La jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, otorgó una suspensión que impide la discusión del dictamen de la reforma al Poder Judicial en el pleno de la Cámara de Diputados, programada para el inicio de la nueva legislatura el 1 de septiembre. De acuerdo a fuentes del Congreso, ya se les notificó sobre la decisión de los jueces.
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La resolución emitida por la jueza responde a la preocupación por la vulnerabilidad en la que la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador dejaría a los trabajadores de la carrera ministerial, quienes podrían quedar en estado de indefensión, sin posibilidad de ser restituidos en su empleo, cargo o comisión, lo que implicaría la pérdida del goce de sus derechos.
La suspensión fue otorgada con carácter de urgencia, debido a que, de aprobarse y convertirse en una reforma constitucional, la medida sería "inatacable" y dejaría a los afectados sin recursos legales para defender sus derechos.
“Si a los quejosos se les pretende cesar de sus cargos de Jueces federales sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna, bastando para ello reformar el texto de la Constitución, es claro que la suspensión debe otorgarse para efecto de que el acto que reclaman no se formalice en la norma suprema, pues de hacerse seria inatacable”, señaló la jueza.
En su resolución, la Jueza de Distrito indicó que "resulta procedente conceder la suspensión de oficio respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, a fin de que las autoridades responsables que constituyen en el Congreso de la Unión... continúen con el proceso legislativo y en caso de la eventual aprobación del decreto de reforma constitucional... se abstengan de enviarlo a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para la aprobación correspondiente, hasta en tanto, se resuelva la suspensión definitiva".
Reforma de AMLO no podrá ser discutida ni votada en la Cámara de Diputados
La suspensión de oficio, concedida en respuesta a una queja, establece que el proyecto de dictamen, que reforma, adiciona y deroga varios artículos de la Constitución Federal (específicamente los artículos 17, 20, 76, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 113, 116 y 122), y que fue aprobado el 26 de agosto de 2024 por la Comisión de Puntos Constitucionales, no surtirá efectos para los quejosos. Esto implica que dicho proyecto no podrá ser discutido ni votado en la Cámara de Diputados durante la nueva legislatura.
Por lo anterior, la jueza requirió a las autoridades responsables que informen en un plazo de 24 horas sobre el cumplimiento de la suspensión, advirtiendo que cualquier pretexto basado en trámites administrativos será considerado una evasiva.
"Se requiere a las autoridades responsables para que informen a este juzgado en el término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión, en el entendido que alegar cuestiones o trámites administrativas, se considera una evasiva", se lee en el documento.
Además, la suspensión añade una medida adicional, en caso de que se apruebe el decreto de reforma constitucional que es objeto del reclamo, las autoridades deben abstenerse de enviarlo a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para su aprobación, hasta que se resuelva la suspensión definitiva.
“En el caso de la eventual aprobación del decreto de reforma constitucional que constituye la raíz del acto reclamado, se abstengan de enviarlo a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para la aprobación correspondiente, hasta en tanto, se resuelva la suspensión definitiva”.
¿Cómo se resolvió la suspensión?
De acuerdo con el juicio de amparo indirecto 1251/2024, los quejosos promovieron un juicio de amparo para impugnar el artículo 186 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que permite a una nueva legislatura votar proyectos dictaminados por el pleno de la anterior.
La jueza consideró que tiene interés en el asunto por tratarse de la iniciativa a la reforma judicial, por lo que aun cuando hizo referencia al principio de necesidad, se declaró impedida para conocer el asunto, con el fin de brindar certeza jurídica a las partes.
Sin embargo, el artículo 53 de la Ley de Amparo, establece que el juez que se excuse del conocimiento de un asunto debe emitir la suspensión cuando ésta es de oficio.
Al respecto, la jueza se apoyó en el criterio emitido por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, quien al resolver un recurso de queja, indicó que los actos relacionados con la iniciativa de reforma judicial son de carácter urgente. Según el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo, de consumarse el acto, sería imposible restituir al quejoso en sus derechos vulnerados. Por ello, incluso en suspensión parcial de labores, se decidió emitir la suspensión de oficio con carácter de urgente.
La suspensión fue emitida para que el proyecto de dictamen no surta efectos para los quejosos, lo que implica que no pueda ser sesionado por la legislatura entrante hasta que se emita la suspensión definitiva.
Monreal defiende la reforma de AMLO
Tras la suspensión dictada por los jueces para impedir la discusión del dictamen de reforma judicial en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal calificó la medida como inadmisible e improcedente, alegando que viola la Constitución y el principio de legalidad al invadir funciones del Legislativo.
"Es inadmisible e improcedente toda resolución de cualquier juez o autoridad sobre el desempeño constitucional jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que violente la Constitución y el principio de legalidad, e invada facultades y funciones del Legislativo", escribió en su cuenta de 'X'.