La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebrará una audiencia pública con grupos sociales, en la que los ministros escucharán a personas con discapacidad antes de emitir una sentencia.
La sesión fue convocada para el lunes 20 de octubre a las 12:00 horas, en la sede del alto tribunal, como parte de la discusión de la acción de inconstitucionalidad 182/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán (CDHM).
El caso podría modificar el criterio que, desde hace una década, ha llevado a la Corte a invalidar automáticamente las normas que afectan a las personas con discapacidad cuando no se les consulta previamente.
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El análisis de este asunto estaba previsto para este lunes en el Pleno, pero su resolución fue aplazada por segunda vez, luego de que organizaciones de personas con discapacidad solicitaran ser escuchadas antes de la deliberación. El pasado 7 de octubre, los ministros discutieron parcialmente el proyecto, pero el debate se suspendió ante las diferencias de criterio entre los integrantes del Pleno.
“Hemos recibido solicitud de audiencia de parte de varias organizaciones y personas interesadas en los temas que se abordan en esta acción de inconstitucionalidad, y quiero comunicarles que hemos tomado la decisión de llevar a cabo la primera audiencia pública sobre temas relevantes”, anunció el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, al informar la decisión del Pleno.
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La audiencia se realizará bajo el marco del Acuerdo General 5/2025, aprobado el pasado 3 de septiembre, que crea la figura de audiencias públicas para escuchar a grupos sociales en asuntos de especial relevancia.
Criterio que afectaría a personas con discapacidad
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para resolver un asunto que podría redefinir cómo el Estado mexicano escucha o deja de escuchar a las personas con discapacidad.
Este lunes el pleno discutirá si mantiene el criterio que obliga a revisar de oficio si una ley o política pública fue consultada con las organizaciones de personas con discapacidad antes de aprobarse. La decisión, aunque técnica, podría marcar un retroceso histórico en la participación de un grupo que ha sido sistemáticamente excluido de los espacios de poder.
En una carta abierta dirigida a las ministras y ministros de la Corte, diversas organizaciones civiles advirtieron que la consulta no es un trámite burocrático, sino una herramienta para que la voz de quienes enfrentan mayores barreras llegue a las decisiones del Estado.
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Recordaron que México está obligado, por el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a realizar consultas “efectivas, incluyentes y representativas” antes de adoptar cualquier medida que impacte en sus vidas.
“Si la Corte es la Corte del pueblo, tiene también el deber moral de escuchar a las organizaciones de personas con discapacidad”, señala el documento, que solicita un espacio público y accesible donde estas puedan ser escuchadas antes de que se emita una sentencia.
Contexto:
Hasta ahora, el tribunal máximo mantenía un criterio claro: si una ley se aprobaba sin haber consultado a las organizaciones de personas con discapacidad, debía invalidarse por violar una formalidad esencial del procedimiento legislativo.
Pero con la nueva integración del pleno, algunas ministras y ministros han planteado la necesidad de revisar si esa sanción automática es excesiva. La idea es matizar el precedente y evitar que las normas sean anuladas solo por cuestiones formales, sin evaluar su contenido o impacto.
Esa discusión, aparentemente técnica, preocupa a defensores de derechos humanos que ven en ella el riesgo de debilitar una de las pocas herramientas que obligan al Estado a escuchar.
Obstáculo para personas con discapacidad
En entrevista con La Silla Rota, Carlos Ríos Espinosa, director asociado de la División de Derechos de las Personas con Discapacidad de Human Rights Watch, advirtió que suprimir el examen de oficio sería un retroceso grave.
“El Estado mexicano tiene la obligación de consultar estrechamente a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. Pero muchas legislaturas lo cumplen mal o, simplemente, no lo cumplen”, explicó.
Según Ríos, el nuevo enfoque que propone el pleno trasladaría la carga a las propias personas con discapacidad para que sean ellas quienes acudan a la Corte a denunciar la falta de consulta.
“Eso es problemático porque no tienen legitimación procesal. No pueden acudir directamente, salvo como amicus curiae (figura que permite a terceros ajenos a un litigio solicitar la autorización del tribunal para presentar información o argumentos que ayuden a resolver el caso) y muchas enfrentan barreras estructurales enormes. Hay personas que no pueden salir de su cama por falta de asistencia. Arrojarles la carga de defenderse solas es injusto”, afirmó.
El abogado recordó que detrás de muchas decisiones legislativas sin consulta se esconde una visión paternalista que sigue tratando a las personas con discapacidad como menores de edad.
Citó el caso de Chihuahua, donde una ley permitía que personas adultas con discapacidad fueran “adoptadas” como si fueran niños, disposición que la Corte invalidó por falta de consulta.
“Esa norma era una forma de infantilización. Las personas con discapacidad tienen derecho a tomar sus propias decisiones y ser tratadas como iguales. No se puede decidir por ellas en nombre de su ‘protección’”, señaló.
Ríos consideró legítimo que la Corte busque perfeccionar su criterio, pero insistió en que no debe renunciar a su deber de revisar de oficio si los derechos humanos están siendo vulnerados.
“La Corte tutela la supremacía constitucional. No puede mirar hacia otro lado cuando una norma viola la Constitución o los tratados internacionales”, subrayó.
Piden foro a la SCJN
Las organizaciones firmantes de la carta abierta propusieron que, antes de emitir una resolución definitiva, la Suprema Corte convoque a un evento público y accesible donde se escuche directamente a las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas.
Pidieron además que la consulta se reconozca como un elemento sustantivo del control de constitucionalidad, no como un simple trámite.
“Una decisión que resulte después de escuchar a quienes serán afectados reforzará la legitimidad y el contenido justo de la resolución”, sostienen.
Para Ríos Espinosa, el nuevo pleno debería actuar con cautela. “La Corte apenas empezó sus trabajos en septiembre. Sería importante tomarse el tiempo necesario para reflexionar y escuchar a quienes serán directamente afectados”, dijo.
Advirtió que una decisión que minimice el deber de consulta enviaría un mensaje preocupante, no solo a las personas con discapacidad, sino también a otros sectores que dependen de mecanismos similares de participación, como los pueblos indígenas y las personas mayores.
“Sería un mensaje muy poco alentador. La Corte debería enviar una señal de inclusión y de participación democrática. Un cambio regresivo dañaría su legitimidad”, advirtió.