente frustrada, para que alguien hiciera un muy buen negocio a partir de una operación calculada de antemano. Si viviéramos en Suecia o en Dinamarca, o si el autor de este libro no lo hubiera escrito bajo persecución judicial y amenazas, se lo hubiera preguntado. En cualquier caso, es importante mencionar que los tres dictámenes periciales se rindieron cuando Arturo Zaldívar ocupaba la presidencia del CJF: el oficial en septiembre de 2021, el de Hacienda en noviembre, y el de la familia quejosa en diciembre. Indudablemente, este es otro de los asuntos que el ministro y su operador tienen que explicar.
Otro asunto que figura en la lista de Alpízar es un complejo y enredado litigio entre Juan Ortega Chávez y la constructora El Dorado Tlanepantla, S. A. de C. V., sobre la propiedad de un predio de 30 hectáreas de alta plusvalía que la constructora —aparentemente protegida por el gobierno de Alfredo del Mazo— no habría pagado a sus propietarios en una operación de compraventa, como se des prende del contenido que circula en redes sociales. No es claro, sin embargo, si los juzgadores que conocieron este caso fueron de algún modo presionados para resolver en un sentido u otro. Puedo confirmar que me acerqué a uno de ellos, quien, a pesar de haber negado recibir algún tipo de presión, se mostró muy nervioso cuando le pregunté sobre el tema y pude percibir que le temblaban ligeramente las manos. En cualquier caso, es importante mencionar que este no es el único asunto de interés económico en el Estado de México que figura en las listas de Alpízar, donde este mismo personaje inició su carrera como magistrado administrativo, muy ligado al PRI de esa entidad.
Figura también el caso de Constructora Túnel de Coatzacoalcos (CTC), un gran consorcio contratado por el gobierno de Veracruz para desarrollar la obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, y a cuyos directivos —Antonio López Castro, Daniel Carmona Campos y Enrique Díaz Valdés— se les giraron órdenes de aprehensión en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por el delito de administración fraudulenta en agravio de dos de sus accionistas: Obras Portuarias de Coatzacoalcos y Matrix Concesiones, S. A. de C. V. En 2004, durante el gobierno de Miguel Alemán Velasco, CTC ganó una licitación con el gobierno de Veracruz para la construcción del túnel. La obra se demoró más de lo previsto y se incurrió en una deuda con el consorcio, la cual lo llevó en 2014 a promover un juicio contencioso administrativo por un adeudo de 830 millones de pesos, del cual eran parte Obras Aeroportuarias y Matrix.
En 2015, durante el gobierno de Javier Duarte, el gobierno del estado llegó a un polémico acuerdo con CTC, por el cual le ofreció la concesión de la obra por 45 años, el máximo permitido por ley, a cambio de firmar un memorándum de entendimiento donde desistieran de los litigios pendientes. Con esa decisión, sin embargo, el consorcio dejaba desamparados a los dos accionistas inconformes, que no podrían cobrar 83 millones, en el caso de Matrix, y 166 millones en el caso de Obras Aeroportuarias. Tras girarse las órdenes de aprehensión en su contra, los directivos de CTC promovieron un amparo que llegó en marzo de 2021 al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, donde la jueza que conoce del caso extrañamente decidió otorgarles la protección de la justicia federal a los directivos de CTC, por considerar que el juez de control de la Ciudad de México no tenía competencia para emitir la orden reclamada.
Lo anterior se justificó sobre la base de que las operaciones efectuadas por el consejo de administración de CTC se llevaron a cabo en el estado de Veracruz. El criterio pareciera cuestionable, pues el convenio modificatorio entre el gobierno de Veracruz y CTC se firmó en la Ciudad de México y “cuando el hecho punible inició su ejecución en un lugar, pero se consumó en otro, el conocimiento corresponde al órgano jurisdiccional de cualquiera de los dos lugares”, como más tarde habría de señalarse en la revisión penal del caso.
