Jueces y magistrados que declinaron participar en la elección judicial del 1 de junio o que sí lo hicieron pero perdieron, comenzaron a recibir su indemnización de parte del órgano de Administración Judicial, como lo establece el artículo décimo transitorio de la reforma judicial, aprobada en 2024.
El pago se hizo desde las primeras horas de este jueves mediante transferencia electrónica, por lo que los jueces y magistrados en retiro de todo el país ya no tuvieron que trasladarse a las oficinas del órgano, en la colonia Guadalupe Inn, como inicialmente lo había propuesto el OAJ.
Sin embargo no a todos les ha llegado el pago, como es el caso de los juzgadores a los que les tocaba dejar sus juzgados o tribunales hasta la elección de 2027.
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Así lo denunció la jueza Martha Magaña, quien debía dejar su cargo en 2027, pero al no estar a favor de la reforma judicial, lo hizo antes. En su situación debe haber alrededor de 100 juzgadores, añadió.
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“A todos los de 2027 que ya estamos fuera no nos pagaron”, dijo la jueza en retiro y quien ha participado en las manifestaciones de los jueces y magistrados ante el OAJ.
Además, tampoco se les pagó la indemnización a quienes se jubilaron o renunciaron antes de que se sortearan los juzgados y tribunales que iban a ser electos. En esa situación hay unos 50 juzgadores, estimó.
Además, de los que debían dejar su cargo este año o que participaron en la elección, a unos 25 tampoco les pagaron, agregó.
Nos quieren dividir
También la integrante del comité “Décimo transitorio”, la jueza en retiro Magdalena Victoria, confirmó que el órgano solo pagó a los de 2025, pero que además no está claro cómo se definieron los montos pagados.
Algunos calculan que están muy por debajo de la constancia de percepciones que tenían. Tampoco
reconocieron en todos sus conceptos el salario integrado y que está avalado por la constancia de nómina.
“No se sabe si lo incompleto es la retención de impuestos y si se debe a que lo gravaron como ingreso y no como indemnización, ya que no hay documento alguno que lo desglose, solo se entregó la transferencia”, explicó a La Silla Rota.
Respecto a quienes debían irse hasta 2027, a nadie le pagaron y lo que se dice es que es porque se les indemnizará hasta ese año.
Otro cuestionamiento que hizo la jueza en retiro Magdalena Victoria es que faltó transparencia y no se sabe si se usó el monto de 6 mil 500 millones de pesos que liberó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que el OAJ les había adelantado que haría la dependencia federal.
Para la jueza, se trata de una estrategia de división de los alrededor de 850 jueces y magistrados que se calcula deben recibir su indemnización.
Por eso es que pusieron vallas afuera del edificio del OAJ, en avenida Revolución, 1508, porque sabían que se inconformarían, dijo.
Ante esa situación, el colectivo convocó a jueces y magistrados cesados a asamblea urgente este mismo 27 de noviembre para tomar decisiones.
Contexto: los juzgadores han hecho tres protestas para pedir el pago de su indemnización: 1 de octubre pasado, el 29 del mismo mes y el 12 de noviembre, cuando no solo se apostaron frente al Órgano de Administración Judicial, sino también marcharon por Insurgentes Sur y se plantaron frente al edificio del PJF y cerraron el paso vehicular en ambos sentidos, a la altura de la estación del Metrobús Doctor Gálvez, luego de que una comisión no fue recibida por el Pleno del OAJ, pese a que ya tenían agendada una reunión.
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El bloqueo duró varias horas, hasta que fue retirado por la policía capitalina, luego de que jueces y magistrados fueron encapsulados y empujados por elementos policíacos para abrir la vialidad.
El artículo Décimo transitorio del decreto de la reforma judicial marca que los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad.
Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que correspondan, considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables, se lee en el decreto.
Además, las magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito del PJ de la Federación que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electas por la ciudadanía para un nuevo periodo conforme al segundo párrafo del décimo transitorio del decreto, serán acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado.
Así como a las demás prestaciones a que tengan derecho, “mismas que serán cubiertas con los recursos federales a que se refiere el párrafo siguiente al momento de su retiro”.
djh