Padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegan al décimo aniversario de la desaparición sin que se cumpla la promesa de hallarlos.
El propio gobierno federal, en su tercer informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que este 25 de septiembre difundió la Secretaría de Gobernación, reconoce el estatus inconcluso del caso.
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“No descartaremos ninguna línea de investigación y seguiremos trabajando para sumar todos los indicios que nos permitan encontrar a los jóvenes, sancionar a los responsables, dar con la verdad, hacer justicia y que estos terribles hechos nunca más se repitan”, se lee en las conclusiones del documento.
El presidente López Obrador abordó el tema en su conferencia de prensa de este 25 de septiembre y responsabilizó a Gildardo López Astudillo “El cabo Gil” de la falta de avance en las investigaciones.
El testigo, que además se encuentra preso, no muestra voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene comunicación y contacto comprobado con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos, policías municipales de Iguala, Cocula y autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los jóvenes, explicó el presidente.
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La renuncia del fiscal, presionado por militares
Para los padres de los 43 todo se estancó desde 2022 cuando el presidente López Obrador comenzó a defender al ejército. Así lo explicaron a La Silla Rota don Clemente Rodríguez y don Bernabé Abrajam, padres de Cristian Rodríguez y Adán Abrajam.
Las investigaciones estallaron cuando en septiembre de 2023 el fiscal para el caso nombrado en 2019, Omar Gómez Trejo, renunció al cargo luego de exponer que el gobierno federal saboteó las investigaciones con la intención de proteger a militares involucrados en el caso.
La acusación causó la renuncia de Gómez Trejo, pero además el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de ser él mismo quien estaría a cargo de las investigaciones a partir de ese momento. El mandatario además acusó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de administrar el dolor de la gente; el distanciamiento fue el grupo que puso en duda la llamada “Verdad histórica” con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto trató de explicar que los jóvenes fueron secuestrados, asesinados y calcinados para desaparecer sus restos por el grupo que comandaba “El cabo Gil”.
Fue el quiebre del gobierno de López Obrador con las organizaciones de derechos humanos que han acompañado a los padres desde hace 10 años, ya que el presidente también se ha lanzado en contra del Centro Pro de Derechos Humanos.
Padres piden 836 folios militares
Los padres de los 43 han solicitado la entrega de 836 folios sobre el papel del ejército en las horas siguientes a la desaparición de los jóvenes.
Sin embargo, tanto los padres como su representante jurídico, Vidulfo Rosales, han dicho que aún no les entregan esos 836 folios.
En el tercer informe de la Covaj se informa que sí ha habido la entrega de documentos militares, pero no se menciona que sean los 836 que piden los padres de los 43.
“El gobierno de México ha entregado toda la información proporcionada por la Sedena, la última entrega consistente en 15 folios CRFI y 70 documentos relacionados a éstos y otros folios”.
El papel de los militares
En una carta a la opinión pública, dada a conocer el 31 de octubre de 2022, el GIEI se refirió al papel del ejército y de sus integrantes.
Señaló que existe evidencia de que numerosos miembros del 27 batallón estuvieron al tanto de los hechos desde la llegada de los jóvenes a Iguala, que fueron testigos de las detenciones, no actuaron para su protección, mientras tenían reportes de inteligencia de lo que estaba sucediendo y controlaban el sistema de monitoreo de cámaras C4.
“Existe al menos un testimonio que los relaciona con haber tenido a un grupo de normalistas. Personal militar tenía relación estrecha con (la organización) Guerreros Unidos, como han mostrado las interceptaciones telefónicas de Chicago, otros documentos y testimonios de testigos protegidos. A la luz de estas informaciones se hacen inconsistentes sus explicaciones de que desconocían la gravedad de los hechos y por ello no habrían intervenido”.
Además, la Secretaría de la Defensa Nacional tenía conocimiento de la implicación con el crimen organizado de varios presidentes municipales y jefes de seguridad local previamente a los hechos. A su vez, varios militares fueron sancionados por omitir información relevante y el propio coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón, fue recriminado internamente por su falta de actuación.
Se trata del mismo que el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que ordenó la desaparición de seis de los 43 normalistas.
El militar recibió el auto de formal prisión en septiembre de 2022 y salió en libertad el 9 de julio de este año.
El GIEI también se refirió a otro militar, el general José Martínez Crespo, que fue detenido el 20 de noviembre de 2020.
“Comunicaciones de la Sedena hechas públicas recientemente y no desmentidas, muestran un intento de exculpación de un militar detenido, el capitán José Martínez Crespo, e indicaciones de asesores militares de adecuar las declaraciones militares a la versión oficial de la época. Existen contradicciones entre las respuestas a solicitudes e informaciones encontradas que las desmienten”.
Los otros pendientes
Otros pendientes que no avanzaron en estos seis años fueron la extradición de Tomás Zerón de Lucio, quien se refugió en Israel.
En el informe de la Covaj se hace referencia al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de tortura de testigos y siembra de pruebas.
El ex funcionario de la entonces Procuraduría General de la República huyó de México el 13 de agosto de 2019 hacia Israel, país con el que no hay tratado de extradición. El presidente López Obrador hizo un llamado al gobierno israelí el pasado 4 de abril para autorizar la extradición, pero a la fecha no ha habido resultados.
Otra extradición que está pendiente es la del juez de barandilla en la base de la Policía Municipal de Iguala, José Ulises Bernabé García, quien podría haber sido el primer testigo de los rondines que hizo el ejército durante las primeras horas de la desaparición de los jóvenes. Presuntamente está en Estados Unidos.
“La relevancia de este probable responsable radica en que pudo haber tenido contacto con estudiantes que aparentemente fueron detenidos y llevados a la comandancia de Iguala, donde él era juez. Acorde con declaraciones que obran en las carpetas de investigación, se desprende que él pudo haber entrevistado a los jóvenes y con ello haber obtenido datos relevantes sobre su paradero”. Se lee en el informe de la Covaj.
En su tercer informe de la Presidencia de la comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, se informa que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República trabajan coordinadamente para lograr las extradiciones.
Los restos recién hallados
El 21 de septiembre de 2024, a cinco días del décimo aniversario, investigadores del gobierno federal hallaron presuntos restos humanos en el basurero de Cocula y al día siguiente, a las siete de la noche el abogado de los padres y madres, Vidulfo Rosales fue notificado y se le pidió que invitara al Grupo de Expertos de Antropología Forense de Argentina para su identificación.
Eso provocó que Rosales protestara, al considerar que no se estaba actuando conforme al protocolo y que había mucha prisa para la identificación de los restos.