Los socios inconformes, Matrix y Obras Portuarias de Coatzacoalcos, promovieron una revisión, la cual fue turnada al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. A partir de este momento, desde el Consejo de la Judicatura se habría operado para favorecer al consorcio en detrimento de los socios agraviados. Según fuentes del colegiado en cuestión, el magistrado Reynaldo Manuel Reyes Rosas, quien para entonces también fungía como presidente del colegiado y era el ponente del caso, había preparado un proyecto para revocar el amparo. Aparentemente, este juzgador recibió una invitación de parte de Constancio Carrasco, con todo pagado, para dar una conferencia sobre tortura en Tapachula, Chiapas, ante funcionarios de la Secretaría de Marina. Las fuentes señalan que, al volver de su comisión, el magistrado se encontró con el llamado “duodécimo ministro” y le agradeció la invitación. Inmediatamente después, Carrasco le comentó del asunto que tenía que resolver y le pidió confirmar la sentencia de amparo. Molesto y contrariado, el magistrado se apartó sin decir nada. Seguramente en ese momento entendió por qué lo habían mandado a Chiapas. ¿Habrían querido comprarle un favor por tan poco?
Según testimonios, esta no fue la única ocasión en la que le habla ron del asunto al magistrado Reyes Rosas. También Alpízar lo buscó para referirse al tema para pedirle que le metiera “ganas al asunto”. Finalmente, el litigio salió en contra de la línea que habrían pretendido imponer Carrasco y Alpízar. No hay evidencia de que el presidente del colegiado haya sido objeto de represalias por su actuación.
En las listas de Alpízar aparecen también varios asuntos vinculados al abogado Ulrich Richter Morales. En Traición en Palacio se dan a conocer versiones de abogados pertenecientes a despachos de élite que afirman que este penalista, egresado de la Libre de Derecho, habría recibido la ayuda del exconsejero jurídico de la Presidencia en el polémico caso que sostiene desde 2015 en contra de Google, a la que demandó por negarse a bajar un blog difamante que usurpaba su identidad, llamado Ulrich Richter y sus chingaderas a la patria. La oficina de Alpízar monitoreó al menos el recurso de revisión 83/2020, derivado de un amparo que interpuso Richter en contra de un juez de control del tribunal de Rafael Guerra, para que se revisara una acusación que formuló en contra de Google México por supuesto fraude procesal, al haber señalado en el juicio civil que no contaba con un domicilio en México.
Resulta interesante observar que el nombre de Richter aparece dos veces en las listas de Alpízar, incluso en asuntos donde actuaba como litigante. Figura un asunto en el que se enfrentó a Gastón Luis Azcárraga Andrade, por las operaciones de fraude que llevaron a la quiebra a Mexicana de Aviación el 28 de agosto de 2010. En este caso Richter representaba a la Subprocuraduría Fiscal, a la Secretaría de Hacienda, así como a la Asociación Sindical de Pilotos Aviado res (ASPA), las cuales habían promovido una inconformidad en contra del cumplimiento a un amparo otorgado al dueño de Mexicana de Aviación por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito que le impedía caer en prisión. La oficina del secretario general de la presidencia del CJF observó las actividades del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, donde se conoció el recurso de inconformidad, el cual —en contra del interés guberna mental— fue declarado infundado.
Litigios donde la UIF había llevado a cabo bloqueos de cuentas también fueron monitoreados por Alpízar. Un caso relevante es el de Neolinx de México, S. A. de C. V., una empresa mexicana que, según información publicada en la prensa, le vendió equipo de espionaje al gobierno de Peña Nieto entre 2014 y 2015, y más recientemente ha sido señalada por actuar como intermediaria entre la FGR y el conglomerado israelí Rayzone Group para adquirir equipo de espionaje. En agosto de 2020 la UIF de Santiago Nieto decidió bloquear las cuentas de esta empresa por considerar que, junto a otras firmas, había sido parte de un esquema dirigido por Genaro García Luna por medio del cual constituyeron empresas fachada para enviar el dinero a paraísos fiscales.41 Frente a ello, la empresa tramitó un amparo, que en revisión le fue concedido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Allí se determinó que con la información remitida por la UIF no se lograba demostrar el vínculo de esta empresa con autoridades extranjeras.
