México retrocedió tres posiciones en el Índice de Estado de Derecho 2025, elaborado por el World Justice Project (WJP), al ubicarse en el lugar 121 de 143 países evaluados. Con una calificación global de 0.40, el país profundiza una tendencia de deterioro en materia de justicia, transparencia y respeto a los derechos fundamentales que ya se prolonga por una década.
De acuerdo con el informe, México también se posicionó en el lugar 28 de 32 países de América Latina y el Caribe, y en el lugar 38 de 41 entre las naciones con niveles de ingreso similares. La medición revela que el puntaje nacional descendió una centésima respecto al año anterior, lo que confirma un debilitamiento sostenido de los contrapesos al poder, la independencia judicial y la apertura gubernamental.
En los últimos diez años, la calificación de México ha caído de 0.48 a 0.40, una baja significativa que refleja el retroceso en aspectos clave como el control del poder gubernamental, la protección de derechos fundamentales y la justicia civil. Este estancamiento coloca al país entre los que más han perdido terreno dentro de su región y grupo de ingresos.
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El WJP advierte que el “receso del Estado de derecho” se está acelerando a nivel mundial: el 68% de los países analizados empeoró en 2025, frente al 57% en 2024. En su informe, el organismo atribuye esta tendencia al avance del autoritarismo, la erosión de los contrapesos institucionales, la reducción del espacio cívico y el debilitamiento de la independencia judicial, factores que también impactan a México.
A pesar del panorama global de retrocesos, el informe destaca que cada región tiene países que han logrado mejorar su desempeño. En contraste, México continúa entre los casos más preocupantes del continente, reflejo de un entorno donde la impunidad, la violencia y la concentración de poder limitan la vigencia plena del Estado de derecho.
¿Qué es el Estado de Derecho?
El Estado de Derecho es un principio fundamental de gobernanza que establece que todas las personas, instituciones y entidades públicas o privadas —incluido el propio Estado— están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se aplican de forma igualitaria, y se administran con independencia e imparcialidad.
Así, no se trata simplemente de que exista un gobierno o un poder estatal, sino de que ese poder opere dentro del marco legal, sin arbitrariedad, y con respeto a estándares reconocidos de derechos humanos.
Otro aspecto clave es que, bajo el Estado de Derecho, los poderes públicos actúan siempre dentro de los límites fijados por la ley, de conformidad con los valores de la democracia y los derechos fundamentales, y bajo el control de órganos jurisdiccionales independientes e imparciales.
Esto implica, por ejemplo, que las leyes sean adoptadas mediante procedimientos democráticos, que exista seguridad jurídica, que se evite el ejercicio arbitrario del poder ejecutivo, que haya separación de poderes y que todas las personas sean iguales ante la ley.
Asimismo, el Estado de Derecho está íntimamente vinculado con la protección de los derechos humanos. Tal como señala Naciones Unidas, no puede existir un Estado de Derecho real si no se protege el marco de los derechos humanos y viceversa: los derechos humanos no pueden ser efectivamente garantizados sin que haya un orden jurídico sólido.
En ese sentido, el Estado de Derecho no solo regula la conducta del poder sino que también ofrece un mecanismo a través del cual los derechos fundamentales se convierten en realidad jurídica, y no meramente formal.
Desde una perspectiva más técnica, la definición del término por la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico del Español Jurídico describe al Estado de Derecho como la organización política orientada a la limitación del poder para preservar una esfera autónoma de acción de los ciudadanos, subrayando la idea de que ya no es el “rex facit legem” (el rey hace la ley), sino “lex facit regem” (la ley hace al gobernante) .
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