La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) identificó a empresarios estadounidenses involucrados en el esquema de huachicol fiscal, y explicó que algunas de estas carpetas por contrabando de combustibles ya fueron ante un juez con el objetivo de obtener órdenes de aprehensión.
Además, remarcó que sí hay empresarios estadounidenses investigados, ya que no se explica que “venga combustible de Estados Unidos a México de manera ilegal y que no tuviera a alguien del otro lado”.
Padre e hijo de Texas, ligados al huachicol fiscal
El 1 de mayo el Departamento de Estado norteamericano dio a conocer que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (dependiente del Departamento del Tesoro) sancionó a tres mexicanos y dos empresas involucradas en el robo de combustibles y el tráfico de drogas.
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A finales de mayo, La Silla Rota publicó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a dos hombres, padre e hijo, con vínculos al sur de Texas, de conspirar para brindar apoyo material a un cártel mexicano, el cual fue designado como organización terrorista extranjera. También se les acusa de conspirar para cometer lavado de dinero y por cargos relacionados con el contrabando de petróleo crudo.
Los acusados son Maxwell Sterling Jensen, de 25 años, de Draper, Utah, y James Lael Jensen, de 68 años, de Sandy, Utah. La acusación penal en su contra fue presentada el pasado 22 de mayo. Y en ella se alega que ambos conspiraron para proporcionar apoyo material al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en forma de moneda estadounidense.
Según la acusación, los Jensens supuestamente operaban Arroyo Terminals, una empresa con sede en Rio Hondo. Ambos también están acusados de supuestamente conspirar para realizar transacciones financieras con el fin de ocultar y disfrazar la naturaleza y el origen de las ganancias de bienes de contrabando ilegal, en este caso, petróleo crudo.
Además, supuestamente ayudaron e incitaron a la entrada fraudulenta de aproximadamente 2,881 cargamentos de petróleo en violación de la Ley Arancelaria. La operación de petróleo crudo supuestamente generó millones de dólares y fue descrita como la mayor fuente de financiación para los cárteles mexicanos de la droga.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca incautar una fortuna de al menos 300 millones de dólares que amasaron los integrantes de una familia de Utah al hacer negocios con el CJNG, publicó este medio en junio de este año.
Dos de los cargos contra James y Maxwell Jensen son por asociación para lavar dinero producto de la introducción de contrabando y transferirlo a cuentas y beneficiarios en EU, pero involucran a cuatro integrantes de la familia, James Lael Jensen, Maxwell Sterling Jensen, Kelly Ann Jensen y Zachary Golden Jensen.
El caso Torm Agnes en Ensenada
Este miércoles, la agencia de noticias Reuters publicó un amplio reportaje sobre la trama de corrupción en el escándalo del tráfico ilegal de combustibles, conocido en México como huachicol fiscal.
Contexto: el robo de combustibles y el huachicol fiscal representó una merma económica de más de 30 mil millones de dólares, en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró Francisco Barnés de Castro, exsubsecretario de Energía en entrevista con La Silla Rota.
El caso que documentó Reuters se centra en el buque cisterna Torm Agnes, el cual salió de Canadá rumbo al puerto de Ensenada, en Baja California.
Reuters describe que el cargamento fue comprado en Canadá por la empresa estadounidense Ikon Midstream, y para cuando llegó a su destino en el Puerto de Ensenada, México, el 8 de marzo de 2025, la carga había sido declarada en la documentación aduanera como "lubricantes" o un petroquímico utilizado para fabricar lubricantes industriales, productos exentos de impuestos en México
Ikon Midstream compró el diésel en Canadá y alquiló el buque, pero en la documentación aduanera afirmó que el cargamento era de lubricantes o aditivos para lubricantes, un producto exento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) mexicano.
La destinataria del cargamento, según registros portuarios y facturas, fue la empresa mexicana Intanza, con sede en Monterrey. Autoridades mexicanas sospechan que Intanza es una empresa fachada del CJNG.
Los 5 marinos detrás del caso Ensenada
Tras el reportaje de Reuters, La Silla Rota documentó que entre los principales señalados del caso Ensenada se encuentran Fidel Murillo Gastélum y el agente aduanal Ángel Acevez Hernández, identificados como los responsables directos de autorizar y facilitar la entrada del Torm Agnes. Ambos habrían actuado en complicidad con una red encabezada por los hermanos Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quienes lideraban el grupo de marinos implicados en los hechos.
Las investigaciones también apuntan a Marco Aurelio Ochoa López, quien habría desempeñado un papel clave al gestionar los movimientos administrativos necesarios para concretar el desembarque. Ochoa fue representante de la empresa Intanza, compañía relacionada con Mefra Fletes, propiedad del llamado "El señor de los buques" y señalada de tener un papel recurrente en las operaciones de importación de combustible en varios puertos del país.
Otro de los mandos bajo escrutinio es el capitán Víctor Hugo Perry Pérez, comisionado de la Semar y actual titular en funciones, quien —según informes de inteligencia— habría gestionado una prórroga para mantener la coordinación de las reuniones previas con la red de funcionarios que operaba en los puertos del Pacífico. Estas reuniones contaron con la participación del capitán José Manuel López Cabrera, subdirector de Operación Aduanera en Ensenada.