La senadora Laura Itzel Castillo Juárez propone etiquetar los productos que contengan maíz transgénico. La medida busca que los consumidores conozcan el origen del grano presente en su dieta, en un contexto marcado por la crisis que enfrentan los agricultores que cultivan maíz no modificado y denuncian falta de pago justo por su producción.
La iniciativa surge mientras productores de 17 estados realizan protestas y bloqueos en carreteras. Reclaman precios de garantía que cubran los costos de siembra del maíz nativo e híbrido destinado al consumo humano.
Los productores señalan que el Gobierno Federal paga 5,000 pesos por tonelada, aunque necesitan al menos 7,200 pesos para equilibrar su inversión. “Si se quiere dar identidad al maíz, también se debe pagar por esa identidad”, reclaman.
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Los campesinos advierten que el costo de producir maíz nativo ronda los 60,000 pesos por hectárea, mientras el maíz transgénico de Estados Unidos cuesta cerca de 18,000. Esa diferencia vuelve inviable la competencia y empuja a pequeños y medianos productores a abandonar la siembra.
El revés comercial del T-MEC
Contexto: el impulso al etiquetado del maíz transgénico llega tras la derrota de México en el panel de controversias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En diciembre de 2024, el fallo obligó al país a mantener abiertas las importaciones de maíz transgénico, al considerar que las restricciones mexicanas no estaban sustentadas en pruebas científicas que demostraran daño a la salud humana.
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La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, informó entonces que el panel resolvió a favor de su país en las siete reclamaciones presentadas. El Gobierno mexicano retiró el veto a las importaciones y conservó únicamente la prohibición de sembrar el grano genéticamente modificado en territorio nacional.
México importa cerca del 50 por ciento del maíz que consume, en su mayoría proveniente de Estados Unidos, donde más del 90 por ciento de la producción es transgénica. En 2023, las compras alcanzaron un récord de 15.3 millones de toneladas.
Soberanía alimentaria y marco constitucional
La presidenta Claudia Sheinbaum promulgó en marzo de 2025 reformas a los artículos 4 y 27 de la Constitución para garantizar que el maíz cultivado en México permanezca libre de modificaciones genéticas. La medida consolidó la prohibición del cultivo de transgénicos, pero no abordó la dependencia de las importaciones.
El etiquetado propuesto por la senadora Castillo Juárez se perfila como un complemento a esa reforma. Busca ofrecer a los consumidores información sobre los ingredientes que consumen y al mismo tiempo reforzar la protección del maíz nativo. “El pueblo tiene derecho a saber lo que consumimos”, declaró la legisladora durante la presentación del punto de acuerdo.
Organizaciones civiles como Sin Maíz No Hay País señalan que el etiquetado también serviría para distinguir los productos elaborados con maíz local de aquellos provenientes de importaciones transgénicas, lo que podría incentivar la compra de grano nacional y fortalecer la producción campesina.
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Un equilibrio entre comercio y soberanía
La iniciativa plantea un intento por equilibrar las obligaciones del tratado comercial con el derecho del país a proteger su biodiversidad y su soberanía alimentaria.
Expertos advierten que, si no se corrigen las condiciones de competencia, la producción nacional continuará en retroceso. El riesgo, indican, es la pérdida de variedades de maíz que forman parte del patrimonio biocultural del país.
El etiquetado se presenta así como una herramienta de defensa ante la imposibilidad de restringir las importaciones. En un escenario donde la dependencia del maíz transgénico importado aumenta, el Senado busca que el consumidor participe en la decisión sobre qué tipo de maíz sostiene la dieta nacional.
VGB