La propuesta de reforma al Poder Judicial en México, que tiene un aparente objetivo de democratizar la justicia y aumentar la transparencia, presenta riesgos como una posible politización del sistema de justicia y la pérdida de independencia de jueces y magistrados.
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Así lo advirtieron académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM en la reciente obra intitulada “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República”, en donde a través de distintos ensayos se especifica que la propuesta de transformación al sistema judicial hecha por el titular del Ejecutivo Federal, es de riesgo.
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Para cuando aquel 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador oficializó su iniciativa para reformar al Poder Judicial, siendo lo más destacable la elección de ministros, magistrados y jueces a través del voto popular, se suscitaron opiniones encontradas.
“De aprobarse la iniciativa de reforma constitucional, el daño al Poder Judicial será mayúsculo, ya que implica el cese inmediato de 1,665 ministros, magistraturas y judicaturas, y generará un movimiento pendular del Poder Judicial Federal para que sus integrantes dejen la posición de independencia e imparcialidad que actualmente tiene garantizada, y se adentren en el campo de la política”, analizó César Astudillo, catedrático e investigador del IIJ de la UNAM.
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En el ensayo que denominó “La reforma al Poder Judicial. Efectos en el estatus y la mecánica de elección —por voto popular— de sus integrantes”, Astudillo expuso que los cambios al estatuto jurídico y a la mecánica de selección de sus integrantes buscan dejar a las personas juzgadoras a expensas del poder avasallante de la política.
Ello, añadió, obligará a incursionar en el terreno electoral, lo que paulatinamente los irá deslizando a que se conduzcan políticamente y a que valoren y resuelvan las controversias constitucionales, de por sí aderezadas de un gran contenido político, mediante criterios de interés políticos.
“En un contexto en el que la expectativa de reelección que se ha dispuesto para las magistraturas de circuito y las judicaturas de distrito incorporarán un aliciente adicional para que su razonamiento se deje llevar por lo que en cada momento reclame el electorado”, escribió César Astudillo.
Cuando el Poder Judicial deje de ser independiente, subrayó Astudillo, la ciudadanía quedará desprotegida, porque la libertad judicial, más allá de concebirse como una garantía institucional o una prerrogativa personal de sus integrantes, constituye un derecho esencial de las personas a contar con jueces que, injerencias ni condicionamientos externos o internos, y bajo una posición de estricta neutralidad, impartan justicia.
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Javier Martín Reyes, investigador del IIJ de la UNAM, detalló en el texto “La elección popular de los poderes judiciales en México, breve radiografía del Plan C”, que la propuesta de reforma es negativa.
Se trata, indicó, de una reforma profundamente regresiva, que más allá de la retórica del titular del Ejecutivo Federal, simple y sencillamente busca el desmantelamiento y la captura de los poderes judiciales, comenzando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Se trata, además, de una reforma con una viabilidad política prácticamente nula en el corto plazo”, detalló.
Reyes especificó que sería muy difícil pensar que, en medio de las campañas electorales, la oposición le podría dar al oficialismo una reforma para desmantelar y partidizar a todos los poderes judiciales del país.
Al exponer el actual método de selección de ministros de la Suprema Corte, Reyes recordó que estos pasan actualmente por el Senado de la República, entidad que debe aprobar las propuestas presidenciales. Pero si la Cámara Alta no demora más de 30 días y, en su caso, rechaza una segunda terna, entonces el presidente tiene la facultad constitucional de nombrar unilateralmente a una ministra o ministro de su preferencia.
"Se trata, para decirlo pronto, de un método de designación que constitucionaliza el dedazo presidencial".
"Desafortunadamente, el Plan C del presidente López Obrador parte de premisas diferentes y apunta a la dirección opuesta (…) la iniciativa presidencial no busca incrementar la competencia y la independencia de quienes integran el más alto tribunal del país", indicó.
Por su parte, Jesús Garza Onofre elaboró un análisis sobre la “Sustitución del actual Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo órgano de administración judicial separado de la Suprema Corte y creación de un tribunal de disciplina judicial”, en el que subrayó que las instancias judiciales distan mucho de ser perfectas.
“Tales instituciones necesariamente requieren nuevas dinámicas y cambios que los doten de mayor confianza y credibilidad ante la ciudadanía. Sin embargo, queda claro que estas modificaciones no deben ser las que ahora propone la iniciativa de reforma judicial del presidente de la República, no solo por su inviabilidad política y financiera, sino también por sus profundas incoherencias y visión parcial de todo el sistema de justicia”, consideró.
Pese a lo anterior, Garza Onofre indicó que la iniciativa de reforma presenta oportunidades para mejorar el sistema judicial, como la creación de un tribunal de disciplina judicial especializado que podría mejorar la fiscalización y rendición de cuentas dentro del Poder Judicial. El nuevo tribunal tendría la responsabilidad de supervisar la conducta de jueces y magistrados, asegurando que cumplan con altos estándares de integridad y profesionalismo.
Pero la efectividad del tribunal depende de su correcta implementación y del mantenimiento de recursos adecuados. Además, la reforma debe garantizar que este órgano no se convierta en una herramienta para ejercer presión política sobre los jueces, comprometiendo así su independencia.