El gobierno puede impugnar la orden para suspender la publicación de la reforma judicial que concedió un juez con sede en Colima, pero si no lo hace y la promulga como se anunció, el 15 de septiembre, cometería una nueva violación al proceso legislativo que sería motivo para invalidarla, consideró el abogado Arturo Pueblita.
Este viernes se conoció la suspensión provisional que concedió el juez segundo de distrito del 32° circuito, con sede en Colima, a una asociación civil que pidió detener la discusión de la reforma.
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El impartidor de justicia ordenó que no se lleve a cabo la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma a la Constitución en las legislaturas de los estados, pero en caso de que el procedimiento se aprobara dicta que “el decreto respectivo no se publique en el Diario Oficial de la Federación”.
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Pueblita, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), señala que las autoridades del Legislativo y el Ejecutivo podrían presentar un recurso de queja ante un tribunal colegiado que de aceptarla tendría que analizarla y definir, en un plazo de 24 horas, si mantiene la orden del juez o la revoca.
Si las autoridades no impugnan la suspensión estarían aceptándola, aunque se corre el riesgo de que no la respeten y esta sería la cuarta orden emitida por órganos del Poder Judicial que no se acata durante el proceso de reforma judicial, añade el jurista.
Legisladores y funcionarios han cuestionado las suspensiones dictadas por jueces federales bajo el argumento de que el Judicial dicta medidas sobre un cambio legal que le afectará directamente.
Pueblita aclara que la reforma aún no ha entrado en vigor y la ley vigente dispone que sea el Poder Judicial el responsable de la validación y el análisis de constitucionalidad, esto es, que el proceso y sus disposiciones cumplan con lo que establece la Constitución.
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La política carcome al Derecho
Si el gobierno lleva adelante su plan de publicar la reforma el 15 de septiembre incurrirá en desacato lo que significaría una sanción para las autoridades, señala el investigador Jesús Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
“Pero no va a suceder absolutamente nada. ¿Cuáles son las implicaciones? Lo mismo que ha pasado con las tres suspensiones que se han ignorado y han caído en desacato, no pasa nada, porque la política en estos momentos está carcomiendo al Derecho”, dice a La Silla Rota.
Las órdenes que han dictado los jueces tienen un valor porque las juezas y jueces han otorgado estas suspensiones en apego a derecho “pero en los tiempos que corren, difícilmente se va a impedir la promulgación de la reforma judicial con este tipo de acciones”.
En el Senado, tras el conteo de las legislaturas que aprobaron la reforma, la morenista Ernestina Godoy, presidenta de la comisión de puntos constitucionales, sostuvo que las suspensiones son “notoriamente improcedentes, no pueden actuar así”.
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VGB