Norma vs México, relato de una sentencia histórica

Poco antes del mediodía Norma Andrade y su equipo legal hacen el análisis minucioso y puntual de una lectura poco usual en sus procedimientos. Y sin embargo, dadas las circunstancias que han transitado en los últimos 24 años, aparece revelador y a la vez completamente congruente tirar las cartas del tarot en busca de un mensaje premonitorio a minutos de que se notifique el sentido de una de las sentencias más importantes de sus carreras y en el caso de Norma, claro, de su vida.

En la oficina se percibe una especie de tensión extraña, no la que sucede entre pares, sino la que se tiende con la vida cuando se atraviesa la parte más oscura de un país que puede llegar a ser bastante terrible, y que aún así se mantiene la esperanza de que un día, este día, las cosas empiecen a recomponerse un poco.

La tensión que se crea cuando una mujer jala hacia un lado en contra de un Estado que tira hacia el otro. Si contamos esta historia hacia atrás, buscar en las figuras arquetípicas de los arcanos un poco de calma, tiene todo el sentido, sobre todo tomando en cuenta las cartas que cayeron: la fuerza, la justicia y el juicio.

La fuerza

A lo largo de casi una década he encontrado a Norma Andrade en distintos escenarios y momentos. Recuerdo ahora la primera vez que la vi llorar. Estábamos en un café en Ciudad Juárez. Era 2019 y le preocupaba hondamente una cosa.

“Ya no sé si me va a alcanzar la fuerza para hacerle justicia a Alejandra. No sé si me va a tocar verlo. Yo le prometí que no descansaría hasta lograrlo. Pero ahora ya no lo sé”, me dijo esa tarde de potentes ráfagas de viento que pegaban en las ventanas del local.

Un año antes, el entonces gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral, dijo públicamente que el caso estaba resuelto y que “es un crimen seguir medrando con el dolor”, luego de que lo dejaran mal parado exigiendo justicia frente al entonces presidente electo en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, durante una de sus visitas a la frontera para la instalación de mesas de diálogo, en el contexto de promoción de uno de sus mantras más polémicos: “abrazos no balazos” cayó en Juárez como un freno a la búsqueda de justicia en los casos de feminicidio que cimbraron la ciudad desde 1993 así como en las desapariciones y homicidios que pusieron a esa frontera en el punto más alto de las urbes más violentas del mundo cuando Felipe Calderón inició lo que se nombró entonces como “Guerra contra el Narco”.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio Ciudad Juárez, que ya se perfilaba dos décadas atrás como una ciudad de vocación industrial con la instalación de decenas de plantas maquiladoras que ofrecían mano de obra barata y calificada, sobre todo de mujeres, tuvo una explosión demográfica y económica que puso como corazón del sistema la manufactura reelaborando la ciudad a base de la construcción y desarrollo de distintos complejos industriales, sobre todo a las orillas de una urbe que crecía a pasos agigantados. No es de sorprender pues, que Lilia Alejandra, una joven madre de dos pequeños, Jade, que estaba por cumplir 2 años y Caleb, de cinco meses, entrara a trabajar a una planta maquiladora.

El 14 de febrero de 2001 Lilia Alejandra García Andrade fue a su trabajo pero se perdió su rastro en el trayecto de su trabajo a su casa. Es importante mencionar que estuvo desaparecida una semana, ya que esto tiene implicaciones con la sentencia de la Corte Interamericana a nivel nacional, México tiene un registro de más de 126 mil personas desaparecidas y miles de familias buscando a lo largo y ancho de todo el país.

Una semana después, el 21 de febrero se encontró el cuerpo de Lilia Alejandra envuelto en una cobija en un terreno baldío que después se convertiría en un centro comercial de una cadena internacional, entre dos de las avenidas más transitadas, la Ejército Nacional y la Tecnológico, que hacia el sur se convierte en la carretera Panamericana, la conexión más importante en términos viales, de todo el continente. El cuerpo de Lilia Alejandra tenía marcas de tortura en casi su totalidad. Tenía, además, apenas unas horas de fallecer, de acuerdo al peritaje, por lo que se puede inferir que entre el 14 y el 21 estuvo en cautiverio siendo torturada y violentada sexualmente.

También puedes leer: Norma Andrade expone ante Corte IDH fallas de México en el caso de su hija

En el cuerpo de Lilia Alejandra quedaron tres restos genéticos de los agresores: en el raspado de las uñas restos orgánicos (perteneciente a un varón o “dudoso”), una mancha de sangre O+ en el cobertor en que fue envuelta (muestra C1666-1/07) y semen (muestra 1298/06). La última muestra, la 1298/06, coincidió en el haplotiplo del cromosoma “Y” con el ADN de un agente ministerial de nombre Enrique Castañeda Ogaz, quien fue asesinado el 19 de febrero de 2010.

