México ha registrado al menos 20 atentados con coches bomba desde 1994, pero no se les ha catalogado como actos terroristas por las autoridades mexicanas, pese a que algunos actos sí se concibieron para generar terror en la población, señaló Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en violencia y crimen organizado.
La clasificación oficial se mantiene en delitos vinculados a delincuencia organizada.
Tras la explosión de un automóvil con explosivos en Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el delito se reclasificó: primero la Fiscalía General de la República informó que investigaría el caso como un hecho de terrorismo, pero luego se cambió la tipificación.
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En ese contexto, Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, realizó una revisión sobre los incidentes que podrían catalogarse como actos terroristas.
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Para el académico, los gobiernos mexicanos han sido “muy reticentes” a usar el concepto de terrorismo, incluso cuando los hechos podrían encuadrar en esa definición. Considera que la principal razón es política porque admitir que hay terrorismo en territorio nacional tendría implicaciones internas y externas.
En particular, menciona el contexto con Estados Unidos: el gobierno de Donald Trump “le ha puesto la etiqueta de terroristas a seis organizaciones mexicanas” y, en ese escenario, reconocer un acto terrorista en México le da más armas al gobierno de los Estados Unidos.
Sánchez Valdés recuerda que el único antecedente reconocido oficialmente como acto terrorista es el ataque con granadas en la plaza principal de Morelia, Michoacán, el 15 de septiembre de 2008.
El Código Penal Federal define el terrorismo de manera muy amplia al referirse a cualquier acto realizado con el ánimo de causar terror entre la población. Esa generalidad deja, según Sánchez Valdés, un margen grande para la interpretación.
“Algunos, podremos pensar que sí se hizo con ese ánimo, pero es una definición que ofrece muchas salidas”, señala. Frente a esto, propone que el tipo penal sea más específico, con una definición “instrumental” que describa conductas concretas: por ejemplo, el uso de explosivos en lugares públicos.
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A diferencia de otros delitos, como el sabotaje, que detalla la destrucción de vías de comunicación o vehículos, el terrorismo en la ley mexicana no enumera con precisión los escenarios que busca sancionar. Para el especialista, esa falta de detalle facilita que no se aplique la figura, incluso cuando podría hacerlo.
Sí es terrorismo
Aunque el gobierno federal reclasificó el delito, Sánchez Valdés considera que la explosión del auto en Michoacán sí reúne elementos para ser tratada como acto terrorista. Menciona dos factores: el lugar, frente a una policía comunitaria, y el objetivo, que no sería solo la explosión o las muertes, sino “generar terror entre la población” en la región.
Aun así, insiste en que, con la legislación vigente, la discusión queda abierta a criterio de las autoridades, porque la norma descansa en probar la intención de causar terror.
El mapa elaborado por el investigador y difundido por la Universidad Autónoma de Coahuila ubica 20 eventos.
Historia de bombazos
En 1994, en Guadalajara, se registró el primer atentado con explosivos colocados en un auto, el hecho estaba ligado a una venganza entre grupos del narcotráfico, el de Caro Quintero contra los Arellano Félix.
Después, identifica una primera serie de eventos a partir de 2010, en Ciudad Juárez, cuando La Línea y el Cártel de Juárez recurrieron a coches bomba en un contexto de mayor tensión: estaban acorralados tanto por la acción del gobierno como por el Cártel de Sinaloa. A partir de esos hechos, Los Zetas replicaron la práctica en Tamaulipas y Nuevo León entre 2010 y 2012.
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“En ese lapso se dan 11 eventos de Los Zetas en esas entidades”, indica, además de un hecho registrado en Tula, Hidalgo. Tras ese periodo, el recurso prácticamente desaparece durante varios años, salvo un evento en 2021 que, según el especialista, tuvo un uso más “instrumental”: derribar una barda de una prisión para liberar a una persona.
El patrón cambió nuevamente en 2024 y 2025, cuando otra organización, el Cártel Jalisco Nueva Generación, retoma esta práctica y la vuelve a implementar.
Cuestionado sobre si estos atentados son un indicador de escalamiento de violencia, Sánchez Valdés responde que sí pueden ser síntoma de escalamiento, aunque no todo aumento de violencia incluye necesariamente coches bomba.
Subraya que la aparición de esta modalidad responde también a lógicas internas de los grupos, como la tensión extrema entre organizaciones o la imitación de tácticas que vieron emplear a otros cárteles en el pasado.
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Un mensaje mediático de fuerza
El especialista propone observar estos hechos desde la lógica mediática. Recuerda que, ha habido otros hechos violentos que se convierten en noticias, pero no alcanzan el mismo nivel de cobertura.
En cambio, la explosión de un coche con explosivos que deja cinco o seis personas muertas genera primeras planas y presencia en prácticamente todos los medios de comunicación. “Lo que ganan las organizaciones es visibilidad y mostrar en cierta medida el músculo”, resume.
Sobre qué debería preocupar más, la capacidad técnica para detonar coches bomba o la decisión estratégica de hacerlo, Sánchez Valdés responde que ambos elementos van de la mano.
Reconoce que no se ha dado en México una explosión como las que se ven en otras regiones del mundo, donde una bomba puede matar a decenas de personas en un solo evento, pero advierte que potencialmente podría ocurrir. Por ello, considera necesario disuadir a las organizaciones criminales para que no recurran a esta práctica.
El especialista sostiene que esa disuasión solo será posible si se localiza y castiga a los responsables. Subraya que las penas asociadas al terrorismo suelen ser más altas y, al tipificar los hechos bajo esa figura, podría esperarse un castigo más severo para los perpetradores.
Sin embargo, también señala una limitante estructural: la impunidad en México, que complica que la amenaza de sanción sea creíble. En un país donde la aplicación del derecho “no es tan regular”, dice, resulta más difícil que las organizaciones criminales tomen en serio el riesgo de enfrentar consecuencias por el uso de coches bomba.
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Terrorismo es sobre causas políticas: Harfuch
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, argumentó la negativa del gobierno a catalogar estos hechos como actores terroristas.
“La ley, tanto mexicana como internacional, (establece) que el terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso es específicamente son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego, ampliar el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal”.
Esa es la razón por la que la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada (FEMDO) asumió la investigación, ya que se considera que el motivo del ataque se debe a tráfico de armas.