La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el próximo miércoles 26 de febrero si atrae o no un caso de demanda contra una aseguradora que rechaza la solicitud de una póliza de seguro de gastos médicos mayores contra una menor por su condición genética con síndrome de Down.
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El proyecto presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat será tratado en la sesión de la Primera Sala de la Corte, esto luego de que el padre en representación de su hija con síndrome de Down demandó a la aseguradora por cubrir los gastos médicos.
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El proyecto propone atraer el caso porque su resolución podría generar un pronunciamiento novedoso y de relevancia sobre los límites del derecho a la libertad contractual y del principio de autonomía de la voluntad de "las aseguradoras frente a las implicaciones que genera el rechazo de las pólizas de un seguro de gastos médicos por razón de discapacidad respecto de las condiciones individuales con las que nace una persona, así como los deberes reforzados que se detonan cuando se trata de personas menores de edad".
Senado contra la discriminación
En diciembre de 2021, el pleno del Senado de la República aprobó un proyecto para eliminar cualquier práctica discriminatoria en los servicios que prestan las aseguradoras, y establecer la obligación de que estas instituciones diseñen productos adecuados para las personas con discapacidad.
La iniciativa modifica la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Ley sobre el Contrato de Seguros, con el objeto de establecer que las instituciones de seguros deben promover la igualdad de oportunidades de acceso a los productos de seguros eliminando cualquier práctica discriminatoria o cualquier otra que sea vejatoria y atente contra la dignidad humana.
Por ejemplo, en el caso de personas con discapacidad, la iniciativa establece que las instituciones de seguros deberán diseñar productos adecuados llevando a cabo un proceso de selección de riesgos que preserve las condiciones técnicas y financieras del seguro y la sustentabilidad de las mutualidades de las que formen parte.
La reforma precisa que a las instituciones de seguros y las sociedades mutualistas les estará prohibido negarse a recibir una solicitud de seguro por razones de origen étnico, nacional, religión, preferencias sexuales o discapacidad de la persona solicitante.
Además, deberán diseñar productos adecuados para las personas con discapacidad, con un proceso de selección riesgos que preserve las condiciones técnicas y financieras del seguro y la sustentabilidad de las mutualidades de las que formen parte.
El principal objetivo de la propuesta es atender el problema de discriminación generalizada contra las personas con discapacidad en el ámbito privado, especialmente en el sector financiero y la industria aseguradora.