Los resultados del Informe Pericial en Materia Forense, que entregó y firmó la perito Karely Liliana Islas González el 8 de junio de 2010, mostraron que el agresor de Lilia Alejandra es un familiar perteneciente al linaje paterno de Castañeda Ogaz y, de acuerdo con el Ministerio Público, la muestra coincide y vincula al agresor de Lilia Alejandra con otros tres feminicidios: Rosa Isela Tena Quintanilla (1995), Sonia Ivette Sánchez Ramírez (1996) y Coral Arrieta Medina (2005).

De acuerdo con esta primera prueba alguien de la familia de un agente ministerial del Estado de Chihuahua estuvo involucrado en por lo menos cuatro feminicidios a lo largo de una década entre 1995 y 2005 en Ciudad Juárez. Esto apunta a la teoría principal del equipo de Norma Andrade, que un grupo de hombres torturó, violó y asesinó de manera sistemática a mujeres, sobre todo niñas y adolescentes, durante un extenso periodo de tiempo en Ciudad Juárez, gozando de total impunidad, por la omisión o participación de las autoridades. 

Un año y cuatro meses más tarde del seguimiento de esta prueba como principal línea de investigación, en diciembre de 2011, un hombre se acercó a Norma cuando caminaba hacia su auto y le disparó en cinco ocasiones a quemarropa. Apenas en diciembre de 2010 otra madre y activista de Ciudad Juárez, Marisela Escobedo, fue asesinada de un disparo en la cabeza frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua.

Norma fue trasladada a la Ciudad de México para recibir atención médica, ya que, recuerda, en Ciudad Juárez amenazaron con asesinar a los médicos que la atendieran por lo que se optó por sacarla de la ciudad en helicóptero todavía en un estado tan delicado que era imposible saber si viviría.

Dos meses después, en febrero de 2012, todavía recuperándose de las heridas, un hombre la apuñaló en el cuello en su casa en Ciudad de México, una vivienda que el Estado mexicano le prestó como parte de un protocolo de seguridad. Pero también logró sobrevivir. La fuerza para mantener la batalla por la justicia por todos los frentes estuvo ahí, siempre, de una u otra manera.

El juicio

El Estado intentó a toda costa cerrar la investigación con la detención de Manuel Navarro, a quien al día de hoy no se le ha hecho la prueba de ADN correspondiente para cruzar la información genética con los rastros de semen y sangre recogidos del cuerpo de Lilia Alejandra.

Cuando estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, Norma externó esta preocupación al jurado. Por su parte la representación del Estado mexicano insistió en que se hizo un cruce entre la madre del detenido Castañeda Ogaz y los restos hallados en el cuerpo de Lilia Alejandra y por una cuestión de “probabilidad genética” se infiere que el detenido tiene relación con el feminicidio de Lilia Alejandra. Y sin embargo, no se le tomaron pruebas directas. “En todo caso, suponiendo que es uno de los agresores, es eso, uno de los agresores, porque fueron al menos tres. No se puede cerrar la investigación con solo un detenido”, me dijo esa tarde Norma, afuera de la Corte Interamericana el 25 de marzo de este año. Pero para llegar ahí fue un largo recorrido.

El caso de Norma Andrade y su hija Lilia Alejandra fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentado el 7 de mayo de 2018 en una primera audiencia a la que se citó al Estado mexicano y a las autoridades de Chihuahua a comparecer.

Por el Estado compareció el Ministerio Público Sergio Castro Guevara quien se presentó como el nuevo encargado de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Apenas 12 días después, el 19 de mayo, se emitió una orden de aprehensión en contra de Manuel Navarro, un vendedor ambulante que trabajaba frente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado y del Palacio de Gobierno de Chihuahua.

El entonces gobernador del estado, Javier Corral Jurado, declaró que se trataba de un feminicida serial y que se le vinculó a través de una prueba genética que coincidía con la que fue encontrada en los cuatro cuerpos de las adolescentes asesinadas y que hasta entonces se vinculaba con el linaje paterno del agente ministerial Castañeda Ogaz. La teoría del asesino solitario y serial tenía la gran ventaja de que con un detenido se cerraban decenas de carpetas de investigación. Pero no cuadró desde el inicio con los restos que quedaron en el cuerpo de Lilia Alejandra.

“Es una cuestión de estadística genética, como en una ecuación. Fue una compulsa de media hora en la que determinaron que no es hermano ni primo de Castañeda, comparten un ancestro en común pero no hay manera de que sea alguien de los Castañeda y ahí se va por la borda esta investigación”, me dijo en una entrevista en 2021 el agente ministerial Sergio Castro Guevara, luego de que me citó en su rancho a las afueras la ciudad de Chihuahua donde supervisaba la construcción de una piscina dentro su horario de trabajo.