Alpízar también monitoreó el mediático caso de Colina del Perro, ubicado en Paseo de los Laureles 278, en Bosques de las Lomas. Se trata de un edificio de 34 pisos que se pretendía construir a través de un fideicomiso en Banca Mifel, cuyo apoderado legal era Ely Cohen. El proyecto, que se construiría justo en el sitio donde vivió el expresidente José López Portillo, excedía por mucho los tres pisos permitidos en la zona. Ante las denuncias y la presión vecinal, las autoridades suspendieron la construcción y la fiscalía capitalina emitió medidas de aseguramiento para detener las obras. En las listas del operador de Zaldívar figura un litigio en particular, en el que el juez segundo de distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Antonio González García, le concedió un amparo a los dueños del fideicomiso justificado por uno de esos formalismos que en México suelen usarse para asegurar la impunidad: por error del Ministerio Público. Este, en lugar de poner la dirección correcta del predio en Paseo de los Laureles 278, asentó Paseo de Laureles 268. La sentencia fue confirmada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Uno de los integrantes de este colegiado, con el que entré en contacto, justificó la decisión con argumentos muy formalistas y negó haber recibido cualquier tipo de presión para fallar en este sentido. Tiempo después, por una decisión de la primera sala ordinaria jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se ordenó demoler la construcción irregular.
Un caso paradigmático en las listas de Alpízar y en la denuncia anónima es el de C&A México vs. Cabi Culiacán, propietaria del centro comercial Fórum Culiacán. La principal víctima de presiones en este caso fue la magistrada María Emilia Molina, quien entonces integraba el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, en Sinaloa. Frente a sus resistencias a resolver a favor de Cabi, como se lo solicitó un integrante del equipo de Alpízar, la juzga dora terminó por ser adscrita a otro colegiado en la Ciudad de México.
Al final el asunto fue resuelto por los magistrados Angélica Ramírez Trejo (presidente y ponente), Marina Amalia Rendón Luna (secretaria de tribunal en funciones de magistrada) y Carlos Arturo González Zárate. Trato este asunto en el capítulo 12.
Otro más de los temas monitoreados por el operador de Zaldívar fue el recurso de apelación 303/2021, el cual tiene que ver con un juicio mercantil por medio del cual la empresa Miaf Logistics and Legal Strategies, una firma que brinda servicios legales y cabildeo, demandó por 2 millones 319 mil dólares de servicios no pagados a dos firmas italianas de gas y petróleo llamadas Sicilsaldo y Nuova Ghiz zoni, las cuales estaban involucradas en la construcción de un gasoducto entre Chihuahua y Sonora. En la primera instancia el juez décimo cuarto civil en la Ciudad de México, Guillermo Campos Oso rio, condenó a Sicilsaldo y Nuova Ghizzoni a pagar el adeudo con un recargo del 6% anual, sentencia que fue confirmada en segunda instancia por la secretaria en funciones del Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Penal, Carmen Patricia Chávez. Obtener el fallo para el pago de este adeudo tomó un tiempo considerablemente mayor que el normal, aparentemente por las trabas que habría intentado ponerle al caso el operador de Zaldívar.
TEMAS FISCALES
Pese a su aparente lealtad frente a la agenda obradorista, la maquinaria alpizariana pareciera haber jugado en contra de uno de los objetivos más importantes para la 4T, como ha sido el cobro de impuestos. Más que operar para favorecer las arcas públicas en este terreno, algunos de los litigios que figuran en la lista de Alpízar sugieren que el operador de Zaldívar habría hecho gestiones a favor de ciertos particulares e impedido que las autoridades pudieran cobrar créditos fiscales.
Un ejemplo aparece mencionado en la declaración de Arturo Guerrero Zazueta, quien revela cómo el operador de Zaldívar hizo esfuerzos por incidir en el recurso de revisión de un crédito fiscal por 62 millones de pesos de la Comercializadora Antel, que vende servicios para la detección de cáncer de mama. Según el testimonio de quien fuera el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo, la presión se centró en el magistrado Marco Antonio Bello, en el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Al final de todo el proceso la empresa terminó pagando una suma cercana a los 12 millones de pesos, muy por debajo de la originalmente estimada.
