El Gobierno de Perú confirmó que no realizará acciones de fuerza en la embajada de México en Lima para detener a Betssy Chávez. La ex primera ministra permanece bajo asilo en la residencia mexicana. La Cancillería peruana transmitió esta posición a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
La comunicación se produjo luego de la orden de captura nacional e internacional que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley. El magistrado también dictó cinco meses de prisión preventiva contra Chávez por su presunta participación en los eventos del 2022 vinculados al expresidente Pedro Castillo.
El Ejecutivo peruano señaló que respetará las reglas del derecho internacional en relación con las instalaciones, bienes y documentación de México en Lima. Indicó que estas medidas se ajustan a las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares.
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La postura oficial descartó cualquier acción que implicara el ingreso a la sede diplomática mexicana. Este punto cobró relevancia por los antecedentes regionales de abril de 2024, cuando Ecuador ejecutó un operativo en la embajada mexicana en Quito.
Tensión por el salvoconducto
México reiteró su solicitud para que Perú otorgue un salvoconducto que permita el traslado de Chávez a territorio mexicano. El Gobierno mexicano argumentó que esta petición se basa en la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático.
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El otorgamiento de asilo a Chávez en noviembre generó una reacción inmediata del Ejecutivo peruano, encabezado por José Jerí. Perú consideró que esta decisión afectaba su proceso interno y anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México. Las funciones consulares permanecieron activas.
Karla Ornelas, encargada de la embajada mexicana, salió de Perú el 9 de noviembre. Ambos países ya operaban sin embajadores desde 2023 por desacuerdos previos relacionados con la situación política peruana.
Disputa legal y propuesta ante la OEA
El titular de Exteriores de Perú, Hugo De Zela, afirmó que el salvoconducto requería un análisis jurídico por tratarse de una persona procesada por presuntos delitos comunes. Indicó que este punto es central para evaluar la aplicación de la Convención de Caracas en el caso de Chávez.
El Gobierno peruano declaró que Chávez enfrentaba un proceso por rebelión y conspiración, sin relación con opiniones políticas. Esta posición motivó a Perú a anunciar, el 7 de noviembre, una iniciativa para plantear ante la OEA una revisión de la Convención de Caracas.
La propuesta peruana apuntó a abrir un debate regional sobre el alcance del asilo diplomático y su uso en investigaciones judiciales. Perú presentó este planteamiento como parte de su respuesta ante la negativa de México de reconocer la interpretación peruana del caso.
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Escenario regional
Perú comparó su situación con episodios recientes en Sudamérica, aunque afirmó que no emplearía recursos de fuerza para resolver el caso. Con esta declaración, el Gobierno peruano buscó diferenciar su postura de otros conflictos diplomáticos ocurridos en la región.
Mientras tanto, México insistió en el cumplimiento del asilo y en la necesidad del salvoconducto. Ambos países mantienen sus canales consulares, aunque sin representantes diplomáticos de rango superior.
VGB