De acuerdo con Castro Guevara, lo que se hizo fue comparar el registro del semen del cuerpo de Lilia Alejandra con el ADN de otra víctima de feminicidio, Leticia García Leal, asesinada en 2011 y cuyos restos fueron hallados en 2013 y de acuerdo con el Ministerio Público lo que obtuvieron fue una probabilidad del 99 por ciento de que el semen de la persona hallado en el cuerpo de Lilia pertenece a quien resulte ser padre biológico de la víctima Leticia García Leal. Y de acuerdo con la misma estadística esa persona es Manuel Navarro, porque aunque no se le ha analizado directamente, se pidió el perfil genético a la hermana y a la madre de él. Es decir, para buscar al asesino de Lilia Alejandra compararon el ADN de una víctima y esta extraña decisión llevó a caminos que nunca se habían explorado pero que dieron de una u otra manera con una persona que estuvo todo el tiempo frente a sus ojos.

Manuel Navarro tiene antecedentes por abuso sexual en la ciudad de Chihuahua en un proceso del que terminó absuelto antes de ser detenido otra vez en 2018 por estos casos. Hasta el momento se le sentenció por los otros tres casos relacionados y se le dictaron 109 años de prisión. Sólo queda pendiente la sentencia por el caso de Lilia Alejandra. Y aunque en un principio Sergio Castro Guevara mencionó que Manuel Navarro ya había confesado más de 30 feminicidios, al final solo se le siguió la investigación por estos cuatro.

Te puees interesar: Tarde, vemos un poco de justicia: familia de Ernestina Ascencio tras fallo de la CIDH

“Se desdijeron de eso, primero llevaba diez, después 20, luego treinta y después ya solo estos”, me dijo Norma aquella tarde saliendo de la Corte.

“Para este momento ya confesó más de 34 asesinatos. El vato ni siquiera se acuerda, hay que darle fechas y lugares porque por nombres no sabe. La primera vez que mató según él declaró fue a finales de los 80. El vato tiene una mirada como de tiburón, es un diablo”, me dijo Castro Guevara el día de aquella particular entrevista mientras asaba carne y bebía cerveza junto a lo que seguramente ya es una gran piscina.

Recuerdo haberle preguntado aquella tarde si sostendría esta versión en caso de que se llegara a la Corte Interamericana. “Por supuesto”, me dijo esa vez. Pero Castro Guevara no fue a la Corte. Sin embargo, el Estado mexicano mantuvo esta versión. Quizá la parte más cuestionada por los jueces en San José, Costa Rica.

La justicia

La justicia en la vida de Norma ha sido pues, en casi 25 años, una constante ausencia. Con todo este historial en el que se entretejen el feminicidio, la desaparición, la tortura sexual, la política, la impunidad, la incertidumbre, dos intentos de homicidio, la horfandad, la ausencia institucional, el desplazamiento forzado, enmarcado todo en la desconfianza a las autoridades, una desconfianza fundada en las más terribles violaciones a derechos humanos, se puede entender la imagen de un equipo legal leyendo una tirada de cartas del tarot antes de la emisión de la sentencia.

Pero esta vez, la justicia llegó. Al menos en la teoría. La Corte Interamericana falló a favor de Norma.

Mientras Norma escucha el sentido de la sentencia llora. Jade, su nieta, que está detrás de ella le toma la mano. También se puede ver a Caleb llorar desde la pantalla del celular de Norma que le hizo una videollamada para que pudiera estar, de alguna manera, aunque vive en una ciudad del norte del país. Junto a Norma están Karla Micheel Salas y David Peña, fundadores del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, desde donde acompañan a Norma, donde ahora también trabaja y en cuyas oficinas en la Ciudad de México se reunieron para escuchar el fallo.

Norma dice sentirse tranquila y contenta. Cuando hablamos en Costa Rica me dijo “Ya no es solo por mi hija, ahora es por todas”. Pues la sentencia abre todo un abanico de implicaciones legales y de políticas públicas al Estado mexicano. Por una parte está la reapertura de la investigación de los atentados contra Norma. El seguimiento de la investigación de Lilia Alejandra. La obligación de hacer la prueba de ADN al único detenido hasta ahora. La adhesión como víctima de José García, padre de Lilia Alejandra y a quien se mantuvo fuera de la figura de víctima hasta ahora ya que falleció apenas dos años después del feminicidio. Pero el impacto de la sentencia sobrepasa el caso de Lilia Alejandra y de Norma por mucho, en términos generales la Corte obliga al Estado mexicano a implantar la figura de tortura sexual cometida por particulares, por primera vez en la historia del país. Además exige que se integre a las madres buscadoras y víctimas de feminicidio al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Y lo obliga también a implementar políticas públicas de protección para los huérfanos de las víctimas de feminicidio, entre otros puntos.

“Es una sensación rara. Siento que se cierra un círculo pero que se abre otro”, dice Norma Andrade después de escuchar la sentencia que le costó 24 años lograr. Quizá porque sabe que lo difícil de las sentencias, muchas veces, es cumplirlas.