La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) escaló ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una serie de quejas sobre los avances de la reforma judicial en México, que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Un grupo de integrantes de la Jufed, liderados por su directora nacional, la jueza Juana Fuentes Velázquez, sostuvieron una reunión virtual con funcionarias de la Corte IDH, a quienes avisaron que la reforma al Poder Judicial atenta contra la independencia judicial de las personas juzgadoras, al tiempo que señalaron que hay una nula disposición a la negociación para hacer ajustes a la iniciativa que impulsa el partido oficialista Morena en el Congreso de la Unión.
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Esto sucede mientras se vive en México un paro nacional en Juzgados y Tribunales Federales, así como en diversas sedes estatales del Poder Judicial. Además, los trabajadores de este Poder han hecho un llamado a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedir que se unan a la lucha por la independencia judicial.
Las juzgadoras y juzgadores federales informaron que se ha acrecentado el clima de hostilidad en contra de la judicatura en los últimos días, debido a que las personas juzgadoras declararon el paro de actividades judiciales en protesta por las negativas de los legisladores y el Poder Ejecutivo a negociar los alcances de la iniciativa, con lo que -aseguraron- se violan las convenciones internacionales.
Acusaron que el discurso oficial ha advertido consecuencias penales en contra de los juzgadores federales mexicanos que busquen defender la división de poderes y oponerse a la propuesta de elegir jueves por voto popular o hasta por medio de la utilización de un sistema de “sorteo”.
REFORMA JUDICIAL A DEBATE - SIGUE LA COBERTURA COMPLETA
En la reunión virtual, la Corte IDH estuvo representada por Andrea Pochak, encargada de temas relacionados con México; Tania Reneaum Panszi, Secretaria Ejecutiva de la Corte; Fiorella Melzi, coordinadora del área de Monitoreo 1 que comprende los asuntos de México y Centroamérica, así como la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia; María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos, y Monserrat Peniche especialista en Derechos Humanos.
En tanto, la Jufed hizo presencia con la directora Juana Fuentes Velázquez, la magistrada Iliana Contreras, el magistrado Hugo Bermúdez, la magistrada Ana Luisa Mendoza, el magistrado Tarsicio Aguilera, la magistrada Margarita Morrison y el juez Felipe Mata.
A su vez, un grupo de más de mil jueces federales, bajo el nombre de Proyecto artículo 41, avisaron que presentarán el próximo lunes 26 de agosto en la sede de Washington de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una petición sobre la reforma judicial de AMLO, con la que se pretende designar a jueces en México mediante el voto popular y la cual tiene el propósito de acabar con la independencia judicial.
Piden audiencia ante la CIDH ante crisis de independencia judicial
La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y el Cyrus R. Vance Center for International Justice solicitaron una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el estado crítico de la independencia judicial en la región latinoamericana, para el 191 Periodo Ordinario de Sesiones del 11 al 15 de noviembre de 2024, donde también se tocaría el tema de la reforma judicial que busca implantar el presidente López Obrador en México.
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Los organismos internacionales señalaron que la audiencia solicitada tiene por objeto transmitir a la CIDH información relevante sobre la situación general de la independencia de la judicatura, y los ataques a este principio fundamental del Estado de derecho en los países de la región latinoamericana como son México, Chile, Honduras, Ecuador, Perú, Bolivia.
Además, señalaron que el debilitamiento de las instituciones de justicia incide directamente en el derecho al acceso a una justicia independiente e imparcial de las ciudadanas y ciudadanos de la región.
¿Qué expusieron sobre el Poder Judicial en México?
En el documento de los organismos internacionales, se detalla que el Poder Ejecutivo en México promovió a inicios del año 2024 una iniciativa de reforma que impulsa la elección popular de los jueces, lo que quiere decir que se utilizarán mecanismos que permitan el voto de la ciudadanía para la elección de los magistrados que integran el Poder Judicial, como sucede en la elección popular de los cargos políticos de otros Poderes del Estado.
Se destacó que la reforma judicial persigue modificar el sistema actual de México en el cual el Juez es designado por nominación del Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado, así como la selección que se deriva de la carrera judicial del nominado, sus capacidades, antecedentes e idoneidad para el cargo propuesto.
Se hace notar que se prevé que esta nueva ley se aplique de forma retroactiva, de modo que llevaría a la remoción de jueces, pues pretende avasallar los derechos adquiridos por aquellos magistrados designados por el sistema constitucional vigente al momento de su designación.
La reforma judicial de AMLO generó el “Encuentro Internacional sobre independencia Judicial”, que se realizó entre el 12 al 14 de agosto de 2024, en la Ciudad de México. Ahí participaron magistrados de diferentes países, ex integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, docentes universitarios, miembros de Cortes Supremas de Justicia de Latinoamérica, y el ex presidente de la República de Bolivia Dr. Rodríguez Velzé, país que cuenta un sistema similar de voto popular. Los expositores coincidieron en las razones de lo negativo de este método para elegir jueces.
Esa modificación claramente aspira a generar un sometimiento de los jueces vulnerando la independencia del Poder Judicial, y con ello la inobservancia el principio de la división de poderes, destacaron los organismos internacionales.
En el informe de la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, también señaló su preocupación por esta pretendida modificación, lo que también debilita la protección de los derechos humanos.