Saori Beatriz Pérez Milo es autista. Pese a ello, en Nayarit, donde radica, por ley su condición no es considerada una discapacidad. Eso le dificulta obtener una credencial para acreditarse como persona con discapacidad y los trámites son un calvario
“Se nos dice que para hacerlo deberíamos tener un retraso mental”, expuso durante la primera sesión de la Audiencia Pública organizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para escuchar a personas con discapacidad sobre si deben ser consultados o no en la elaboración de leyes por parte de los congresos estatales y el federal, como propuso la ministra Lenia Batres y con ello abandonar el criterio de la anterior (SCJN) de invalidar leyes que no hubieran sido consultadas a personas con discapacidad,
Saori contó además que cuando es atendida por médicos y enfermeras, se encuentra con que la ley no contempla que tengan formación en discapacidad. Ejemplifica eso en qué se traduce.
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“Tu discapacidad no es tan discapacidad”, le dicen para minimizarla.Contexto: la primera audiencia pública de la SCJN se llevó a cabo en 2008 en relación a las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República contra los cambios al Código Penal del entonces Distrito Federal que permitieron la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
Las audiencias comenzaron el 11 de abril de 2008 y se hicieron seis sesiones en total, en las que participaron desde el procurador de la época, Eduardo Medina Mora; el titular de la CNDH, José Luis Soberanes, quienes plantearon sus objeciones a los cambios promovidos por e gobierno de la capital de la República, aprobadas en abril de 2007.
También intervinieron investigadores del Investigaciones Jurídicas de la UNAM, representantes de Red Familia AC, y Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Agrupación Courage Latino AC, Asociación Vida y Familia AC, Asociación Panamericana de Bioética AC, Asociación Mexicana de Bioética AC, así como el gobierno de la Ciudad de México.
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Primera audiencia de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación
La primera Audiencia Pública realizada en la zona de Murales de la SCJN se convirtió en un altavoz para que personas con discapacidad como Saori expusieran sus quejas sobre el trato que reciben de parte de dependencias de gobierno o como hay quienes los invisibiliza.
Ángel Ibarra Jasso fue otro participante. Compartió que cuando necesita acudir a una institución para pedir ayuda por su discapacidad, va con cautela porque ha sufrido discriminación. Aprovechó para criticar a personas que simulan ser discapacitadas para llegar a un cargo, aprovechando las acciones afirmativas, como ocurre con una diputada local en Michoacán, de donde él es originario.
Luis Edgar Sánchez, de Hidalgo, fue otro asistente que ante los 9 ministros expuso que ha luchado por más de 20 años por un buen trato como paciente psiquiátrico, en hospitales donde los recursos fluyen a contentillo de gobernadores o políticos porque no hay una ley que destine un porcentaje al respecto. Además, la Secretaría del Bienestar le ha negado un par de veces su pensión de Discapacidad del Bienestar, a la que por ley tiene derecho.
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María Guadalupe Pinto participó, a distancia, en la audiencia pública, donde criticó que el tema de los Maestros Sombra, profesionales capacitados para atender de manera individual a niños con autismo, no está uniformado en la ley, por lo cual hay desigualdad de acceso y casi todos trabajan de manera privada por un alto costo.
“Es evidente la necesidad de un sistema público y accesible. Incluir la regulación de maestros sombra, y su falta responde a temas económicos y políticos”.
En lo que alrededor de 30 ponentes coincidieron más allá de las problemáticas que presentaron, es que las leyes que tengan que ver con ellos deben ser consultadas por los legisladores estatales y federales y no usar un criterio regresivo, como algunos calificaron la propuesta de Batres.
Derecho a la consulta es un derecho sustantivo
Sandra Lair Trejo explicó que quien no vive la discapacidad no puede definir desde la distancia. Además de que tienen derecho a participar porque además son una fuente legitima de saber.
“Queremos participar y no queremos seguir con la tarea de corregir, no puede haber normas sobre nosotros sin nosotros”, expuso.
Marta Graciela García, del Movimiento de Personas con Discapacidad, remarcó que el derecho a la consulta es un derecho sustantivo, no una formalidad.
Propuso además que la SCJN acepte que personas con discapacidad impugnen que congresos estatales o el federal aprueben leyes sin consultarlos.
“Toda norma aprobada sin consulta debe ser anulada”, sintetizó.
Miguel Ángel Miranda Aquino, de Morelos, fue otro activista quien detalló que es complicado impugnar por parte de una persona con discapacidad, porque eso requiere 15 firmas. Aunque aparentemente no es un trabajo tan difícil reunir esas firmas, cuando se trata de personas con discapacidad sí lo es.
