El mayor riesgo de que avance la reforma constitucional que desaparecería varios órganos constitucionales como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) radica en que el llamado “derecho a saber” quedaría fragmentado porque algunas de sus facultades se transferirían a la Secretaría de la Función Pública, otras a la de Economía, algunas al Instituto Nacional Electoral (INE), y otras ni siquiera se especifican en la iniciativa, señala Adrián Alcalá, comisionado presidente del organismo.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
En entrevista con La Silla Rota, el titular del organismo desde 2023 estima que hay indicios de que la mayoría legislativa no parece tener la misma prisa para procesar la iniciativa de desaparecer a los autónomos que ha mostrado para reformar al Poder Judicial o pasar la Guardia Nacional a la dirección de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Te podría interesar
Sin embargo, advierte, es necesario tomar en consideración que la propuesta es un retroceso respecto a lo que se ha ganado en materia de conocimientos sobre la manera en que gasta el gobierno, o cómo se toman decisiones de política pública.
De prosperar la iniciativa se regresaría al tiempo en que la garantía de conocer depende de quien publica la información y se podría caer en la tentación de que quien administra la plataforma puede eliminar datos ante la ausencia de un árbitro independiente.
Iniciativa incompleta
Un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de a UNAM sobre la iniciativa para desaparecer a órganos como la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el propio INAI señala que la iniciativa aprobada por comisiones de la pasada legislatura no señala claramente quién se hará cargo de las competencias del instituto y que responsabiliza de garantizar derecho la información y protección de datos personales los sujetos obligados (como las secretarías y órganos de Estado), mientras la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control se encargarán de resolver las inconformidades que se presenten en ambas materias.
“Sobre todas las demás funciones del INAI la iniciativa no dice nada”, señala el análisis.
Alcalá concuerda con esa postura. La iniciativa, dice, no es muy clara y sólo apunta que la Secretaría de Economía se encargaría de la protección de datos personales en poder de particulares, y la de Función Pública sería responsable de los que están en poder del sector público.
“Hay muchas lagunas, ¿qué pasaría con los procedimientos que están en curso, ¿quién los va a atender?, ¿qué pasaría con los cumplimientos a las resoluciones, las denuncias por obligación de transparencia? Son muchas cuestiones que vemos que corren riesgo.
“El Sistema Nacional de Transparencia por supuesto que se desaparece, pero entonces este sistema de colaboración de coordinación quedaría fragmentado y cuando algo se fragmenta corre el riesgo de que se pierdan. Eso también conllevaría grandes riesgos para la salud democrática porque en una democracia plena las personas tienen derecho a preguntar y las autoridades tienen la obligación de responder”.
Optimismo moderado y austeridad
En el INAI hay optimismo porque el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, declaró hace unos días que esa reforma debía ir a un paso distinto a las dos ya aprobadas y habría que buscar diálogo y consensos para afinar la iniciativa.
En esa tónica, Alcalá dice que hay una propuesta de reorganización para responder a lo que se eligió el 2 de junio.
“México no es el mismo de los años 2000, cuando se creó esta institución, mucho menos el de los noventa cuando se empezaron a exigir esos derechos, pero sí es un México de necesidades, de reclamos de austeridad y eso es precisamente lo que estamos ofreciendo, siempre preservando la autonomía, la independencia y la imparcialidad en la garantía de los derechos”.
Así, el INAI ha elaborado una propuesta para reducir su estructura, por ejemplo, no contar con siete comisionados sino con cinco y hasta con tres, y bajar su presupuesto en 237 millones de pesos mediante la compactación de áreas y secretarías, además de reducir sus viajes y actividades internacionales que permitirían ahorrar otros 67 millones.
Así, el Instituto podría reducir su presupuesto en 27% respecto al que ejerció en 2024.
“Sería una modernización, una actualización de esta institución pero siempre respetando la autonomía y la independencia, sobre todo en beneficio de la garantía de estos de estos derechos”.
Sin resentimientos
De acuerdo con el análisis de la UNAM, la iniciativa descalifica sin mayor matiz el trabajo del INAI. Se recuerda a Alcalá que el gobierno y los senadores criticaron a la institución por onerosa, inservible, además reclamaron cuando se presentó una controversia constitucional contra el llamado Plan B que reducía las funciones y facultades del Instituto Nacional electoral, y se negaron a cumplir con las disposiciones de jueces que ordenaban elegir a los comisionados que faltaban.
El presidente del organismo de transparencia, sin embargo, dice confiar en que los legisladores no tienen una animadversión personal contra el INAI o sus comisionados.
“Las y los legisladores de la anterior la actual legislatura son hombres también de Estado. No creo que les haya incomodado que cumpliéramos con nuestra función. Tengo la certeza de que saben que cada institución juega su papel y nosotros qué es lo que tenemos que hacer, pues promover los medios correspondientes para que la institución pudiera funcionar. No fuimos a la arena pública a confrontarnos, no somos sumisos, hicimos lo que tenemos que hacer por la vida institucional y la vía jurídica correspondiente, sin subirnos a un debate en la arena pública sin confrontarnos con el presidente de la República ni con ningún actor”.