La iniciativa de reforma al Poder Judicial que ya tiene el Congreso no garantiza una desaparición total de la corrupción que pueda existir en éste, toda vez que al sistema de justicia se le debe limpiar de abajo hacia arriba y no a la inversa, como lo propuso el titular del Ejecutivo Federal.
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Con lo anterior coincidieron los investigadores Javier Martín Reyes y César Astudillo, quienes -además- expresaron que se tiene un mal diagnóstico de lo que es el Poder Judicial del país, y buscar transformarlo a través de la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular -entre otras propuestas-, no es el mejor camino.
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La reforma, expuso Javier Martín Reyes, pretende purgar al personal del sistema de justicia en todos los niveles, algunos de los cuales han tenido buen desempeño y acumulan experiencia.
“Se ha tratado de vender como una reforma para reducir la corrupción, mejorar su funcionamiento o el acceso a la justicia, pero no hay absolutamente nada en los cambios propuestos, que permitan suponer que el servicio que imparten los tribunales será mejor, todo lo contrario.
“Cuando digo que esto es una purga, lo digo porque tal cual, la iniciativa así lo contempla: que todas las personas que en este momento están desempeñando una función como juezas, jueces, magistradas, magistrados, tanto en el ámbito federal como del local, así como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean destituidos y se vayan a su casa”, expresó Reyes.
Justificación presidencial
Cuando presentó la iniciativa, en febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Poder Judicial está secuestrado, al servicio de una minoría rapaz, de la delincuencia organizada y de la de cuello blanco. Por ello justificó que solo con la participación de la gente, con la democracia, eligiendo jueces, abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, se podrá avanzar.
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Javier Martín Reyes consideró que en caso de que se apruebe la propuesta resultaría histórico y al mismo tiempo regresivo, porque, aunque en los poderes judiciales de los estados hay muchos aspectos que mejorar, incluso ahí hay mucho conocimiento, experiencia y personas que realizan bien su trabajo, pero serían destituidas.
Se refirió al caso de Bolivia, en donde se elige a los ministros, magistrados y jueces de una manera similar a lo que López Obrar propone.
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“Lo que hemos visto en el caso boliviano es elecciones con niveles de participación bajísimos. La gente no sabe ni quiénes son los candidatos ni qué proponen. Han llegado perfiles que están de tener el conocimiento y la imparcialidad para desempeñar el cargo. Es previsible que estaríamos en una situación muy similar y sería un pero estado de las cosas”, comentó.
Objetivo: capturar al Poder Judicial
Respecto a que se busca capturar al Poder Judicial, Javier Martín Reyes dijo que aunque la propuesta contempla nombrar a los nuevos ministros, magistrados y jueces mediante un mecanismo en el que las propuestas emanen del Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, sería muy politizado.
“Desde las nominaciones recaerían en la Presidencia y en las cámaras, la Presidencia que la controla Morena, las cámaras que también las controla, la Corte también podría proponer, pero eventualmente también estaría capturada por Morena.
“El método de selección favorece a las mayorías partidistas que en este momento Morena y aliados son la fuerza electoral más grande. A veces se dice ‘bueno, es que se va a prohibir la participación de los partidos’, pero eso es como tratar de tapar el sol con un dedo”, reconoció.
Este integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM no cree que en los foros para discutir la reforma vaya a haber cambios sustanciales, porque ve que los legisladores de Morena están muy interesados en complacer al presidente López Obrador.
Respecto a la queja del presidente López Obrador de por qué los investigadores del IIJ opinan sobre la reforma al Poder Judicial y se meten, como criticó en una conferencia mañanera, el investigador respondió así.
“Es nuestro trabajo. Somos investigadores de un instituto que se dedica a analizar fenómenos jurídicos, somos parte de la Universidad Nacional que tiene el mandato de coadyuvar, servir y aportar a la solución de los problemas nacionales. Hubiera sido raro que ante un paquete de reformas constitucionales y legales que busca reconfigurar el Estado de derecho mexicano, como especialistas en vez de analizar los fenómenos jurídicos no dijéramos nada, lo hemos hecho toda la vida”, concluyó.
De abajo para arriba
El también integrante del IIJ de la UNAM, César Astudillo, subrayó que el titular del Ejecutivo Federal tiene un mal diagnóstico de la problemática del Poder Judicial. Intenta reformarlo de arriba hacia abajo, dijo, cuando el verdadero problema se encuentra en las fiscalías y poderes judiciales locales.
Explicó que los mexicanos no cuentan con un entrenamiento para votar de manera informada, razonada y consciente, para elegir a los integrantes del Poder Judicial, además de que la ciudadanía tendría muy pocos incentivos para informarse y salir a emitir un voto, por ejemplo, por un juez de distrito.
“Si ahora en estas elecciones generales solo salió el 60% de la población a votar y el 40% se quedó en su casa, imagínense qué incentivo podrían tener de una elección en la que habría personas totalmente desconocidas. Veríamos una participación ciudadana muy raquítica.
“Me parece que no estamos entrenados porque nunca lo hemos vivido, esa es la verdad, pero creo que todavía no estamos totalmente conscientes de lo que implica una reforma de este calado. No quiero decir que el ciudadano mexicano no esté cada vez más politizado, lo que quiero decir, es que no estamos suficientemente entrenados para emitir un voto informado, razonado y consciente”, subrayó.
El caso de Bolivia
César Astudillo mencionó para el caso de la selección de ministros, magistrados y jueces, por voto popular, bien puede derivar en los problemas que ha tenido Bolivia, que sus elecciones se han visto contaminadas por los intereses del gobierno, de los partidos políticos, los sindicatos, la iglesia e incluso los medios de comunicación.
“Hay dos factores que no se presentaron con fuerza en Bolivia, primero: la posibilidad de que los colegios de abogados y los grandes despachos de este país busquen apoyar a sus candidatos. Y segundo, la posibilidad de que el crimen organizado entre a financiar una candidatura, esa parte es gravísima, aunque se intente minimizar”, destacó.
El también profesor de la Facultad de Derecho en la UNAM sí coincide en la necesidad de que el Poder Judicial se reforme, pero no como está planteado actualmente. Se debe comenzar con los 32 poderes judiciales y las fiscalías de los estados.
“¿En dónde están los problemas de la judicatura en este país? En la debilidad de los 32 poderes judiciales de las entidades federativas, porque ahí sí los magistrados y los jueces son amigos del gobernador o ex funcionarios que buscan terminar su carrera cobijándose en el Poder Judicial. No. Hay concursos, entran por amiguismo y compadrazgos, eso en los estados, salvo algunas excepciones”, detalló.
En el Poder Judicial, añadió, hay fortaleza, pero se debe comenzar de abajo hacia arriba y no al revés.
“Si no fortalecemos las cadenas más débiles que son las de abajo, que son los poderes judiciales y los poderes de los estados, vamos a seguir teniendo el mismo problema”, advirtió.
Lo rescatable de la reforma
La idea de que el presidente de la Suprema Corte no sea el presidente del Consejo de la Judicatura Federal es una de las partes rescatables de la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció Astudillo.
De hecho, esa idea la planteó el propio investigador en 2018 en el libro “Ocho propuestas para fortalecer al Poder Judicial de la Federación”.
“Lo que proponíamos era que el presidente de la Suprema Corte no sea el presidente del Consejo de la Judicatura Federal y eso lo trae actualmente la reforma. Esa parte me parece rescatable en sí misma, como idea, porque son 2 instancias que atienden una función distinta”, puntualizó.