La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión, ha generado un debate polarizado sobre su impacto real en la justicia mexicana. Si bien la propuesta tiene como justificación principal "agilizar los procesos judiciales" y "erradicar la narrativa y mecanismos sobre una justicia con privilegios".
Un análisis de organizaciones como México Evalúa advierte que varios puntos cruciales representan un "retroceso en la protección de derechos" y podrían volver ineficaz el amparo, la herramienta más utilizada por los ciudadanos para defender sus derechos constitucionales.
México Evalúa, que participó en las audiencias públicas del Senado para analizar la iniciativa, concluye que la propuesta es dual: mientras que los avances en modernización son positivos, los cambios en aspectos clave disminuyen la eficacia del amparo como defensa fundamental.
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Los Puntos de Avance: Agilización y Digitalización
La iniciativa aborda la necesidad de revisar los procesos judiciales federales dada la importancia del amparo, que representó el 48.1% de todos los asuntos atendidos por el Poder Judicial Federal en 2024.
Entre los aspectos considerados positivos se encuentran:
Digitalización del Amparo: La incorporación de la tecnología, el uso de firma digital y servicios en línea del Poder Judicial Federal (como las notificaciones) se ven como medidas que podrían mitigar las barreras de acceso y agilizar los procesos. Estos cambios cumplen con los objetivos de la iniciativa de modernizar el proceso.
Agilización de Plazos: Se proponen modificaciones para establecer plazos más ágiles en la tramitación de figuras jurídicas como el amparo adhesivo y la ampliación de la demanda de amparo. Estas reformas pretenden dar claridad en los tiempos procesales que "entorpecen el amparo" actualmente.
El Riesgo de la "Reforma que Desampara"
A pesar de los avances técnicos, la iniciativa presenta restricciones que implican una regresión de derechos y un menor acceso a la justicia. Las preocupaciones principales giran en torno a la limitación de la suspensión, el estrechamiento del interés legítimo y la eliminación de responsabilidades a las autoridades.
1. El Amparo se Vuelve "Elitista" por Restricción a la Suspensión
La suspensión provisional del acto reclamado es crucial, ya que permite que, mientras se resuelve el fondo del juicio, el acto de la autoridad que afecta derechos se detenga. La reforma impone restricciones severas a esta figura en diversas materias:
Impacto Económico y PYMEs: La iniciativa busca restringir la suspensión, especialmente contra el congelamiento preventivo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Aunque se justifica en la lucha contra el abuso de grandes contribuyentes, México Evalúa advierte que muchas PYMEs dependen de sus movimientos cotidianos en cuenta y, al no poder suspender el acto de la UIF, podrían "terminar por cerrar sin más remedio".
Amparo Contra Leyes: La propuesta de eliminar los efectos generales de las suspensiones en amparos contra leyes significa que se limitará e impedirá el beneficio a más personas. Esto hace que el amparo sea "más elitista", ya que "solo si tienes dinero para contratar a un abogado te puedes beneficiar de la suspensión".
Materia Penal: En casos de prisión preventiva oficiosa, la suspensión regresaría a la figura de la libertad provisional bajo caución (pago de una garantía económica). Esto perjudicaría a personas con bajos recursos que, en lugar de enfrentar sus procesos en libertad mediante medidas cautelares, solo podrán gozar de la suspensión si pueden costear la garantía económica.
2. Restricción del Interés Legítimo y Daño a Colectivos
La restricción a la definición de interés legítimo es considerada regresiva en términos de protección de derechos humanos. Gracias al desarrollo jurisprudencial de la última década, la interpretación amplia del interés legítimo por los jueces federales permitió la protección de derechos a colectivos en áreas como la ambiental, la educativa, la de salud, y la defensa de territorios.
Al imponer una definición cerrada desde el texto de la ley, se "ata de manos" a los jueces y se impide que estos amplíen la protección de derechos mediante el juicio de amparo dependiendo del caso.
3. Impunidad Institucionalizada y Reversión de la Carga de la Prueba
El quinto punto de la iniciativa busca la eliminación de responsabilidades para los servidores públicos que incumplan con suspensiones o sentencias de amparo. Esta medida desincentiva el cumplimiento de sentencias y se traduce en una reducción de las consecuencias penales y administrativas para las autoridades obligadas.
Otras modificaciones polémicas incluyen:
- Las multas, en caso de incumplimiento, ya no serían pagadas por los servidores públicos, sino por los órganos de gobierno.
- Se revierte la carga de la prueba hacia la persona quejosa, quien debe demostrar, además de la violación de sus derechos, contar con "datos de prueba de un hecho que la ley señala como delito", cuando esta tarea le corresponde al Ministerio Público.
Tensión Política por la Retroactividad
La discusión en el Senado culminó con la aprobación del dictamen por 76 votos a favor y 39 en contra. Sin embargo, en los últimos momentos de la aprobación se sumó la controversia sobre la retroactividad de la aplicación de las reformas. Esta modificación implicaría que las nuevas reglas pudieran aplicarse a juicios de amparo que ya se encuentran abiertos.
Ante este escenario, la propia presidenta Claudia Sheinbaum declaró su desacuerdo con la reforma de último momento, señalando que la retroactividad es inconstitucional. Por ello, alentó a la Cámara de Diputados a revertir ese artículo transitorio, lo que obligaría al Dictamen a regresar al Senado para su aprobación final.
En resumen, aunque la iniciativa busca fortalecer las instancias judiciales y agilizar procesos, las restricciones impuestas a la suspensión, al interés legítimo y a la responsabilidad de las autoridades "afectan desproporcionadamente a los grupos más vulnerables", por lo que la iniciativa no mejora el acceso a la justicia en estos aspectos.
djh