“Hay compañeros que no pueden salir de sus casas, tener acceso al internet, juntarse 15 personas”.
Incluso el tema de la recientemente aprobada ley de amparo en el Congreso de la Unión llegó a la audiencia pública.
Audiencia pública, un paso histórico; propuesta de Batres, regresiva: Yasmín Esquivel
La ministra Yasmín Esquivel calificó como un paso histórico de la Suprema Corte abrir sus puertas y escuchar directamente a las personas con discapacidad, a sus organizaciones, a sus familias y todas aquellas comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva.
También calificó de regresiva de los derechos de las personas con discapacidad la propuesta de la ministra Lenia Batres de abandonar el criterio de consultarles siempre.
Esquivel Mossa refirió que el propósito de estas audiencias es dotar al Tribunal Pleno de los elementos necesarios para tomar las mejores determinaciones posibles respecto del eventual cambio de criterio que se analiza en la acción de inconstitucionalidad 182/2024. Esta audiencia, dijo, “es el mecanismo que nos permite cumplir con nuestro deber constitucional y convencional de escuchar antes de decidir”.
Aprovechan para criticar ley de amparo
Víctor Hugo Núñez Martínez, del Movimiento por la discapacidad morelense, pronosticó que organizaciones podrían ver limitados la presentación de amparos porque la reforma endurece los estándares para lograr la suspensión en ciertos casos.
Habrá más litigios individuales y solo se atenderán estos casos para pedir suspensiones, previó. En materia de discapacidad una suspensión puede evitar daños continuos como falta de atención en caso de un tratamiento, remarcó.
Para votos, todos aman el autismo
La audiencia se convirtió en un batiburrillo de temas, de activistas que argumentaron por qué es importante la consulta de leyes con personas con discapacidad -lo que la ministra Lenia Batres busca invalidar- hasta quejas sobre discriminación, la atención de políticos y la administración pública hacia este grupo.
“Porque para las fotos y los votos, todo aman el autismo y cualquier tipo de capacidad, pero cuando se trata de garantizar derechos, desparecemos de las mesas de decisión. Mientras el resto del año somos invisibles para el Estado. No basta con rampas inclinadas e invisibles, calles llenas de baches para quienes tiene discapacidad motriz, visual. La accesibilidad debe ser real”, dijo Saori Pérez.
El presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz buscó reencauzar el tema y aclaró que se trataba de una audiencia pública sólo sobre la consulta.
Se desmarcan
A mitad de sesión algunos ministros salieron a aclarar que el tema de invalidar que las leyes que no hubieran sido consultadas con las personas con discapacidad, fueran invalidadas, como planteó el 7 de octubre la ministra Lenia Batres ante el Pleno de la SCJN, estaba sometido a debate.
Así lo expuso el ministro Giovanni Figueroa, quien aclaró que la Suprema Corte no ha tomado aún un criterio.
“El tema no ha sido resuelto y sigue bajo análisis. Hasta este momento, quedó evidenciado en audiencia que tuvimos cuando Batres sometió a consideración este tema. Yo no estoy de acuerdo con el cambio de criterio porque todo lo que les afecte debe ser consultado desde el comienzo para que puedan intervenir activamente en el proceso y no solo cuando decisiones estén tomadas”.
La ministra Yasmín Esquivel previamente también dijo que el tema estaba a debate.
La primera audiencia duró cuatro horas con 25 minutos. Concluyó con 7 ministros presentes, pues la ministra Loretta Ortiz pidió permiso para retirarse y María Estela Ríos se retiró.
Este 21 y 22 seguirán las sesiones de la audiencia.
Contexto
El 7 de octubre la ministra Lenia Batres presentó ante el Pleno de la SCJN un proyecto de resolución para que se eliminara el criterio de que las leyes que tuvieran que ver con personas con discapacidad, pero no fueron consultadas con ellos, fueran invalidadas. Sin embargo, el proyecto no fue votado, aunque la ministra Batres aseguró que el Pleno de la Corte ya lo había invalidado.
El problema de que se elimine el criterio para invalidar una ley relacionada con personas con discapacidad, que no haya sido consultada con ellos, es que eso está establecido en la Convención Internacional de Derechos para personas con discapacidad, firmada en 2016.
Eso preocupó a organizaciones de personas con discapacidad, quienes solicitaron una audiencia pública –una figura de la nueva SCJN, donde el encuentro es público- para pedir que no se elimine la consulta y que además las comisiones de derechos humanos puedan hacer acciones de inconstitucionalidad en nombre de personas con discapacidad.
A raíz de la petición de las personas con discapacidad, el Pleno de la Suprema Corte acordó recibirlos durante tres días, del 20 al 22 para que hablen tanto a título individual como organizaciones.