Tras una extensa sesión de 17 horas en la sede alterna de la Cámara de Diputados, se aprobó en lo general y lo particular el proyecto de reforma al Poder Judicial, que introduce modificaciones a diversas disposiciones constitucionales.
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Sin embargo, el punto más polémico de la reforma es la incorporación de la figura de los “jueces sin rostro”, integrada en la fracción X del apartado A del artículo 20 de la Constitución. Esta adición, impulsada por Morena y sus aliados, responde a una reciente propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, y está destinada a proteger a los jueces que traten casos de delincuencia organizada.
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¿Qué son los “jueces sin rostro”?
La figura de los "jueces sin rostro" fue añadida a la reforma judicial por recomendación del presidente López Obrador, quien en su conferencia matutina del 20 de agosto destacó la necesidad de brindar “una especie de protección” a los jueces que manejan casos de crimen organizado. Según el mandatario, se requiere un mecanismo que permita a las autoridades tomar decisiones sin revelar su identidad, debido a las amenazas y presiones que enfrentan.
“Un mecanismo en donde resuelvan autoridades sin que se conozca, buscar una forma que se pueda hacer, porque muchos están sometidos a amenazas, a presiones”, dijo AMLO.
Es decir, la propuesta, ahora enviada al Senado tras su aprobación en la Cámara de Diputados, busca proteger a los jueces al mantener su identidad oculta en ciertos procedimientos legales para minimizar riesgos en el ejercicio de su función.
“Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”, se lee en la propuesta que fue entregada al Senado tras su aprobación en la Cámara Baja.
Sin embargo, catorce años atrás, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa ya había propuesto la implementación de "jueces sin rostro" para proteger a los magistrados de represalias por parte de la delincuencia organizada.
“Los ciudadanos, los policías, los jueces y los ministerios públicos sí tienen un riesgo en el sentido de que están totalmente expuestos a las venganzas de los criminales [...] No podemos ni debemos permitir que los delincuentes pretendan intimidar a los juzgadores para evadir sus delitos y responsabilidades”, manifestó el exmandatario durante el quinto día del Diálogo por la Seguridad: evaluación y fortalecimiento en 2010.
Calderón solicitó al Congreso una modificación legal para incorporar esta medida en la Constitución, pero su petición no fue atendida.
Organismos señalan riesgos para las personas juzgadoras
Aunque este mecanismo se utiliza en Colombia y Perú principalmente para combatir guerrillas, narcotráfico y terrorismo, ha generado abusos documentados y denunciados por asociaciones civiles y organismos internacionales. Esto se debe a que el sistema viola el derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente, imparcial e idóneo.
Sin embargo, a pesar de su presentación como una protección para casos de alto impacto, movimientos como Amnistía Internacional, el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) se oponen a ella por su mal uso para cometer violaciones a los derechos humanos.
Y es que tan solo en la década de 1990, en el sistema penal peruano, Amnistía Internacional identificó al menos 700 casos de personas acusadas falsamente por delitos relacionados con terrorismo, resultado de un sistema que facilitaba el encarcelamiento sin pruebas.
Además, diversos organismos han denunciado que ocultar las identidades de los jueces infringe el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al impedir que la persona acusada verifique si el juez cumple con los requisitos de imparcialidad.
“La figura de jueces ‘sin rostro’ impide conocer la identidad de la persona que juzga, así como valorar su idoneidad y competencia. Hay que proteger a las personas juzgadoras, sin vulnerar el derecho a un juicio justo, ante un tribunal independiente e imparcial”, expuso la ONU-DH en su cuenta de X al respecto.
Por su parte, la Magistrada Taissia Cruz Parcero, titular de la Defensoría Pública Federal (IFDP), advirtió durante la presentación de la mesa de diálogo "Jueces sin Rostro: Amenaza para la Defensa" sobre los graves riesgos que enfrentan las personas juzgadoras al tratar casos de delincuencia organizada.
"Es una paradoja que en este gobierno que ha exhibido de manera constante a jueces, que ha mostrado sus caras, sus credenciales, sus nombres, ahora resulta que se preocupa por la seguridad de juezas y jueces".