La propuesta de que jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular requerirá que se dediquen a hacer política ante el gobierno o los legisladores en lugar de dedicarse a estudiar, considera Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez, jueza de Distrito en Materia Administrativa en Monterrey, Nuevo León.
“Uno de los valores fundamentales que regía el profesionalismo, el compromiso, el anhelo de hacer tu trabajo mejor, venía mucho de la carrera judicial, porque de alguna manera es: ‘yo trabajo, estudio y me esfuerzo y logro la asignación’. Este nuevo método de selección requiere primero probablemente tocar puertas en el Ejecutivo, en el Legislativo o incluso dentro del Poder Judicial para ser propuesto como candidato a elección popular”, lamenta en entrevista con La Silla Rota.
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Consultada sobre lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 28 de agosto durante su conferencia mañanera, de que no es tan complicado ni tan complejo el derecho, la jueza responde que el derecho es una ciencia.
“Si pensamos que la ciencia no sirve para resolver los problemas jurídicos, caeríamos en errores de resolver con base en subjetivismos y opiniones y eso nos llevaría a una inseguridad para todos, dependería del estado de ánimo, del gusto y de la opinión y se olvidaría el objetivo de para qué fue creada la ley”, expresa.
Fallos por “justicia social”, un riesgo
La falta de profesionalización y capacitación de los jueces electos podría ser un riesgo para quienes acuden a los juzgados en busca de justicia, pero que podrían toparse con que los jueces electos buscan hacer justicia social, advirtió.
“Imagínate que las personas que no tengan esta preparación y esta cultura y que tengan un sesgo en donde se les está diciendo ‘tienes que resolver por justicia social’, en lugar de asegurarse de que la ley se cumpla y se respete, que es el eje rector de los impartidores de justicia.
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El ejemplo, dice, es un posible caso de una persona propietaria de una casa que está pagando pero que no habita. Si una persona se mete a vivir ahí, sin autorización y el dueño inicia un juicio, el juzgador, por la llamada “justicia social”, decide que quien se metió puede quedarse porque el dueño no la usaba.
“Es que tú la dejaste, quiere decir que tú no la necesitabas y por justicia social hay una persona que sí. O sea, podríamos llegar a absurdos de ese nivel, eso nos cuesta mucho trabajo creerlo porque se nos hace muy absurdo, pero nadie te garantiza que no pueda llegar a eso”, continúa.
Critica que para jueces no sea requisito tener carrera judicial
Hurtado de Mendoza Godínez comenzó a trabajar en el Poder Judicial de la Federación desde 1998. Como miles de estudiantes en México, combinó estudios con trabajo. Recuerda que hizo trabajo ‘meritorio’ en un juzgado, que se estilaba a fines del siglo pasado e inicios de este, en el que no se les pagaba, pero aprendían. Esa práctica ya no existe.
“Los requisitos para ser secretario actual y oficial van a ser mayores que para ser juez. Entonces, qué incentivo puede haber para quienes desean incorporarse a la carrera judicial y dicen ‘es que yo quiero ser una persona que se dedique a interpretar la ley y aplicarla de la mejor manera con una visión de derechos humanos’, si todo tu esfuerzo, tu preparación y tu capacitación necesariamente van a pasar por el tamiz de una elección popular”, cuestiona.
Respecto al paro que ha escalado con las protestas no sólo de los trabajadores en distintos estados, que ha recibido la solidaridad de estudiantes de escuelas y facultades de Derecho, como la de la UNAM, la jueza reconoce que no les hubiera gustado llegar a esa medida.
No obstante, asegura que fue necesario, ya que se trata de un llamado de atención tanto a la sociedad como a los diputados y senadores para tratar de transmitirles que lo que quieren los trabajadores del Poder Judicial es una reforma que realmente resuelva los problemas de la justicia en México.
En resumen, estima que la reforma no va a solucionar los problemas, al contrario, los agravará y provocará que se pierdan los procesos de capacitación que llevan más de 15 años, así como el avance que se ha registrado en impartición de la justicia, observa.
“Nosotros queremos una reforma que abarque a las defensorías. Necesitamos defensorías públicas más grandes, más eficientes y cercanas. La reforma no lo trata”, afirma.