El costo de lo que será una eventual elección de ministros, magistrados y jueces, en el marco de lo que es la reforma del Poder Judicial, no está claro y desde distintas posiciones se hicieron ya análisis.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo un análisis en el que apuesta un costo de 22 mil millones de pesos; la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, apostó por 7 mil millones y el senador Ricardo Monreal, 3 mil 500 millones.
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De acuerdo con el documento análisis de la iniciativa de la reforma al Poder Judicial de la Federación, hecho por la Suprema Corte, dicho proceso significaría un costo de 22 mil millones de pesos.
“La realización del proceso electoral para elegir juzgadoras y juzgadores representará un altísimo e innecesario costo para el erario”, advierte el documento y aclara que el costo de 22 mil millones de pesos, está basado en el cálculo de que las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, a nivel federal y local, reciben este año la cantidad de 41 mil 170 millones 580 mil 855 pesos.
“Si a esto se le suma lo destinado para el financiamiento de los partidos políticos en el ámbito nacional y en las entidades federativas, que equivale a 19 mil 280 millones 771 mil 076.74, el presupuesto electoral para 2024 es de 60 mil 451 millones 351 mil 931 pesos”.
En el reciente proceso electoral de 2024 se disputaron poco más de 19 mil puestos de elección popular. El estudio calcula que, a partir del posible número de juzgadores a elegir, 6 mil 700 en total, el proceso de elección judicial representaría 22 mil millones de pesos.
“Se trata de una afectación presupuestaria innecesaria, en tanto existen mecanismos más efectivos, objetivos y razonables para la selección de personas juzgadoras que, como ya se explicó, garantizan su independencia e imparcialidad y permiten destinar estos recursos a acciones de mejora sustantiva de la función judicial u otras áreas estratégicas del Estado”, de acuerdo con el estudio de la Suprema Corte.
Cifras distintas
Esta cifra es diferente a la que dio el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien este 2 de julio en su participación en el tercer foro de los Diálogos Nacionales por la Reforma Judicial, dijo que la elección costaría entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos, que se obtendría de los fideicomisos que se extinguirán al Poder Judicial y que alcanzan los 23 mil millones de pesos.
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El senador aseguró que la cifra era calculada con base en consultas con actuarios y funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE).
Otra cifra es la que dio la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien dijo este 2 de julio que el costo de la elección podría ser de 7 mil millones de pesos, y también dijo que era con base en cálculos del INE.
Pero este 3 de julio, el INE, a través de su cuenta de X, desmintió que haya elaborado cálculos al respecto.
“#ElINEInforma | Ante algunas notas periodísticas sobre el costo aproximado que podría tener la elección de jueces y magistrados, a partir de una posible reforma al Poder Judicial. El @INEMexico aclara que hasta el momento la autoridad electoral no ha realizado proyección alguna sobre el costo de implementar dicha reforma. El Instituto está al tanto de los trabajos que se llevan a cabo en el Poder Legislativo y, en su caso, estará atento para hacer frente a las implicaciones de una posible reforma”, informó en su cuenta de X @INEMexico.
Otros impactos
En caso de avanzar la propuesta de remoción de jueces, magistrados y ministros contenida en la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, puede derivar en altos costos asociados a conflictos legales y al pago de indemnizaciones y derechos adquiridos.
Según el documento Análisis de la iniciativa de la reforma al Poder Judicial de la Federación, hecho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la remoción, que además sería en un mismo momento, genera un alto riesgo de que se presenten demandas en materia laboral o litigios en el ámbito internacional, lo que implicaría un importante costo para indemnizarles por la afectación a sus garantías de inamovilidad en el cargo y a sus derechos laborales adquiridos.
Además, existe el riesgo de que el personal sindicalizado de juzgados y tribunales sufra despidos injustificados.
“Es probable que el personal judicial de apoyo -secretarios, actuarios y oficiales judiciales, entre otros- no sea evaluado por las nuevas personas juzgadores conforme a la calidad de su trabajo, sino conforme a su afinidad ideológica, a su utilidad para conseguir objetivos personales o de grupo o a otros criterios políticos”, pronostica el documento.
Dentro del Poder Judicial de la Federación laboran alrededor de 50 mil personas y un despido masivo representaría una cantidad inusitada de demandas laborales y una compleja operación financiera para el pago inmediato de sus seguros de separación y otras prestaciones derivadas de la violación de derechos laborales, continúa el documento.