La demanda del Gobierno de México en contra de 6 empresas fabricantes de armas en Estados Unidos fue desestimada por presuntos problemas jurisdiccionales. El juez Dennis Saylor justificó la anulación del caso al sostener que la demanda se basa en probabilidades estadísticas, en lugar de proporcionar pruebas de la relación de los 6 demandados con el tráfico de armas.
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En un documento de 28 páginas, el juez describió los argumentos probabilísticos por los que el caso no podía seguir adelante.
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Dichos argumentos son:
- Los fabricantes de armas demandados vendieron armas de fuego a distribuidores y minoristas en cada uno de los 50 estados de EU.
- Los acusados vendieron algún número (indeterminado) de armas de fuego a distribuidores o minoristas con sede en Massachusetts.
- Algún número (indeterminado) de las armas de fuego, vendidas por estos, fueron traficadas ilegalmente a México.
- Algún número (indeterminado) de las armas de fuego, traficadas a México, fueron usadas para causar lesiones a personas en México.
- Al menos algunas de las armas de fuego vendidas por las empresas demandadas en Massachusetts deben haber causado lesiones en México.
Con base en estos argumentos, el juez señaló que México no proporcionó “pruebas suficientes para establecer una relación entre las lesiones reclamadas y las transacciones comerciales de cualquiera de los seis acusados en Massachusetts”, por lo que el caso no puede seguir adelante.
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Las empresas demandadas por México son:
- Barrett Firearms
- Beretta USA
- Century International Arms
- Colt’s Manufacturing
- Glock y Strum
- Ruger
Falla en la jurisdicción
Los problemas jurisdiccionales por los que el juez Dennis Saylor desestimó la demanda del Gobierno mexicano contra los fabricantes de armas en Massachusetts son:
- El Gobierno de México no es ciudadano de Massachusetts
- Ninguno de los 6 demandados tiene sede o algún lugar de negocios en Massachusetts
Debido a ello, y pese a que el Gobierno mexicano pueda llegar a proveer pruebas que sustenten sus alegatos en contra de estas empresas, el juez considera que el caso no corresponde a la jurisdicción del tribunal en el estado de Massachusetts, por lo que el caso igualmente sería desestimado.
“No hay evidencia de que alguno de los demandados tenga una fábrica u oficina de venta en Massachusetts, ni que las supuestas lesiones de las que habla la demanda se produjeran en Massachusetts o contra alguno de sus ciudadanos”, sostiene el juez.
Y agrega que tampoco se comprueba que algún arma de fuego especifica “se haya vendido en Massachusetts y haya causado daño en México", por lo que decidió desestimar la denuncia en contra de los 6 fabricantes de armas, como lo solicitaron estos mismos en enero de 2022.
Esta determinación se contrapone al fallo a favor que una Corte Federal de Estados Unidos con sede en Tucson, Arizona, condujo a México en marzo de 2024. En dicho fallo, la Corte responsabilizó del tráfico ilegal de armas hacia México, a los vendedores y fabricantes de armas en Estados Unidos.
Dicho fallo corresponde a una demanda presentada por México en octubre de 2022 contra 5 tiendas de armas en Tucson, Arizona, las cuales, facilitan el tráfico de armas al país.
México apelará decisión del juez
Tras conocerse el fallo del juez Dennis Saylor de Massachusetts, el cual anula el caso de México en contra de empresas de fabricación y comercialización de armas de fuego, el Gobierno mexicano informó que estudia la posibilidad de presentar una apelación o llevar el caso a otras cortes de Estados Unidos.
"Es importante destacar que la demanda de México en Boston continúa en contra de dos empresas: Smith and Wesson e Interstate Arms. Esta decisión no afecta la demanda contra estas dos empresas ni absuelve de responsabilidad a las otras seis empresas", precisó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en sus redes sociales.
Inmunidad procesal en EU tumba demanda de México contra armerías
En septiembre de 2022, un juez en Estados Unidos desestimó una demanda del gobierno de México en contra de 11 fabricantes de armas en la que pedía 10,000 millones de dólares como reparación de daños.
En dicha ocasión, el juez de distrito en Boston, F. Dennis Saylor, dijo que todas las denuncias de México contra Smith & Wesson Brands Inc, Sturm, Ruger & Co y otros acusados están prohibidas por la ley federal.
La demanda fue interpuesta por México en agosto 2021 ante una corte de Boston, en Estados Unidos. El Gobierno alegaba que las empresas fabricantes y vendedoras de armas facilitan el tráfico ilegal de armas a México, donde son usadas por el crimen organizado.
En ese entonces, el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio, encargado de la demanda contra empresas armamentísticas de Estados Unidos, dijo que el daño que han hecho estas armas a México es "incalculable" más allá de la compensación económica que se pida en la corte.
"Están hablando de 10,000 millones de dólares, (pero) es incalculable el daño que esas armas le están haciendo a México y a los mexicanos. En el juicio tendremos que determinar una cifra", expresó el año pasado el abogado en entrevista con EFE.
La demanda fue desestimada bajo el alegato de que México no tiene capacidad para demandar a las armadoras porque estas gozan de una llamada “inmunidad procesal” por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés).
Esta ley de 2005 escuda a los fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses de recibir demandadas por la vía civil por el mal uso de sus productos, sin importar que las armas comercializadas sean ametralladoras capaces de tumbar helicópteros o se las vendan a personas "investigadas por contubernio con el crimen organizado".
México alegó en aquel entonces que la inmunidad de las armadoras no aplica en caso de las armas que se usan en México, por lo que insistió con la demanda.
Explosión del tráfico de armas de EU a México
Desde 2009, tras el fallido operativo contra el tráfico de armas denominado "Rápido y Furioso", efectuado por el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU, este delito presenta un incremento en la región.
El operativo "Rápido y Furioso" consistía en la venta de 2,500 armas en Estados Unidos, las cuales serían seguidas durante su traslado a México, donde terminarían en manos de los cárteles de la droga. El operativo fue un fracaso y las armas llegaron a su destino, pese a que el armamento involucrado contaba con un chip para su rastreo.
Fuentes estadounidenses señalan que en dicho operativo, más de 1,000 armas se perdieron y terminaron en manos de criminales. El operativo solo tuvo pequeños logros como la detección de una tienda en la que un hombre adquirió varios rifles AK-47. En total se compraron 212 armas para ser contrabandeadas a México.
El operativo se salió de control, cuando un agente identificado como Brian Terry, murió al ser alcanzado por una bala de un rifle AK-47, arma que pertenecía a las que serían rastreadas en México. El operativo fallido salió a la luz en 2011, tras una filtración de WikiLeaks.
Lo que empeoró el caso fue que México no tenía conocimiento del operativo, aunque EU aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) estuvo en todo momento al tanto de este.
En 2011, la fiscalía de Arizona detuvo a 11 personas que acusó de tráfico de armas, se le dio crédito al operativo "Rápido y Furioso".
En 2019 el gobierno de Estados Unidos cerró el caso de "Rápido y Furioso", el entonces canciller Marcelo Ebrard envió una nota diplomática al gobierno estadounidense.
"Si en efecto, el gobierno de México conoció y autorizó el operativo entonces estaríamos hablando de graves violaciones a la Constitución Política y leyes que de ella emanan por parte de quienes ocupaban los más altos cargos en el país puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y la sociedad", mencionó Marcelo Ebrard.
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VGB