Debido a que una magistrada adscrita a uno de los tribunales colegiados de Guerrero era objeto de conductas sistemáticas que buscaban menoscabar, limitar e impedir el pleno ejercicio de su labor jurisdiccional de parte de los dos restantes magistrados que integraban el tribunal en el que se desempeñaba, fue adscrita a otro tribunal como medida de protección.
Así lo informó el Tribunal de Disciplina Judicial, que además inició un procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en contra de los dos magistrados presuntamente agresores, que discriminaban a la magistrada por ser mujer e indígena.
Todo comenzó el 3 de noviembre cuando la magistrada presentó una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial por las probables faltas administrativas atribuidas a sus dos compañeros magistrados, por lo que el TDJ ordenó en forma inmediata el inicio de la indagatoria correspondiente.
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La discriminaban por indígena y mujer
En la queja la magistrada expuso que los dos magistrados ejercen en contra de ella una exclusión deliberada de las decisiones jurisdiccionales. Aparentemente, sin argumentos jurídicos sólidos se limitan a ejercer su mayoría sin escuchar su postura como juzgadora, además de hacer comentarios y mostrar actitudes despectivas por su condición de mujer y su autoadscripción indígena.
“Lo que vulnera su dignidad personal y profesional y ejerciendo violencia política en razón de género”, de acuerdo con el comunicado del tribunal.
Con base en la queja y los elementos aportados por el área investigadora, la Comisión de Disciplina del TDJ consideró en forma preventiva que había discriminación hacia la promovente por su autoadscripción indígena, presuntamente materializada mediante expresiones y tratos diferenciados que desvalorizan el origen, identidad cultural y perspectiva jurídica con enfoque de grupos originarios.
“Eso vulnera el artículo 2° de la Constitución y los principios del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; en tanto que la obstrucción de su labor jurisdiccional contravendría los numerales 131, 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen la obligación de los servidores públicos de respetar la independencia, dignidad y autonomía funcional de las personas Magistradas”.
El 3 de diciembre, el presidente de la Comisión, el magistrado Rufino León Tovar solicitó la imposición de una medida cautelar, a fin de salvaguardar los derechos e integridad de la magistrada.
Además, por la naturaleza de los hechos y el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la quejosa, así como la asimetría de poder respecto a sus compañeros y con el propósito de salvaguardar su desarrollo profesional, su integridad física y emocional, en sesión extraordinaria la Comisión determinó cambiarla de adscripción ubicándola en la sede de su domicilio, hasta en tanto se emita resolución definitiva en el procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en contra de los magistrados presuntamente agresores.
Contexto: El Tribunal de Disciplina Judicial es un nuevo órgano del Poder Judicial Federal, que se encarga de sancionar a jueces, magistrados y ministros por su desempeño o su conducta.
Comenzó a operar el 2 de septiembre de este año. Sus integrantes también llegaron por el voto popular, y fueron electos el 1 de junio.
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