Los aspirantes a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están en campaña y para llamar la atención hacen promesas, algunas incumplibles, u otras que no están en sus manos.
Por ejemplo, la ministra de la SCJN, Lenia Batres, que busca reelegirse, ofrece acceso a la justicia con la organización de defensorías públicas, comisiones de derechos humanos y procuradurías en la defensa y representación de la ciudadanía en general “para garantizar que toda persona tenga la posibilidad de denunciar o defenderse en juicio”, aunque en realidad ella no tendrá las facultades para organizar a fiscalías y a organismos de derechos humanos.
Durante una gira por Chihuahua prometió abogados que no cobren a los ciudadanos, aunque ya existe el Instituto Nacional de Defensoría Pública y su coordinador de ponencia, el más importante, fue titular de ese organismo durante el periodo de Arturo Zaldívar en la SCJN.
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Otra candidata a ministra de la SCJN, Olivia Aguirre, ofrece que las sesiones de la corte se puedan dar en todos los estados para que la SCJN se acerque al pueblo. Pero eso requiere recursos y ella no los manejaría, sino el Tribunal de Disciplina Judicial.
La también candidata a ministra de la Suprema Corte, Marisol Castañeda, tuiteó en su cuenta de X, @Marisolcepe, que se comprometía a seguir construyendo un país de leyes justas, cercanas e incluyentes. El detalle es que las leyes no las hace la SCJN.
Agua, salud y alimentos
Otros candidatos ofrecen temas que están fuera del ámbito de los juzgados. Un caso es Nadia Licón, candidata a magistrada de Circuito Administrativo. Presume 27 años en el Poder Judicial. En su cuenta de Instagram ofrece salud, educación, agua y justicia para todos.
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Otro caso es Alma Osorio, candidata a magistrada de circuito en materia civil. Ofrece acceso no sólo a justicia, sino a salud, trabajo digno y alimentos. También ofrece capacitación al personal, algo que no estaría en sus manos, en caso de llegar.
El candidato a magistrado en materia administrativa por el sexto circuito, Heriberto Avelar Gutiérrez, propone la actualización constante del personal a su cargo en derechos humanos y ética. También la utilización de la tecnología para facilitar la resolución de asuntos y resolver el conflicto con diálogo, y escuchar a las partes.
Son temas que forman parte de las funciones de las autoridades administrativas y la Escuela Federal de Formación Judicial. Un dato adicional sobre Avelar Gutiérrez es que presuntamente es primo del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, a quien la SCJN destituyó en agosto de 2023, por sus presuntos nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Un caso más es el del candidato a magistrado en materia administrativa por Iztapalapa, Alfredo Narváez Medécigo. Entre sus propuestas está la de designar dos personas especializadas en derechos sociales, educación, medio ambiente, agua y pensiones, pero eso implicaría despedir a otras personas.
En su campaña en redes promete que si llega a ser electo, con él se acabarían los alegatos de oreja, lo que significa que “nada de recibir a una parte sin que la otra se entere”, pero eso es algo que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya contempla.
Para la publicación de sentencias, promete que no lo hará tres días antes de que se dicte, sino dos semanas antes. Aunque por ley se puede adelantar la publicación de la sentencia, la realidad del Poder Judicial es que tres días es el tiempo en que se publican, por el exceso de trabajo.
José Luis Salcedo, sin experiencia como juzgador, que entre sus logros anota “entre otros” (sic) en la página Conóceles, plantea la figura de “juez itinerante”, significa que se encargará de verificar físicamente la relación laboral entre patrón y trabajador, así como las condiciones de trabajo, y en su caso ordenará el cumplimiento inmediato de sentencias.
La candidata a juez en la Ciudad de México, Luz María Flores, promete impulsar que se modifique la normativa actual relativa al servicio social y prácticas profesionales para agilizar el procedimiento para que los estudiantes de Derecho puedan ingresar al Poder Judicial, pero modificar la ley es una tarea reservada a los legisladores.
La politización de la justicia
Para la magistrada de Circuito, María Emilia Molina, la elección judicial ha politizado a la justicia y los candidatos a juzgadores actúan como no debe ser y aprovechando el desconocimiento de la población de las funciones del Poder Judicial.
Se comportan como los políticos tradicionales que son candidatos a alcaldes, legisladores o gobernadores repiten discursos similares, algo que ya se había advertido desde que se comenzó a legislar la reforma judicial.
“Me parece grave que quien quiere llegar a persona juzgadora utilice esto para de manera mañosa y aprovechándose de esto, lograr votos, pero con un discurso que saben que es falso, sobre todo, porque quienes son candidatas y candidatos, son personas que por lo menos son abogadas o abogados y yo creo que todas saben cuál es la función a la que se están candidateando, pero además saben que eso que prometen no es cierto”, criticó Molina.
Prometen cosas fuera de la función jurisdiccional
Se le consultó sobre qué temas son las promesas inviables. La también presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras mencionó que hay quienes prometen que van a mejorar el sistema de transporte o que en caso de que voten por ellos, va a darse agua a todas las personas.
“Eso no forma parte de la función jurisdiccional, eso forma parte de las políticas públicas, que insisto, sí, el Poder Judicial se involucra, pero no en una revisión de estas, no en la elaboración de estas”.
Otras promesas que le han sorprendido por su inviabilidad son las que tienen que ver con que la Suprema Corte va a mejorar o a definir cómo habrá defensorías públicas, o prometer que la SCJN no va a liberar delincuentes.
“La Suprema Corte difícilmente tiene esas facultades, más allá de que el discurso en sí mismo es falso porque no se libera a delincuentes, en todo caso, se liberan a personas inocentes atendiendo al principio de presunción de inocencia, que la fiscalía no alcanza a probar ni siquiera presuntamente es su responsabilidad, pero la corte no tiene esa facultad, por ejemplo”.
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La magistrada Molina, quien desde que se dio a conocer el proyecto de reforma judicial se opuso, criticó que para el proceso judicial se pida a la sociedad saber cómo ejercer este voto, pero ni los propios candidatos están entendiendo lo que será su función ni haciendo lo que se le exige a los votantes.