Otro de los tantos casos donde Alpízar extendió sus redes de in fluencia es el del club de golf Lomas Country, en su natal Estado de México, donde se disputaba otro crédito fiscal por 239 millones de pesos. La empresa deudora estaba representada por un influyente despacho comandado por María de los Dolores Aguinaco Bravo, hija del exministro José Vicente Aguinaco. Según pude reconstruir a partir del testimonio de juzgadores involucrados en el litigio, el abogado hidalguense Emmanuel Rosales, un exmagistrado perteneciente a este despacho, cabildeó intensamente este asunto en el Poder Judicial e incluso “se presentó al tribunal que llevaba el caso a formular alegatos de oídas empleando su título de magistrado”
En un primer momento, Lomas Country Club le solicitó al SAT declarar la prescripción del crédito señalando que no se le había re querido el pago. Ante la falta de respuesta, el despacho Aguinaco Bravo promovió un amparo que fue turnado al juez segundo de distrito en el Segundo Circuito, Fernando Ibarra Gómez, quien excediéndose en la litis del caso terminó por hacer un minucioso análisis del asunto para favorecer al club con argumentos que ni siquiera aparecían en la demanda presentada originalmente. Una de las personas juzgadoras involucradas en el asunto consideró esta conducta como algo por demás atípico, que muy pocas veces le había tocado ver a lo largo de su carrera, e incluso llegó a considerarlo como uno de los casos “más desaseados” que le había tocado constatar a lo largo de su carrera.
Llama la atención que el juez Fernando Isaac Ibarra Gómez, que otorgó el amparo a Lomas Country Club en julio de 2021, muy poco tiempo después ascendió a magistrado. El caso le fue turnado en el mes de enero; en febrero salió la convocatoria, y el 21 de junio Ibarra Gómez resultó vencedor del proceso, al mes siguiente de haber dicta do sentencia. Hoy Ibarra Gómez es magistrado en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la Ciudad de México.
La hipótesis se refuerza al observar que la actuación del mencionado juez no fue precisamente celebrada en este caso, pues, en segunda instancia, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito le enmendó la plana al juzgador por haber introducido argumentos novedosos sobre la suspensión de la prescripción que no habían sido expuestos directamente por Lomas Country Club, es decir, por haber actuado de forma oficiosa para suplir una serie de deficiencias en la ampliación de la demanda del club, como puede leerse en el recurso de revisión,50 pese a no estar en una condición de clara desventaja social para su adecuada defensa como lo dispone la Ley de Amparo.
Tuve también conocimiento del caso de Ernesto Álvarez Morphy, de quien entonces existían sospechas al interior del gobierno de haber sido prestanombres de Angélica Rivera, pues aparentemente habría cubierto el impuesto predial de un departamento a nombre de la primera dama en Miami. Al inicio del sexenio obradorista las autoridades comenzaron una investigación contra este personaje por fraude fiscal equiparable, al no enterar 11 millones del impuesto sobre la renta. Según una fuente de la Procuraduría Fiscal, el asunto tenía que ver con una venta de vacunas a sobreprecio en una operación en la que se calculaba que había un “moche” cercano a los 30 millones, el cual había arrojado una deuda al fisco. Cuando el juez conoció el asunto, Álvarez Morphy había pagado ya los 11 millones de adeudos, pero lo había hecho de forma tardía, justo entre la presentación de la denuncia y su judicialización, cuando seguramente le dieron el “pitazo”. Como se advierte en el expediente del caso, el 24 de febrero el subprocurador Juan Ramos solicitó a un juez de control autorizar una serie de actos de investigación; al mes siguiente, el 26 de marzo de 2020, Álvarez Morphy transfirió al fisco 8 millones 800 mil y el 19 de mayo transfirió el resto de su adeudo.
¿Cómo es que el imputado supo la cantidad exacta que debía pagarle al fisco? Fuentes consultadas creen que alguien —quizás algún infiltrado en la FGR o algún funcionario del famoso piso 14— tuvo la amabilidad de avisarle que iban por él, y hasta le pasó la cantidad exacta, con pesos y centavos, del adeudo que calculó la Procuraduría Fiscal. De esta forma, en el proceso judicial que se abrió en su contra, el acusado logró ganar un amparo contra una orden de aprehensión, al lograr demostrar que espontáneamente había logrado ponerse al día en el pago de sus impuestos.
