Desde 2010, al menos seis ciudadanos mexicanos desarmados han muerto por balas disparadas desde suelo estadounidense por agentes de la Patrulla Fronteriza, sin que Estados Unidos haya ofrecido reparación judicial. Ante esta impunidad, los familiares de las víctimas han solicitado respaldo directo del Gobierno mexicano.
Los abogados Jordee Rodríguez y Nick Shadowen, del despacho Hilliard y Shadowen, señalaron que necesitan “presión del Gobierno mexicano de cualquier forma”, acusando que Estados Unidos se ha negado sistemáticamente a “rendir cuentas”.
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Cifras que no cuadran y una década de opacidad institucional
De acuerdo con la Southern Border Communities Coalition (SBCC), desde 2010 se han registrado 351 muertes vinculadas con agentes de la CBP. Sin embargo, organizaciones civiles advierten que estas cifras son menores a la realidad debido a la falta de transparencia.
Un informe de 2020 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental reveló que la CBP “no dispone de información confiable” sobre fallecimientos y no reporta de manera sistemática al Congreso.
Tres casos emblemáticos: niños y adultos asesinados en México
Entre las víctimas se encuentran:
- Guillermo Arévalo Pedroza, de 36 años, muerto en 2012 durante el cumpleaños de su hija en Nuevo Laredo.
- José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, asesinado en Nogales en 2012 mientras caminaba cerca de su casa.
- Sergio Adrián Hernández Güereca, de 15 años, baleado en 2010 mientras jugaba con amigos en Ciudad Juárez.
En 2020, tras casi una década de litigios, la Suprema Corte estadounidense desestimó la demanda del caso Hernández Güereca, otorgando inmunidad total a los agentes fronterizos y “legalizando” los asesinatos transfronterizos, según denuncian abogados.
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CIDH, Senado mexicano y un clamor que no cesa
Ante la falta de justicia en Estados Unidos, las familias interpusieron una denuncia ante la CIDH y viajaron esta semana al Senado mexicano, donde esperan que el caso llegue hasta la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nora Isabel Lam, esposa de Arévalo Pedroza, describió el dolor persistente de seguir adelante sin su esposo, asesinado por una bala disparada “al aire” por agentes estadounidenses.
Taide Elena, abuela de José Antonio, asegura que el duelo permanece abierto: “Es un tormento… no queremos cerrar el ciclo hasta que la CIDH nos diga que ya no hay más camino”.
Las familias insisten en que, pese al tiempo y la impunidad, seguirán exigiendo justicia para honrar a sus seres queridos.
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LSHV