La Fiscalía General de la República (FGR) habría girado una orden de aprehensión contra Jorge Enrique Alberts Ponce, empresario relacionado con el desfalco multimillonario de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y presunto integrante de una red de huachicol y tráfico de armas vinculada a Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen Miss Universo.
De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) quien cuenta con una copia de la orden de aprehensión emtida el pasado 15 de septiembre, Alberts Ponce ya había sido señalado en 2022 por recibir, a través de su empresa Acurgen S.A. de C.V., cuatro contratos por 6.5 millones de pesos para fumigación y sanitización en Segalmex, pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo tenía identificado desde 2018 por su participación en esquemas de desvíos de la Estafa Maestra.
Los contratos habían sido firmados en 2020, durante la gestión de Ignacio Ovalle, y registraron como domicilio una casa en Polanco, propiedad de Julio Antonio de Regil Abdalá, hijo de Julia Abdalá Lemus, esposa del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett.
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Según MCCI, cuando Bartlett encabezaba la CFE, la empresa Seicsa, representada legalmente por Alberts Ponce, recibió diversos contratos de la dependencia.
Tras los contratos con Segalmex, Alberts Ponce se asoció con Gregorio Adrián Zamora Flores y Ricardo José Lambretón López Ostolaza , implicado en el fraude a Segalmex y quien es propietario de Grupo Aura, desarrolladora de edificios de lujo en Yucatán.
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La corrupción en Segalmex
Contexto: el caso Segalmex se convirtió en el mayor escándalo de corrupción del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con un desfalco estimado entre 9,500 y 15,000 millones de pesos, afectando a la dependencia creada en 2019 para fomentar la seguridad alimentaria en las zonas más vulnerables del país.
Desde 2020, la Auditoría Superior de la Federación identificó irregularidades por más de 3000 millones de pesos; para 2022, ya se hablaba de más de 9500 millones.
Se han presentado alrededor de 156 denuncias penales, con más de 26 personas vinculadas a proceso, incluidos exfuncionarios y particulares.
Ignacio Ovalle, presunto vinculado en el fraude, fue apartado del cargo en 2022 pero no enfrentó investigación penal directa.
kach