En enero de 2021 Álvarez Morphy fue vinculado a proceso, pero el caso dio un giro al llegar a manos de la jueza Luz María Ortega Tlapa, y más tarde al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, donde se otorgó un amparo que anuló el proceso. Según los testimonios que pude recabar, Alpízar y su gente cabildearon entre los juzgadores involucrados a favor de Álvarez Morphy pidiendo que se concediera el amparo. “Se nota que el tema les importaba y tenían prisa”, relató una de las personas juzgadoras involucradas, “porque a mí me preguntaron varias veces que cuándo iba a sacar la sentencia”. ¿Qué buscaba Alpízar al tratar de agilizar este proceso?
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Alpízar monitoreó varios casos en los que estaban involucrados algunos de los más influyentes medios de comunicación. Uno de los asuntos que aparecen enlistados es el de Eduardo Henkel Pérez, un empresario del sector radiofónico, cercano a Peña Nieto, “muy exitoso y muy inteligente en su relación con el poder”, como lo describe Raymundo Riva Palacio. A nombre de una concesionaria de radio, XEFAJ y Bujía —que obtuvo la frecuencia 105.3 de FM por 20 años—, aquel demandó a la empresa creadora de contenidos Nextmarketing, pro piedad de José Luis Hernández Prieto, por un adeudo de casi dos millones de dólares por la compra de equipo para transmisión. El caso —dirimido primero en el ámbito civil y luego en el penal— terminó con una vinculación a proceso que dictó en agosto de 2021 el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el mismo que exoneró a los socios de Julio Scherer Ibarra en el caso Collado.
Tanto en las listas de Alpízar como en la denuncia anónima y en la declaración de Arturo Guerrero ante la UGIRA, se sugiere que la maquinaria alpizariana intervino también a favor del grupo empresarial El Heraldo, propiedad de Grupo Andrade, en uno de sus tantos litigios, aunque no se precisa cuál de ellos. En las páginas 16 y 17 de la denuncia anónima puede leerse lo siguiente:
En el entonces Tercer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa en la Ciudad de México se tramitó un asunto en el que una de las partes era el diario El Heraldo, cuyos dueños son íntimos amigos del exministro [Arturo Zaldívar] y de la Presidencia de la República, por lo que Carlos Alpízar tenía gran interés, al punto de que Daniel Álvarez [una asesor de Zaldívar] acudió con quien lo resolvería para que le informara sobre el asunto y diera aviso antes de dictar la sentencia respectiva.
Arturo Guerrero tuvo conocimiento de este asunto el 13 de ene ro de 2022, como lo señala en su declaración. El exsecretario del Pleno del Consejo señala que, aparentemente, “el juez Daniel Álvarez Toledo habría hablado con la secretaria en funciones de magistrada para que el asunto saliera en determinado sentido”, pese a que no se trataba de un tema suyo. Un elemento que refuerza la hipótesis de un vínculo entre El Heraldo y Carlos Alpízar es una fotografía que me hizo llegar una fuente en la que puede verse al exoperador de Zaldívar en torno a una mesa Ángel Mieres Zimmermann, presidente ejecutivo de Grupo Andrade y del Consejo de Administración de El Heraldo Media Group; Antonio Holguín Acosta, vicepresidente de Relaciones Institucionales de El Heraldo; y Alejandro Arai, quien entonces fungía como vicepresidente de El Heraldo Impreso. Según la fuente en cuestión, la fotografía fue tomada en el restaurante Loma Linda, ubicado en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.
Los favores que según los documentos antes citados habría obtenido este medio pudo haberlos devuelto a través de su propia línea editorial. Para muestra, basta ver cómo el 13 de abril de 2024 —al día siguiente de que se hiciera pública la denuncia anónima en contra de Arturo Zaldívar, Carlos Alpízar y otros personajes—, El Heraldo no hizo siquiera una sola mención del tema, pese a que los diarios de circulación nacional más importantes del país, como Reforma, El Economista, El Sol de México, Crónica, Uno Más Uno, El País y El Universal, llevaron este asunto a sus primeras planas o le dieron espacios muy destacados.