El crecimiento de la economía de México en los últimos 25 años ha sido decepcionante, con un Producto Interno Bruto (PIB) promedio anual de 1.5% y el PIB per capita solo 0.3%, lo que impactó en la redistribución del gasto a pago de pensiones, lo que pegó en la calidad de la educación y los servicios de salud, de acuerdo con un documento publicado por Santiago Levy en el Baker Institute on Public Policy de la Universidad Rice.
Es decir, aunque ha habido una reducción significativa de la pobreza gracias a las transferencias como becas y pensiones, esta se ha logrado mientras el crecimiento se estanca y el acceso a la salud y otros servicios públicos cae.
El autor advierte que, asumiendo que la estrategia actual continúe, cualquier reducción adicional de la pobreza solo podrá lograrse mediante más transferencias de ingresos, lo que implicaría más recortes al gasto público, mayores déficits y deuda, o más impuestos, o salarios mínimos más altos, lo que obligaría a reducir el empleo formal.
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Contexto: Santiago Levy, economista especializado en desarrollo económico y social, política social y regulación de la competencia y conocido por su papel en el diseño del programa Progresa-Oportunidades y exsecretario de Hacienda. Además fue director del IMSS durante el sexenio de Vicente Fox y presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) con Carlos Salinas de Gortari.
De 2008 a 2018 fue vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo
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¿Qué dice Santiago Levy del bajo crecimiento económico de México?
Santiago Levy, en su publicación, argumenta que la razón fundamental de este bajo crecimiento no reside en la inestabilidad macroeconómica, ni en la falta de capital humano o inversión, sino en el pésimo desempeño de la productividad, que promedió un descenso anual de (-) 0.06%.
“De hecho, se señala que en los últimos 25 años, Estados Unidos tuvo una tasa de inversión menor que la de México, pero su productividad aumentó y su PIB creció más rápido”.
Formalidad e informalidad, freno a la productividad
El problema central de la productividad en México, argumenta Santiago Levy, es la segmentación formal-informal de la economía. Esta segmentación es resultado de un diseño deficiente en las leyes de seguridad social, laboral y fiscal, así como de la baja calidad de los servicios y el débil cumplimiento de las leyes.
Su estudio detaca que las cifras de esta división son contundentes y apenas han cambiado en los 30 años desde el TLCAN-T-MEC:
- Informalidad: El 55% de los trabajadores y casi el 90% de las empresas son informales.
- Empresas: el 88% de las empresas son informales, con un tamaño promedio de 2.2 trabajadores por empresa. Solo el 12% son formales (registradas y cumpliendo parcial o totalmente con las leyes), con un tamaño promedio de 26.8 trabajadores.
Levy explica que esta segmentación genera una enorme ineficiencia económica. En promedio, un peso de capital y trabajo invertido en una empresa formal genera un 39% más de valor agregado que si se invierte en una empresa informal. Además, enfatiza que, hasta que no se emprendan reformas para aumentar la productividad, el crecimiento del país seguirá estancado, limitándose a repuntes transitorios impulsados por shocks externos (como el outsourcing o las remesas).
Impacto en la calidad de la educación y los servicios de salud
En su estudio publicado en la Universidad Rice, Santiago Levy reconoce que la protección social es radicalmente diferente entre trabajadores formales (45% del empleo, con acceso a salud, pensiones, seguros y vivienda pagados por empresas y trabajadores) e informales (55% del empleo, con acceso a servicios de salud de calidad inferior y programas esporádicos pagados con ingresos fiscales generales).
Ante el estancamiento del crecimiento, los gobiernos han buscado mejorar el bienestar social mediante transferencias de ingresos.
Pensiones y aumento al salario, efecto negativo en servicios sociales
Santiago Levy documenta que entre 2018 y 2024, el gobierno del presidente López Obrador aumentó drásticamente las transferencias a los adultos mayores, pero debilitó el vínculo de estos apoyos con las inversiones en capital humano. Y detalla que este esfuerzo redistributivo, junto con un aumento del 110% en el salario mínimo y el incremento de las remesas, resultó en una reducción de la tasa de pobreza.
Sin embargo, acota, este cambio en la estrategia de gasto público ha tenido un efecto negativo directo en los servicios sociales esenciales:
- Reducción del gasto público: el gasto público en salud y educación ha disminuido.
- Cambio en la composición del gasto: la composición del gasto público ha cambiado, destinándose más recursos a pensiones y pagos de deuda, y menos a salud, educación e infraestructura.
- Deterioro del acceso a la salud: La proporción de la población sin acceso a servicios de salud aumentó significativamente entre 2016 y 2024, pasando del 17.4% al 36.7%. Este es un "retroceso en la salud (y otros servicios públicos)".
- Deterioro educativo: también ha disminuido la proporción de jóvenes pobres que asisten a la escuela preparatoria.
En resumen, aunque ha habido una reducción significativa de la pobreza gracias a las transferencias, esta se ha logrado mientras el crecimiento se estanca y el acceso a la salud y otros servicios públicos cae.
VGB