Amnistía Internacional señaló que durante las protestas realizadas el 15 de noviembre por personas identificadas con la Generación Z se registraron prácticas contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos, particularmente el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos policiales y la estigmatización de personas manifestantes por parte de autoridades.
Mediante un comunicado, la organización internacional señaló que esto se constató a través de diversos videos difundidos en redes sociales que documentaron la actuación policial durante las protestas realizadas en el Zócalo capitalino y otras 14 ciudades.
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“En los últimos años, y particularmente en los últimos meses, en algunas protestas se han presentado prácticas represivas por parte de cuerpos policiales y un discurso estigmatizante de la protesta social por parte de algunas autoridades para deslegitimar las causas que las originan”, afirmaron.
La organización subrayó que este tipo de respuesta institucional vulnera el derecho a la libertad de reunión pacífica, protegido por el derecho internacional de los derechos humanos.
La organización incluyó a la Ciudad de México dentro de las entidades donde se ha observado represión de protestas sociales durante el año, junto con Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.
Añadió que este tipo de represión “va dirigida principalmente a personas racializadas no blancas, a personas de pueblos originarios, o mujeres que reclaman el ejercicio pleno de sus derechos humanos”.
Esto lo pudo documentar La Silla Rota, durante el seguimiento de personas detenidas tras la protesta, muchas de las cuales no habían participado en la movilización y fueron detenidas por su aspecto físico.
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México debe respetar el derecho a la protesta
Amnistía Internacional recordó que la protesta pacífica está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos y que el Estado mexicano tiene la obligación de “respetar y garantizar, sin discriminación, el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”.
Señaló también que delitos como obstrucción a vías públicas, motín o pandillerismo son utilizados para criminalizar la protesta, a pesar de que “el mero ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica no debe tratarse como un delito penal”.
Finalmente, la organización hizo un llamado al Estado mexicano, incluidos el Ejecutivo federal, los gobiernos estatales y municipales, a abstenerse de emitir declaraciones estigmatizantes, revisar marcos legislativos, garantizar que el uso de la fuerza sea excepcional y conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, así como a crear y supervisar protocolos de actuación policial en manifestaciones con participación de la sociedad civil.